En una reciente resolución judicial, se ha dispuesto el reexamen de la investigación relativa al fallecimiento de Pablo Yamir Méndez, conocido como “El Negro Gaucho”, quien murió en octubre de 2024 mientras se encontraba recluido en la Unidad No. 26 de Tacuarembó. La causa, que había sido archivada por la fiscalía de primer turno a finales del año pasado, será retomada por un nuevo fiscal designado por la Fiscalía General de la Nación tras un recurso de revisión presentado por la familia y su asesor legal, el Dr. Cley Espinosa.

Méndez, un artesano y malabarista de 41 años, poseía un estilo de vida bohemio y era una figura ampliamente conocida y apreciada en la comunidad local. Su ingreso al sistema penitenciario se produjo el 25 de septiembre de 2024, tras ser condenado a dos años de prisión efectiva por un delito de suministro de estupefacientes. La detención generó controversia desde su inicio, dado que se trataba de un consumidor habitual de marihuana —sustancia de venta legal en farmacias— y sus antecedentes penales más cercanos databan de hacía casi dos décadas.

Durante su estadía en el centro penitenciario, Méndez permaneció la totalidad del tiempo en una “celda de ingreso” o de tránsito. Según el informe detallado de la Oficina del Comisionado Parlamentario (OCP), estas instalaciones consisten en recintos de dimensiones reducidas, con escasa ventilación y luz solar, y en el caso específico de la celda asignada, sin iluminación artificial funcional. El informe de la OCP califica este régimen de reclusión como “cruel, inhumano o degradante”, subrayando que el aislamiento se prolongó por 20 días en un espacio diseñado para una permanencia máxima de 48 horas.

La versión oficial inicial del incidente apuntaba a un suicidio. Sin embargo, la familia Méndez ha sostenido desde el comienzo sus dudas sobre esta conclusión, apoyándose en el hecho de que Pablo no había manifestado ideas de autoeliminación previamente y en testimonios que indican un deterioro de su estado emocional debido al encierro. Además, se reportó que el día anterior a su deceso, Méndez realizó una llamada telefónica a sus familiares en la que expresó temor por su integridad física, afirmando que si no lograba un traslado, su destino sería fatal.

Ayer en una entrevista en Radio Tacuarembó, Espinosa destacó que el archivo del caso fue prematuro, señalando que existen diligencias pendientes y que la investigación debe considerar figuras como el abuso de autoridad o la omisión del deber de custodia. Por su parte, el Comisionado Parlamentario denunció que se detectaron testimonios de abusos verbales y disciplinarios por parte de funcionarios, así como la irregularidad de haber encargado a otro interno la vigilancia de Méndez. Con la reapertura del expediente, la justicia busca esclarecer si las omisiones administrativas y las condiciones de reclusión influyeron directamente en el desenlace del interno, garantizando así el derecho a la verdad exigido por sus allegados.

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La justicia de Tacuarembó dio un paso decisivo en uno de los casos más estremecedores de los últimos tiempos. La fiscal de Segundo Turno, Dra. Ángela Bonque, presentó la acusación formal contra una mujer de 22 años, imputándole la muerte de una de sus hijas mellizas de tan solo nueve meses y las graves lesiones provocadas a la otra.

Bajo los cargos de homicidio especialmente agravado y violencia doméstica continuada, el Ministerio Público ha solicitado la pena máxima prevista en el ordenamiento jurídico uruguayo: 30 años de penitenciaría, seguidos de 15 años de medidas de seguridad eliminativas.

El caso estalló el 21 de junio de 2025, cuando la ahora acusada se presentó en el Hospital Regional con sus dos pequeñas hijas, Haitiana y Julieta, en estado de inconsciencia. Pese a los esfuerzos médicos, la pequeña Haitiana falleció a raíz de múltiples fracturas craneales, producto de una violencia física que, según la investigación, no fue un hecho aislado.

Su hermana, Julieta, logró sobrevivir tras una prolongada internación en el CTI pediátrico. La fiscalía sostiene que ambas niñas fueron víctimas de un “trato violento sostenido” prácticamente desde su nacimiento. Incluso, el expediente recoge indicios de negligencia previa al parto, señalando que la mujer decidió no concurrir a la cesárea programada a pesar de cursar un embarazo gemelar de alto riesgo.

La Dra. Bonque fue contundente respecto a la responsabilidad de la imputada. Ante la posibilidad de que la defensa intente alegar una supuesta incapacidad mental, la fiscalía cuenta con tres pericias forenses que confirman que la mujer actuó con plena conciencia de la criminalidad de sus actos.

“La investigación ha reunido indicios, pruebas materiales y testimonios presenciales que acreditan nuestra teoría del caso”, afirmó la magistrada a los medios locales.

Mientras la pequeña sobreviviente permanece bajo la custodia de sus abuelos maternos, el proceso judicial entra ahora en una etapa de plazos técnicos. La defensa dispone de 30 días para responder a la acusación.

Se espera que, tras la audiencia de control de pruebas, el caso desemboque en un juicio oral dentro de unos meses, donde se determinará si se aplica la histórica condena de 45 años solicitada por la Fiscalía.

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Un cazador local dio aviso a las autoridades tras encontrar una mochila y restos humanos en una zona de monte. El Jefe de Policía local, Roberto Pereira, confirmó que se aguardan las pruebas de ADN para oficializar la identidad.

Un importante operativo policial se desplegó este lunes en una zona boscosa bajo jurisdicción de la Seccional Segunda de la ciudad de Tacuarembó, tras el hallazgo de restos humanos en avanzado estado de descomposición. El hallazgo fortuito fue realizado por un particular —aparentemente un cazador— que se apartó de la vía principal y notó la presencia de pertenencias y restos óseos dispersos.

El Escenario del Hallazgo

Según detalló el Jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, el cuerpo presentaba signos claros de haber sido afectado por la fauna local. “Se confirmó que eran restos humanos; aparentemente la fauna del lugar, como perros y aves de rapiña, habían realizado una depredación, por lo que los huesos estaban muy desparramados”, explicó el jerarca.

En el sitio, además de los restos, la Policía Científica y el equipo de Investigaciones incautaron una mochila y algunas prendas de vestir, elementos que resultarán clave para la identificación preliminar. La Fiscal de turno, Dra. Bonque, y la médico forense del Instituto Técnico Forense (ITF) se constituyeron en el lugar para supervisar el relevamiento de indicios.

La principal hipótesis

Aunque la identidad oficial depende de los análisis periciales, todas las miradas apuntan a un hombre de entre 40 y 41 años cuya ausencia había sido denunciada hace más de 15 días. Irónicamente, la zona donde aparecieron los restos estaba marcada en la agenda policial para iniciar un rastrillaje masivo precisamente en la jornada de hoy.

“Había indicios de que una de las personas ausentes podría estar en ese lugar. Teníamos previsto empezar un rastrillaje amplio allí”, reveló Pereira.

Para confirmar el parentesco, la Policía Científica trabajará en el cotejo de muestras de ADN con los familiares de las personas desaparecidas. Este proceso busca alcanzar un 99,9% de certeza antes de entregar una confirmación oficial a la familia y a la Justicia.

Desapariciones: Una problemática diaria

El Jefe de Policía aprovechó la instancia para contextualizar la carga de trabajo que suponen las denuncias por ausencia de personas. Según Pereira, se reciben entre dos y tres denuncias diarias, incluyendo adultos que se ausentan voluntariamente y menores que no regresan a los hogares de INAU.

“Es un trabajo arduo que insume muchos recursos humanos y logísticos. Muchas veces, a los pocos días de la denuncia, encontramos a la persona trabajando tranquilamente. Sin embargo, al existir la denuncia, tenemos la obligación de activar todos los protocolos”, afirmó.

El trasfondo del consumo

Consultado sobre si estas desapariciones y muertes están vinculadas al narcotráfico o al consumo de sustancias, Pereira fue tajante al señalar que el consumo problemático de drogas es un factor que atraviesa casi todos los conflictos sociales actuales en el departamento.

“Todos los problemas de la sociedad están atravesados hoy por el consumo de sustancias prohibidas. No es una guerra contra el consumidor, sino contra la distribución. Nuestro trabajo es mitigar los riesgos y reprimir la comercialización de forma permanente”, concluyó.

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