La justicia de Tacuarembó dio un paso decisivo en uno de los casos más estremecedores de los últimos tiempos. La fiscal de Segundo Turno, Dra. Ángela Bonque, presentó la acusación formal contra una mujer de 22 años, imputándole la muerte de una de sus hijas mellizas de tan solo nueve meses y las graves lesiones provocadas a la otra.

Bajo los cargos de homicidio especialmente agravado y violencia doméstica continuada, el Ministerio Público ha solicitado la pena máxima prevista en el ordenamiento jurídico uruguayo: 30 años de penitenciaría, seguidos de 15 años de medidas de seguridad eliminativas.

El caso estalló el 21 de junio de 2025, cuando la ahora acusada se presentó en el Hospital Regional con sus dos pequeñas hijas, Haitiana y Julieta, en estado de inconsciencia. Pese a los esfuerzos médicos, la pequeña Haitiana falleció a raíz de múltiples fracturas craneales, producto de una violencia física que, según la investigación, no fue un hecho aislado.

Su hermana, Julieta, logró sobrevivir tras una prolongada internación en el CTI pediátrico. La fiscalía sostiene que ambas niñas fueron víctimas de un “trato violento sostenido” prácticamente desde su nacimiento. Incluso, el expediente recoge indicios de negligencia previa al parto, señalando que la mujer decidió no concurrir a la cesárea programada a pesar de cursar un embarazo gemelar de alto riesgo.

La Dra. Bonque fue contundente respecto a la responsabilidad de la imputada. Ante la posibilidad de que la defensa intente alegar una supuesta incapacidad mental, la fiscalía cuenta con tres pericias forenses que confirman que la mujer actuó con plena conciencia de la criminalidad de sus actos.

“La investigación ha reunido indicios, pruebas materiales y testimonios presenciales que acreditan nuestra teoría del caso”, afirmó la magistrada a los medios locales.

Mientras la pequeña sobreviviente permanece bajo la custodia de sus abuelos maternos, el proceso judicial entra ahora en una etapa de plazos técnicos. La defensa dispone de 30 días para responder a la acusación.

Se espera que, tras la audiencia de control de pruebas, el caso desemboque en un juicio oral dentro de unos meses, donde se determinará si se aplica la histórica condena de 45 años solicitada por la Fiscalía.

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Un cazador local dio aviso a las autoridades tras encontrar una mochila y restos humanos en una zona de monte. El Jefe de Policía local, Roberto Pereira, confirmó que se aguardan las pruebas de ADN para oficializar la identidad.

Un importante operativo policial se desplegó este lunes en una zona boscosa bajo jurisdicción de la Seccional Segunda de la ciudad de Tacuarembó, tras el hallazgo de restos humanos en avanzado estado de descomposición. El hallazgo fortuito fue realizado por un particular —aparentemente un cazador— que se apartó de la vía principal y notó la presencia de pertenencias y restos óseos dispersos.

El Escenario del Hallazgo

Según detalló el Jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, el cuerpo presentaba signos claros de haber sido afectado por la fauna local. “Se confirmó que eran restos humanos; aparentemente la fauna del lugar, como perros y aves de rapiña, habían realizado una depredación, por lo que los huesos estaban muy desparramados”, explicó el jerarca.

En el sitio, además de los restos, la Policía Científica y el equipo de Investigaciones incautaron una mochila y algunas prendas de vestir, elementos que resultarán clave para la identificación preliminar. La Fiscal de turno, Dra. Bonque, y la médico forense del Instituto Técnico Forense (ITF) se constituyeron en el lugar para supervisar el relevamiento de indicios.

La principal hipótesis

Aunque la identidad oficial depende de los análisis periciales, todas las miradas apuntan a un hombre de entre 40 y 41 años cuya ausencia había sido denunciada hace más de 15 días. Irónicamente, la zona donde aparecieron los restos estaba marcada en la agenda policial para iniciar un rastrillaje masivo precisamente en la jornada de hoy.

“Había indicios de que una de las personas ausentes podría estar en ese lugar. Teníamos previsto empezar un rastrillaje amplio allí”, reveló Pereira.

Para confirmar el parentesco, la Policía Científica trabajará en el cotejo de muestras de ADN con los familiares de las personas desaparecidas. Este proceso busca alcanzar un 99,9% de certeza antes de entregar una confirmación oficial a la familia y a la Justicia.

Desapariciones: Una problemática diaria

El Jefe de Policía aprovechó la instancia para contextualizar la carga de trabajo que suponen las denuncias por ausencia de personas. Según Pereira, se reciben entre dos y tres denuncias diarias, incluyendo adultos que se ausentan voluntariamente y menores que no regresan a los hogares de INAU.

“Es un trabajo arduo que insume muchos recursos humanos y logísticos. Muchas veces, a los pocos días de la denuncia, encontramos a la persona trabajando tranquilamente. Sin embargo, al existir la denuncia, tenemos la obligación de activar todos los protocolos”, afirmó.

El trasfondo del consumo

Consultado sobre si estas desapariciones y muertes están vinculadas al narcotráfico o al consumo de sustancias, Pereira fue tajante al señalar que el consumo problemático de drogas es un factor que atraviesa casi todos los conflictos sociales actuales en el departamento.

“Todos los problemas de la sociedad están atravesados hoy por el consumo de sustancias prohibidas. No es una guerra contra el consumidor, sino contra la distribución. Nuestro trabajo es mitigar los riesgos y reprimir la comercialización de forma permanente”, concluyó.

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Tras una investigación de la Dirección de Investigaciones, la Justicia dictó sentencia contra un individuo de 26 años vinculado a un ataque con arma de fuego y maniobras fraudulentas contra comercios locales.

En un comunicado del Ministerio del Interior del 6 de febrero, informó que la Justicia Letrada de Primera Instancia de 5.º Turno dispuso la condena de S.N.R.P., un hombre de 26 años con antecedentes penales, tras ser hallado responsable de múltiples delitos que incluyen violencia armada y fraude financiero.

Los hechos

El hilo conductor de la investigación se remonta al pasado 22 de enero. En aquella jornada, un hombre de 35 años fue atacado a balazos en la calle Pugnalini de la capital departamental, resultando con una herida de gravedad en una de sus piernas.

A partir del análisis de información y tareas de inteligencia, los efectivos de la Dirección de Investigaciones lograron identificar al ahora condenado —quien ya poseía antecedentes por homicidio— como el principal sospechoso del ataque. Bajo la órbita de la Fiscalía Letrada de 2.º Turno, se procedió a un allanamiento en una vivienda de la calle 25 de Agosto, donde la policía detuvo al sujeto y confiscó un revólver calibre .38 con seis municiones, dosis de pasta base y una balanza de precisión.

Más allá del hecho de sangre, la investigación reveló que el individuo lideraba un esquema de estafas que afectó a varias barracas de materiales de construcción y herramientas entre octubre de 2025 y enero de este año.

El modus operandi consistía en realizar pedidos telefónicos de alto valor. Mediante engaños, el sujeto solicitaba los números de cuenta bancaria de las empresas y enviaba comprobantes de transferencia falsificados. Para completar la maniobra, contrataba a terceros que, desconociendo el origen delictivo, concurrían en vehículos a retirar la mercadería. Los comerciantes advertían el fraude recién cuando el dinero nunca impactaba en sus cuentas.

Cumplidas las instancias ante la sede judicial, S.N.R.P. fue condenado como autor penalmente responsable de: Un delito de lesiones graves agravadas, tres delitos de estafa y un delito de porte de arma por reincidente. La pena impuesta por el Juzgado es de 22 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

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