En una operación conjunta sin precedentes, denominada «Resplandor», las autoridades uruguayas desmantelaron un centro de internación psiquiátrica clandestino en Rincón de Tranqueras, Tacuarembó, donde más de 30 personas vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad, siendo víctimas de malos tratos, desnutrición, encadenamiento, violencia física y trabajo forzado. La intervención, que se inició el pasado 5 de junio, culminó ayer con la condena de cinco implicados y el cierre definitivo del establecimiento.

La investigación, liderada por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional bajo la órbita de la Fiscalía de 2do Turno, se extendió por varios meses, revelando la alarmante precariedad y el incumplimiento de normativas básicas en el centro. El Jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, confirmó a Radio Tacuarembó la gravedad de la situación.

El dramático rescate, que tuvo lugar el 5 de junio, movilizó a decenas de efectivos policiales, móviles de emergencia, personal del Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Fiscalía. Un ómnibus del Ministerio del Interior fue clave para trasladar a los 32 residentes, entre adultos mayores y jóvenes con diversas patologías de salud mental, a centros especializados en Montevideo y Canelones, donde ya reciben la atención y los cuidados necesarios.

Vídeo aportado por el Ministerio del Interior.

«Operación Resplandor»: La justicia actúa con contundencia

En una audiencia celebrada el 6 de junio en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Primer Turno de Tacuarembó, la justicia dictaminó la condena de cinco personas involucradas en la red de explotación:

N. B. F. B. fue condenado a cuatro años y seis meses de penitenciaría por una lista de delitos escalofriantes que incluyen trata de personas en concurso formal con reducción a la esclavitud, servidumbre o trabajo forzado, asociación para delinquir, abuso de inferioridad de los incapaces, abandono de incapaces, omisión de asistencia, violencia privada, suministro de estupefacientes, privación de libertad, amenazas, lesiones, estafa, fraude informático, apropiación indebida y falsificación ideológica de documento privado.

F. H. G. F. recibió una pena de cuatro años y un mes de penitenciaría como autor penalmente responsable de trata de personas y en concurso formal con reducción a esclavitud, servidumbre o trabajo forzado, asociación para delinquir, abuso de la inferioridad de los incapaces, omisión de asistencia, violencia privada, privación de libertad, lesiones, tenencia no autorizada de arma de fuego y disparo de arma de fuego.

M. D. C. M. G. fue condenada a cuatro años y un mes de penitenciaría por trata de personas en concurso formal con reducción a esclavitud, servidumbre o trabajo forzado, asociación para delinquir, abuso de la inferioridad de los incapaces, abandono de incapaces, omisión de asistencia, violencia privada, suministro de estupefacientes, privación de libertad, amenazas y lesiones.

Además, otras dos personas fueron condenadas a penas de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba, con condiciones estrictas que incluyen arresto domiciliario, presentación en seccional, trabajo comunitario y participación en planes de orientación.

Las autoridades informaron que los condenados no poseen antecedentes penales, lo que subraya la naturaleza de esta operación como un golpe directo a una red de explotación organizada. La “Operación Resplandor” continúa abierta, y se espera una nueva audiencia hoy para otros tres indagados, lo que sugiere que podrían surgir más detalles y responsables en este caso.

Cierre definitivo y garantía de derechos

Ayer, 6 de junio, el director Departamental de Salud por Tacuarembó, Ignacio Souza, y el director del MIDES, Tabaré Amaral, brindaron una conferencia de prensa para ofrecer más detalles sobre la intervención.

«El MSP resolvió el cierre definitivo de un establecimiento de adultos pacientes con patologías psiquiátricas porque no tiene las garantías que necesitaba para el cuidado de esos residentes desde el punto de vista sanitarios, derechos y desde la calidad de vida», afirmó Ignacio Souza.

Souza destacó la coordinación interinstitucional en el traslado de los pacientes: «El traslado de estos pacientes fue con la atención de ASSE, quien fue quien los laboró plenamente al traslado. El ómnibus fue de la Policía Comunitaria y junto a ese traslado venía un equipo técnico del Mides». Además, señaló que «los residentes eran de varios departamentos del país y eran usuarios con patologías de salud mental», lo que evidencia el alcance de la red.

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Una impactante operación policial y sanitaria se llevó a cabo esta mañana en un centro de internación para personas con patologías psiquiátricas en Rincón de Tranqueras, Tacuarembó. Más de 30 residentes, entre adultos mayores y jóvenes con diversas problemáticas de salud mental, eran presuntamente víctimas de malos tratos generalizados, desnutrición, encadenamiento, violencia física y trabajo forzado en condiciones inhumanas.

Según informó el Jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, a Radio Tacuarembó, la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional llevaba un tiempo desarrollando una pesquisa sobre este centro. Las indagaciones preliminares revelaron que el lugar operaba con condiciones muy precarias, sin cumplir las normativas básicas para este tipo de instituciones.

En el operativo de rescate participaron decenas de efectivos policiales, móviles de emergencia, personal de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Fiscalía. Un ómnibus del Ministerio del Interior de Montevideo fue utilizado para trasladar a los 32 residentes a centros de atención especializados en Montevideo y Canelones, donde recibirán el tratamiento y los cuidados que sus condiciones de salud requieren.

Las instituciones involucradas, incluyendo el MIDES y la Dirección Departamental de Salud, han decidido proceder con el cierre definitivo de este centro de salud. La investigación sobre los responsables de estos hechos continúa, y el Jefe Pereira adelantó que se registrarán varias detenciones en el día de hoy. Más adelante se revelarán los delitos por los cuales serán imputados los implicados, mientras la Fiscalía sigue trabajando activamente en el caso.

Aclaración sobre los malos tratos

Consultado sobre las denuncias de “malos tratos de todo tipo, no les dan alimentos, los tienen encadenados, reciben violencia de golpes, los hacen trabajar como esclavos y las condiciones son inhumanas”, el Jefe de Policía Pereira explicó que, luego de que las autoridades tuvieran conocimiento de estas preseuntas situaciones, tanto el MIDES como la Dirección Departamental de Salud realizaban visitas al lugar cada dos días, con el fin de prevenirlos. Afirmó que, en los últimos tiempos, “no había esa situaciones”.

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Una investigación policial coordinada permitió esclarecer el homicidio de Luis González, de 45 años, ocurrido en la madrugada del pasado sábado 31 de mayo en la vía pública de Paso de los Toros. Así lo informó en las últimas horas el Ministerio del Interior.

Según el comunicado oficial, efectivos de la Comisaría 3.ª de la ciudad, trabajando en conjunto con la Brigada de Investigaciones y la Policía Científica, lograron reunir pruebas contundentes que involucraron a un hombre de 40 años en el crimen. Las actuaciones se desarrollaron bajo la supervisión de la Fiscalía de Paso de los Toros.

El hecho se desencadenó alrededor de las 06:00 horas del sábado, cuando un llamado al Centro de Comando Unificado alertó sobre la presencia de un hombre herido con arma blanca en la vía pública. Al llegar al lugar, los agentes de la Comisaría 3.ª asistieron a Luis González y lo trasladaron de urgencia al hospital local. Sin embargo, minutos después, los profesionales de la salud confirmaron su deceso.

Tras el trágico suceso, se conformaron equipos de trabajo especializados, integrados por oficiales de la Comisaría 3.ª, personal de la Brigada de Investigaciones y expertos de la Policía Científica. La diligencia de los investigadores en la recolección de evidencias en la escena del crimen resultó crucial para identificar y vincular al presunto autor con el homicidio.

Una vez finalizadas las investigaciones primarias y los trámites correspondientes, el caso fue elevado a la Justicia Penal. En la jornada de hoy, el hombre de 40 años fue formalizado por el delito de “homicidio en grado consumado”. Como medida cautelar, la Justicia dispuso su prisión preventiva por un plazo de 120 días.

Un dato relevante aportado por el Ministerio del Interior es que tanto la víctima, Luis González, como el hombre formalizado, no poseían antecedentes penales. Este elemento añade interrogantes sobre el móvil del crimen, que seguramente continuará siendo materia de investigación durante el período de prisión preventiva.

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