Un comunicado de prensa realizado por la Jefatura de Policía, informó que la Dirección de Investigaciones de Tacuarembó culminó con la formalización de la investigación contra una mujer residente en Montevideo, señalada como la presunta autora de un delito de estafa que superó los 300.000 pesos uruguayos.

El caso se originó por una denuncia presentada el pasado 24 de junio en la Comisaría 1.ª, donde se informó de un sofisticado fraude. “Utilizando artimañas a través de redes sociales, lograron sustraer una considerable suma monetaria de una cuenta bancaria”, dice el comunicado.

Tras la denuncia, la investigación fue asumida por la Dirección de Investigaciones, cuya labor resultó crucial para el esclarecimiento de los hechos. El equipo logró identificar a la mujer de 31 años, poseedora de antecedentes penales y residente en la capital, quien ya se encontraba bajo la mira de las autoridades por otro caso de características similares.

Posteriormente, por disposición judicial, se procedió a su detención y puesta a disposición de la Justicia.

En las últimas horas, el Juzgado Letrado de 1.ª Instancia en lo Penal de 44.° Turno de Montevideo resolvió formalizar la investigación contra la mujer, identificada con las iniciales C.S.C., por la presunta comisión de dos delitos de estafa en régimen de reiteración real, en calidad de autora.

Como resultado de la formalización, la Justicia impuso una serie de medidas cautelares. La acusada deberá cumplir arresto domiciliario total por sesenta días, con la correspondiente colocación de un dispositivo electrónico de monitoreo. Adicionalmente, se dispuso la inmovilización de la cuenta bancaria utilizada en la maniobra por un plazo de ciento veinte días.

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Una minuciosa y exhaustiva labor de la Subdirección de Seguridad de la Jefatura de Policía de Tacuarembó culminó con la condena de un hombre por un grave delito de abuso sexual especialmente agravado, según informó la propia Jefatura en un comunicado de prensa emitido en la presente jornada.

En las últimas horas, la justicia departamental condenó a un individuo, poseedor de antecedentes penales, tras una investigación que se remonta al pasado mes de febrero de 2025. Fue en esa fecha cuando personal de la Subdirección de Seguridad tomó conocimiento de un hecho aberrante: una menor de 13 años habría sido víctima de abuso sexual por parte de un hombre de 43 años.

La investigación policial, llevada a cabo por la Subdirección de Seguridad, contó con la activa colaboración del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), un apoyo fundamental para el abordaje de casos que involucran a menores. Esta cooperación interinstitucional resultó clave para la recolección de pruebas y el avance del proceso judicial.

Finalmente, en la jornada de ayer, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 5.º Turno de Tacuarembó dictó sentencia. El hombre de 43 años fue condenado como autor penalmente responsable de “un delito de abuso sexual especialmente agravado” a una pena de 6 años y 6 meses de penitenciaría de cumplimiento efectivo, además de imponérsele diversas medidas accesorias.

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Según lo informado en un comunicado de prensa de la Jefatura de Policía de Tacuarembó, un adolescente fue sancionado por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de 5.º Turno, debiendo someterse a un programa de orientación y apoyo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), luego de un incidente que involucró un disparo de arma de fuego y dejó a una mujer herida.

El caso se remonta al pasado 14 de octubre, cuando un llamado alertó a las autoridades sobre un posible disparo en una zona bajo la jurisdicción de Comisaría 1.ª. Efectivos policiales acudieron al lugar, confirmando el hecho y hallando a una mujer de 38 años herida por un proyectil. Las investigaciones preliminares señalaron a un adolescente como el presunto autor del disparo.

Tras la denuncia, trabajaron en el lugar personal de la Comisaría 1.ª de Tacuarembó y la Policía Científica para recabar evidencia y esclarecer los hechos. Cumplidas las instancias preliminares, el caso fue elevado a la Justicia para la determinación de responsabilidades.

Tiempo después, el Juzgado de 5.º Turno dictaminó la condena para el adolescente. Se le halló culpable como autor de 23 infracciones graves a la ley penal como un delito de violencia doméstica agravada, en reiteración real con una infracción grave de porte y/o tenencia de arma de fuego, y un delito de disparo de arma de fuego en calidad de autor en grado consumado”.

La sentencia impone una serie de medidas de rigor, incluyendo una pena de 9 meses de internación. No obstante, el adolescente se acoge al beneficio de la libertad a prueba bajo estrictas condiciones. 

Entre las medidas ordenadas se encuentran: 

Someterse a un programa de orientación y apoyo socioeducativo a cargo del INAU.

Realizar prestación de servicios a la comunidad por un plazo de 2 meses.

Cumplir con otras medidas de seguimiento y control.

Este accionar judicial subraya la gravedad de los delitos cometidos,  particularmente la combinación de violencia doméstica, el porte ilegal de armas, y el disparo que resultó en lesiones, al tiempo que busca la rehabilitación y reorientación del joven a través del programa del INAU.

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