Un cazador local dio aviso a las autoridades tras encontrar una mochila y restos humanos en una zona de monte. El Jefe de Policía local, Roberto Pereira, confirmó que se aguardan las pruebas de ADN para oficializar la identidad.

Un importante operativo policial se desplegó este lunes en una zona boscosa bajo jurisdicción de la Seccional Segunda de la ciudad de Tacuarembó, tras el hallazgo de restos humanos en avanzado estado de descomposición. El hallazgo fortuito fue realizado por un particular —aparentemente un cazador— que se apartó de la vía principal y notó la presencia de pertenencias y restos óseos dispersos.

El Escenario del Hallazgo

Según detalló el Jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, el cuerpo presentaba signos claros de haber sido afectado por la fauna local. “Se confirmó que eran restos humanos; aparentemente la fauna del lugar, como perros y aves de rapiña, habían realizado una depredación, por lo que los huesos estaban muy desparramados”, explicó el jerarca.

En el sitio, además de los restos, la Policía Científica y el equipo de Investigaciones incautaron una mochila y algunas prendas de vestir, elementos que resultarán clave para la identificación preliminar. La Fiscal de turno, Dra. Bonque, y la médico forense del Instituto Técnico Forense (ITF) se constituyeron en el lugar para supervisar el relevamiento de indicios.

La principal hipótesis

Aunque la identidad oficial depende de los análisis periciales, todas las miradas apuntan a un hombre de entre 40 y 41 años cuya ausencia había sido denunciada hace más de 15 días. Irónicamente, la zona donde aparecieron los restos estaba marcada en la agenda policial para iniciar un rastrillaje masivo precisamente en la jornada de hoy.

“Había indicios de que una de las personas ausentes podría estar en ese lugar. Teníamos previsto empezar un rastrillaje amplio allí”, reveló Pereira.

Para confirmar el parentesco, la Policía Científica trabajará en el cotejo de muestras de ADN con los familiares de las personas desaparecidas. Este proceso busca alcanzar un 99,9% de certeza antes de entregar una confirmación oficial a la familia y a la Justicia.

Desapariciones: Una problemática diaria

El Jefe de Policía aprovechó la instancia para contextualizar la carga de trabajo que suponen las denuncias por ausencia de personas. Según Pereira, se reciben entre dos y tres denuncias diarias, incluyendo adultos que se ausentan voluntariamente y menores que no regresan a los hogares de INAU.

“Es un trabajo arduo que insume muchos recursos humanos y logísticos. Muchas veces, a los pocos días de la denuncia, encontramos a la persona trabajando tranquilamente. Sin embargo, al existir la denuncia, tenemos la obligación de activar todos los protocolos”, afirmó.

El trasfondo del consumo

Consultado sobre si estas desapariciones y muertes están vinculadas al narcotráfico o al consumo de sustancias, Pereira fue tajante al señalar que el consumo problemático de drogas es un factor que atraviesa casi todos los conflictos sociales actuales en el departamento.

“Todos los problemas de la sociedad están atravesados hoy por el consumo de sustancias prohibidas. No es una guerra contra el consumidor, sino contra la distribución. Nuestro trabajo es mitigar los riesgos y reprimir la comercialización de forma permanente”, concluyó.

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Tras una investigación de la Dirección de Investigaciones, la Justicia dictó sentencia contra un individuo de 26 años vinculado a un ataque con arma de fuego y maniobras fraudulentas contra comercios locales.

En un comunicado del Ministerio del Interior del 6 de febrero, informó que la Justicia Letrada de Primera Instancia de 5.º Turno dispuso la condena de S.N.R.P., un hombre de 26 años con antecedentes penales, tras ser hallado responsable de múltiples delitos que incluyen violencia armada y fraude financiero.

Los hechos

El hilo conductor de la investigación se remonta al pasado 22 de enero. En aquella jornada, un hombre de 35 años fue atacado a balazos en la calle Pugnalini de la capital departamental, resultando con una herida de gravedad en una de sus piernas.

A partir del análisis de información y tareas de inteligencia, los efectivos de la Dirección de Investigaciones lograron identificar al ahora condenado —quien ya poseía antecedentes por homicidio— como el principal sospechoso del ataque. Bajo la órbita de la Fiscalía Letrada de 2.º Turno, se procedió a un allanamiento en una vivienda de la calle 25 de Agosto, donde la policía detuvo al sujeto y confiscó un revólver calibre .38 con seis municiones, dosis de pasta base y una balanza de precisión.

Más allá del hecho de sangre, la investigación reveló que el individuo lideraba un esquema de estafas que afectó a varias barracas de materiales de construcción y herramientas entre octubre de 2025 y enero de este año.

El modus operandi consistía en realizar pedidos telefónicos de alto valor. Mediante engaños, el sujeto solicitaba los números de cuenta bancaria de las empresas y enviaba comprobantes de transferencia falsificados. Para completar la maniobra, contrataba a terceros que, desconociendo el origen delictivo, concurrían en vehículos a retirar la mercadería. Los comerciantes advertían el fraude recién cuando el dinero nunca impactaba en sus cuentas.

Cumplidas las instancias ante la sede judicial, S.N.R.P. fue condenado como autor penalmente responsable de: Un delito de lesiones graves agravadas, tres delitos de estafa y un delito de porte de arma por reincidente. La pena impuesta por el Juzgado es de 22 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

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En una conferencia de prensa brindada este lunes en Tacuarembó, el alcalde de Paso de los Toros intentó bajar los decibeles a la fuerte polémica generada tras la muerte de un perro a manos de la policía. El jerarca enfocó su discurso en la necesidad de “resolver y no potenciar” los hechos negativos, mientras se aguardan los resultados de una investigación de urgencia iniciada por el Ministerio del Interior.

“Las instituciones tienen seres humanos y los seres humanos a veces erramos y a veces acertamos”, reflexionó el alcalde al ser consultado por el incidente ocurrido el pasado sábado 31 de enero en el parador municipal. Lejos de entrar en confrontación directa con la fuerza policial o los grupos animalistas, la autoridad local subrayó que el camino a seguir es la capacitación de los funcionarios y el fortalecimiento de los recursos destinados al bienestar animal.

En ese sentido, adelantó que el presupuesto municipal para este año contempla potenciar el refugio de animales de la ciudad, que hoy alberga a unos 200 ejemplares, con el objetivo de retirar a los perros de la vía pública. No obstante, el alcalde fue enfático al señalar que existe una responsabilidad compartida con la ciudadanía: “Hay una ordenanza que las personas tienen que cumplir; no pueden dejar perros en la calle y tienen que hacerse cargo de esa responsabilidad que no han hecho”.

El origen del conflicto 

El caso que motiva esta reacción oficial se produjo durante la madrugada del sábado, cuando efectivos de la Comisaría Tercera acudieron a la zona del parador tras recibir denuncias de ataques a transeúntes por parte de una jauría. Según el reporte de la Jefatura de Policía de Tacuarembó, los funcionarios se enfrentaron a una actitud hostil por parte de los canes y, ante la inminencia de un ataque directo, uno de los oficiales utilizó su arma de reglamento para herir al animal más agresivo.

Pese a que el perro fue trasladado en un móvil policial para recibir atención profesional, la veterinaria actuante confirmó su fallecimiento poco tiempo después.

Investigación y repercusiones 

La situación escaló rápidamente tras la difusión de videos en redes sociales que capturaron parte del operativo. En las imágenes se observa el momento en que el animal es arrastrado hacia la caja de una camioneta policial, lo que despertó la indignación de colectivos civiles y la intervención inmediata de la Plataforma Animalista.

Actualmente, el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) analiza formalmente la denuncia, mientras que el Ministerio del Interior mantiene abierta una investigación administrativa. Se espera que el análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad y las declaraciones de los testigos presenciales determinen si el uso del arma de fuego estuvo ajustado a los protocolos de actuación policial o si existió un exceso en el ejercicio de la fuerza.

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