Según fuentes oficiales de nuestro medio, es la primera vez en la historia, que en Tacuarembó se tiene un caso de trata de personas.

La “Operación Resplandor”, que el pasado 5 de junio destapó un centro de internación psiquiátrica clandestino en Rincón de Tranqueras, Tacuarembó, sigue conmocionando a la opinión pública uruguaya. La magnitud de la red de explotación ha sido revelada en una nueva fase del proceso judicial, con la condena de más personas, elevando a 13 el número total de individuos implicados en este macabro caso. Las penas impuestas alcanzan un máximo de cuatro años y seis meses de prisión.

El operativo de rescate, llevado a cabo en la mañana del 5 de junio, fue un despliegue sin precedentes en la zona. Decenas de efectivos policiales, móviles de emergencia, personal de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Fiscalía participaron activamente. Un ómnibus del Ministerio del Interior de Montevideo fue utilizado para trasladar a los 32 residentes a centros de atención especializados en Montevideo y Canelones, donde finalmente recibirán los cuidados y tratamientos que sus delicadas condiciones de salud requieren.

Detalles escalofriantes de la investigación y las condenas

Este jueves 12 de junio, el Jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, y la fiscal del caso, Paula Pereira, ofrecieron declaraciones que arrojaron luz sobre la compleja investigación. La fiscal Paula Pereira destacó la ardua labor que se inició en octubre del año pasado. “Al día de hoy podemos decir que hay 13 personas condenadas en el marco de esta investigación, donde tres de ellas están implicadas en el delito de trata de personas. Fueron en total los 18 delitos que se imputaron a estas 13 personas, delitos conexos a la trata de personas”, afirmó.

Entre los elementos más impactantes encontrados durante los allanamientos, la fiscal confirmó la confiscación de dispositivos electrónicos, teléfonos, armas y picanas eléctricas, que generaron una profunda conmoción. “Junto con la Dirección de Investigaciones y la Fiscalía, fue que se logró imputar a estas personas que al día de hoy están condenadas”, agregó.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada a principios de octubre de 2024 por una ex empleada del residencial, quien también fue imputada y condenada en el marco de este caso. La denuncia fue trasladada a la Dirección Departamental de Salud, institución que la derivó a la Fiscalía, dando inicio a la exhaustiva investigación.

Un centro sin control ni asistencia médica: Las condiciones de los pacientes

La fiscal Pereira reveló las deplorables condiciones en las que operaba el centro. “El lugar no contaba con personal técnico, no contaba con asistencia médica. Lo único que había era una policlínica cerca donde una médica revisaba que los inquilinos tenían algún tipo de fiebre cuando los titulares de la residencia los llevaban”, detalló.

Consultada sobre la posible implicación de personas externas a la residencia, la fiscal indicó que “al momento, las personas que fueron condenadas son los titulares del hogar y aquellas personas que trabajaban en el mismo. El resto de las personas eran las que trabajaron o trabajaban hasta el momento del cierre. Y sí, hay más personas investigadas, pero al momento de eso, no le puedo dar más información”.

Fallecimientos y robo de jubilaciones: Las oscuras consecuencias de la explotación

Otro punto escalofriante revelado por la fiscal fue el registro de fallecimientos en el centro durante sus años de funcionamiento. “Sí, en los últimos años hubo fallecimientos de los cuales algunos se cuentan con las pericias postmortem y, lo único que podemos aportar respecto a eso, es que algunas de estas personas estaban delgadas como otras que hemos visto hasta ahora”, manifestó.

La trama de explotación no solo se limitaba a las condiciones infrahumanas, sino que también incluía un sofisticado esquema de apropiación indebida de jubilaciones y pensiones de los residentes. En un paso más allá, se obtuvieron préstamos a nombre de los usuarios, vinculando a la principal indagada en la causa, e incluso se solicitó un préstamo a nombre de una persona fallecida. Se estima que la maniobra económica total asciende a $U 2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos uruguayos).

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La Operación «Resplandor», que destapó el horror en un centro de internación psiquiátrica clandestino en Rincón de Tranqueras, Tacuarembó, continúa revelando la extensión de la red de explotación. En una nueva fase de este proceso judicial, se han dictado sentencias de condena para tres personas más, elevando a un total de ocho los individuos implicados en este caso que ha conmovido a la opinión pública.

Este trabajo, llevado a cabo por efectivos de la Dirección de Investigaciones bajo la órbita de la Fiscalía de 2do Turno, ha sido meticuloso y persistente. La jornada del sábado marcó un nuevo hito con la audiencia celebrada en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 5to Turno de Tacuarembó, donde se formalizaron las nuevas condenas.

Uno de los sentenciados, F.O.R., fue condenado a 24 meses de prisión por un delito de abandono de incapaces en concurso formal con delitos de omisión de asistencia en reiteración real, junto a delitos de violencia privada, privación de libertad y lesiones. La pena se cumplirá bajo un régimen de libertad a prueba, que incluye seis meses de arresto domiciliario total con la colocación de un dispositivo de rastreo electrónico. Los 18 meses restantes los pasará en libertad, con la obligación de presentarse semanalmente en la Seccional de la jurisdicción de su domicilio, realizar 30 horas de trabajo comunitario, fijar domicilio y no modificarlo sin previo aviso, además de participar en el plan de orientación y vigilancia que DINAMA le asigne.

Asimismo, N. O. R. y C.J.R.T. recibieron una pena de 24 meses de prisión, también a cumplirse en régimen de libertad a prueba. Fueron encontrados responsables de un delito de abandono de incapaces en concurso formal con delitos de omisión de asistencia, violencia privada en reiteración real, sumado a delitos de privación de libertad, lesiones y amenazas. Las condiciones para ambos son similares a las de F.O.R. En el caso de N. O. R., deberá cumplir 12 meses de arresto domiciliario total con dispositivo electrónico, y los 12 meses restantes en libertad a prueba. Para C.J.R.T., se dispusieron seis meses de arresto domiciliario total con dispositivo electrónico, y durante los 18 meses subsiguientes, permanecerá en régimen de libertad a prueba.

Estas nuevas condenas evidencian la profundidad de la investigación y el compromiso de las autoridades por desentrañar por completo esta red de abusos. La Operación «Resplandor» sigue activa, y cada nueva sentencia es un paso más hacia la justicia para las víctimas de este lamentable suceso. 

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En una operación conjunta sin precedentes, denominada «Resplandor», las autoridades uruguayas desmantelaron un centro de internación psiquiátrica clandestino en Rincón de Tranqueras, Tacuarembó, donde más de 30 personas vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad, siendo víctimas de malos tratos, desnutrición, encadenamiento, violencia física y trabajo forzado. La intervención, que se inició el pasado 5 de junio, culminó ayer con la condena de cinco implicados y el cierre definitivo del establecimiento.

La investigación, liderada por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional bajo la órbita de la Fiscalía de 2do Turno, se extendió por varios meses, revelando la alarmante precariedad y el incumplimiento de normativas básicas en el centro. El Jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, confirmó a Radio Tacuarembó la gravedad de la situación.

El dramático rescate, que tuvo lugar el 5 de junio, movilizó a decenas de efectivos policiales, móviles de emergencia, personal del Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Fiscalía. Un ómnibus del Ministerio del Interior fue clave para trasladar a los 32 residentes, entre adultos mayores y jóvenes con diversas patologías de salud mental, a centros especializados en Montevideo y Canelones, donde ya reciben la atención y los cuidados necesarios.

Vídeo aportado por el Ministerio del Interior.

«Operación Resplandor»: La justicia actúa con contundencia

En una audiencia celebrada el 6 de junio en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Primer Turno de Tacuarembó, la justicia dictaminó la condena de cinco personas involucradas en la red de explotación:

N. B. F. B. fue condenado a cuatro años y seis meses de penitenciaría por una lista de delitos escalofriantes que incluyen trata de personas en concurso formal con reducción a la esclavitud, servidumbre o trabajo forzado, asociación para delinquir, abuso de inferioridad de los incapaces, abandono de incapaces, omisión de asistencia, violencia privada, suministro de estupefacientes, privación de libertad, amenazas, lesiones, estafa, fraude informático, apropiación indebida y falsificación ideológica de documento privado.

F. H. G. F. recibió una pena de cuatro años y un mes de penitenciaría como autor penalmente responsable de trata de personas y en concurso formal con reducción a esclavitud, servidumbre o trabajo forzado, asociación para delinquir, abuso de la inferioridad de los incapaces, omisión de asistencia, violencia privada, privación de libertad, lesiones, tenencia no autorizada de arma de fuego y disparo de arma de fuego.

M. D. C. M. G. fue condenada a cuatro años y un mes de penitenciaría por trata de personas en concurso formal con reducción a esclavitud, servidumbre o trabajo forzado, asociación para delinquir, abuso de la inferioridad de los incapaces, abandono de incapaces, omisión de asistencia, violencia privada, suministro de estupefacientes, privación de libertad, amenazas y lesiones.

Además, otras dos personas fueron condenadas a penas de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba, con condiciones estrictas que incluyen arresto domiciliario, presentación en seccional, trabajo comunitario y participación en planes de orientación.

Las autoridades informaron que los condenados no poseen antecedentes penales, lo que subraya la naturaleza de esta operación como un golpe directo a una red de explotación organizada. La “Operación Resplandor” continúa abierta, y se espera una nueva audiencia hoy para otros tres indagados, lo que sugiere que podrían surgir más detalles y responsables en este caso.

Cierre definitivo y garantía de derechos

Ayer, 6 de junio, el director Departamental de Salud por Tacuarembó, Ignacio Souza, y el director del MIDES, Tabaré Amaral, brindaron una conferencia de prensa para ofrecer más detalles sobre la intervención.

«El MSP resolvió el cierre definitivo de un establecimiento de adultos pacientes con patologías psiquiátricas porque no tiene las garantías que necesitaba para el cuidado de esos residentes desde el punto de vista sanitarios, derechos y desde la calidad de vida», afirmó Ignacio Souza.

Souza destacó la coordinación interinstitucional en el traslado de los pacientes: «El traslado de estos pacientes fue con la atención de ASSE, quien fue quien los laboró plenamente al traslado. El ómnibus fue de la Policía Comunitaria y junto a ese traslado venía un equipo técnico del Mides». Además, señaló que «los residentes eran de varios departamentos del país y eran usuarios con patologías de salud mental», lo que evidencia el alcance de la red.

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