En una reciente resolución de la Justicia Letrada de Primera Instancia de 1.º Turno, un hombre de 42 años fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de violencia doméstica en concurso con un delito de lesiones personales, tras un violento incidente ocurrido el pasado 13 de marzo en una finca de la calle José Pedro Varela.

Los hechos se desencadenaron cuando el ahora condenado agredió con un arma blanca a quien fuera su pareja, una mujer de 37 años de edad. A raíz del ataque, la víctima debió ser trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde los facultativos le diagnosticaron una herida cortante en su brazo izquierdo. Tras recibir la atención médica correspondiente, la mujer radicó la denuncia formal ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género I, unidad que tomó las riendas de la investigación.

La inmediata intervención de los efectivos policiales, bajo la órbita de las Fiscalías Letradas de 1.º y 2.º Turno y con el apoyo pericial de la Policía Científica, permitió la detención del agresor y su puesta a disposición judicial. Durante la audiencia celebrada en las últimas horas, el magistrado actuante dispuso para el imputado una pena de 12 meses de prisión, la cual se cumplirá bajo un régimen de libertad vigilada.

Dicha sentencia establece que el condenado deberá permanecer los primeros seis meses bajo arresto domiciliario total. Asimismo, se le impuso la obligación de fijar un domicilio fijo, quedar sujeto a la orientación y vigilancia de la DINAMA, presentarse periódicamente ante la seccional policial correspondiente y realizar trabajos comunitarios. Como medida de seguridad adicional para la protección de la víctima, la Justicia ordenó la colocación de un dispositivo electrónico de monitoreo.

Portal del Norte

Una investigación liderada por la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Tacuarembó culminó en las últimas horas con la condena de una mujer de 23 años, responsable de una serie de maniobras fraudulentas que afectaron a ciudadanos en diversos puntos del territorio nacional. La encausada, identificada mediante las iniciales B.T.D., fue hallada culpable de 23 delitos de estafa tras un exhaustivo seguimiento de denuncias que daban cuenta de un mismo modus operandi basado en el engaño digital.

El proceso judicial tuvo su génesis a partir de una denuncia radicada en Tacuarembó, donde una de las víctimas relató haber sido engañada tras intentar adquirir un teléfono celular promocionado en una red social. Según consta en las actuaciones policiales, el damnificado efectuó el pago del dispositivo a través de un giro de dinero en una red de cobranzas local, bajo la promesa de recibir el aparato de forma inmediata. Sin embargo, una vez concretada la transacción financiera, el vendedor interrumpió toda comunicación y el producto nunca fue entregado.

Ante la gravedad del hecho, el personal de Investigaciones inició una serie de diligencias que permitieron establecer la identidad de la sospechosa y constatar que su radio de acción no se limitaba únicamente al departamento de Tacuarembó, sino que abarcaba múltiples jurisdicciones. La orden de detención librada a nivel nacional dio frutos recientemente en el departamento de Lavalleja, donde la policía local logró interceptar a la mujer en el marco de indagatorias por hechos de similar naturaleza ocurridos en esa zona.

La resolución del caso fue posible gracias a la estrecha coordinación entre ambas unidades policiales, lo que permitió centralizar las actuaciones y presentar un cúmulo de evidencias contundentes ante la sede judicial. Tras la audiencia celebrada en el Juzgado Letrado de 1.º Turno de Lavalleja, la magistratura actuante dispuso la condena de B.T.D. a una pena de 18 meses de prisión efectiva. La sentencia reafirma la trazabilidad de los delitos cometidos en entornos virtuales, que a pesar del anonimato inicial que ofrecen las redes, dejan una huella que la inteligencia policial logró reconstruir para resarcir, en términos penales, a las más de veinte víctimas registradas en este caso.

Portal del Norte

En una reciente resolución judicial, se ha dispuesto el reexamen de la investigación relativa al fallecimiento de Pablo Yamir Méndez, conocido como “El Negro Gaucho”, quien murió en octubre de 2024 mientras se encontraba recluido en la Unidad No. 26 de Tacuarembó. La causa, que había sido archivada por la fiscalía de primer turno a finales del año pasado, será retomada por un nuevo fiscal designado por la Fiscalía General de la Nación tras un recurso de revisión presentado por la familia y su asesor legal, el Dr. Cley Espinosa.

Méndez, un artesano y malabarista de 41 años, poseía un estilo de vida bohemio y era una figura ampliamente conocida y apreciada en la comunidad local. Su ingreso al sistema penitenciario se produjo el 25 de septiembre de 2024, tras ser condenado a dos años de prisión efectiva por un delito de suministro de estupefacientes. La detención generó controversia desde su inicio, dado que se trataba de un consumidor habitual de marihuana —sustancia de venta legal en farmacias— y sus antecedentes penales más cercanos databan de hacía casi dos décadas.

Durante su estadía en el centro penitenciario, Méndez permaneció la totalidad del tiempo en una “celda de ingreso” o de tránsito. Según el informe detallado de la Oficina del Comisionado Parlamentario (OCP), estas instalaciones consisten en recintos de dimensiones reducidas, con escasa ventilación y luz solar, y en el caso específico de la celda asignada, sin iluminación artificial funcional. El informe de la OCP califica este régimen de reclusión como “cruel, inhumano o degradante”, subrayando que el aislamiento se prolongó por 20 días en un espacio diseñado para una permanencia máxima de 48 horas.

La versión oficial inicial del incidente apuntaba a un suicidio. Sin embargo, la familia Méndez ha sostenido desde el comienzo sus dudas sobre esta conclusión, apoyándose en el hecho de que Pablo no había manifestado ideas de autoeliminación previamente y en testimonios que indican un deterioro de su estado emocional debido al encierro. Además, se reportó que el día anterior a su deceso, Méndez realizó una llamada telefónica a sus familiares en la que expresó temor por su integridad física, afirmando que si no lograba un traslado, su destino sería fatal.

Ayer en una entrevista en Radio Tacuarembó, Espinosa destacó que el archivo del caso fue prematuro, señalando que existen diligencias pendientes y que la investigación debe considerar figuras como el abuso de autoridad o la omisión del deber de custodia. Por su parte, el Comisionado Parlamentario denunció que se detectaron testimonios de abusos verbales y disciplinarios por parte de funcionarios, así como la irregularidad de haber encargado a otro interno la vigilancia de Méndez. Con la reapertura del expediente, la justicia busca esclarecer si las omisiones administrativas y las condiciones de reclusión influyeron directamente en el desenlace del interno, garantizando así el derecho a la verdad exigido por sus allegados.

Portal del Norte