Un hombre de 56 años, identificado con las iniciales H.A.C.R. y carente de antecedentes penales, fue condenado por la Justicia de Tacuarembó como autor responsable de un delito continuado de estafa. La sentencia impuso una pena de 16 meses de prisión bajo la modalidad de libertad a prueba con medidas sustitutivas. La resolución judicial se alcanzó tras una exhaustiva investigación desarrollada por personal de la Brigada de Seguridad Rural y de la Dirección de Investigaciones, bajo la articulación de las Fiscalías Letradas de 1.º y 2.º Turno.

El primer caso que dio origen a las actuaciones policiales comenzó cuando un particular entabló contacto con el hoy condenado para iniciar un negocio de financiamiento ganadero. La propuesta prometía un importante retorno económico mediante la entrega de intereses anuales sobre el capital invertido. Luego de acordar las condiciones, la víctima realizó transferencias bancarias por un monto total de 50.000 dólares hacia la empresa de la cual el implicado era titular. Sin embargo, vencidos los plazos correspondientes, el inversor no percibió los dividendos pactados y, ante las constantes evasivas del empresario para devolver el dinero, decidió radicar la denuncia penal.

A esta investigación se sumó una segunda denuncia presentada por un fideicomiso perteneciente a una entidad bancaria, la cual resultó damnificada por el incumplimiento de un contrato celebrado previamente con el mismo individuo. La acumulación de indicios motivó el análisis de diversa documentación contable y comercial por parte de las reparticiones policiales para descifrar el patrón de maniobras utilizado.

Tras reunir las pruebas suficientes, el caso se elevó ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de 1.º Turno. Durante la audiencia, el magistrado actuante homologó la condena a 16 meses de libertad a prueba. La pena establece que durante los primeros seis meses el imputado deberá cumplir arresto domiciliario total. Durante los diez meses restantes, quedará sujeto a la supervisión de la Dinama, la fijación de un domicilio verificado, la presentación obligatoria en la seccional policial correspondiente y la realización de un mes de tareas comunitarias.

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La decisión de la Justicia, corresponde a investigación sobre la muerte de un hombre de
30 años, poseedor de antecedentes penales, quien forzaba la puerta de una casa situada
en el kilómetro 252 de Ruta Nacional N.º 5.

El individuo tras recibir la voz de alto por el policía actuante emprendió la fuga hacia
campo, tras una extensa persecución y luego de resistirse a la detención, por causas que
se investigan, se originó un disparo con el arma de reglamento del funcionario, la que
impactó en el cuerpo del hombre, constatando personal médico su fallecimiento.
Fue enterada Fiscalía Letrada de Paso de los Toros, quien dirigió la investigación ante lo
sucedido.

En las últimas horas el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paso de los Toros de 2.º
Turno, dispuso para el funcionario policial, medidas limitativas referidas al Art. 221,
estableciendo fijación de domicilio y prohibición de salir del territorio nacional por el plazo
de 90 días.

Se continúa la investigación.

De Ministerio del Interior.

Un procedimiento de singular relevancia para el departamento de Tacuarembó culminó en las últimas horas con la desarticulación de una red dedicada al lavado de activos, la incautación de un importante patrimonio y la condena de cuatro personas. La operación fue el resultado de un trabajo coordinado entre la Brigada Departamental Antidrogas, la Dirección de Investigaciones, diversas unidades tácticas y la Fiscalía de Primer Turno.

La investigación tuvo sus primeras actuaciones en el mes de enero, cuando la Brigada Antidrogas detectó a dos personas cuyos antecedentes delictivos y nivel de vida no guardaban relación con sus ingresos legales. Ante la sospecha de maniobras de blanqueo de capitales, la Policía abrió una causa reservada para seguir los movimientos patrimoniales de los sospechosos.

El curso de las indagatorias dio un giro el pasado 7 de julio, tras registrarse un asalto a mano armada contra un cambista y quinielero de la ciudad, a quien le sustrajeron unos 10.000 pesos. En la huida, los delincuentes incendiaron el vehículo utilizado cerca de la Ruta Nacional N.º 5 y el Puente Blanco sobre el río Tacuarembó. Al asumir el caso la Dirección de Investigaciones, las pistas terminaron cruzándose directamente con la causa por lavado de dinero que venía en curso desde principio de año.

Para preservar la reserva del expediente principal y evitar la fuga de información, las dependencias policiales aceleraron los trámites y solicitaron las órdenes de allanamiento y detención correspondientes. El procedimiento se concretó el pasado domingo 19 de julio con siete allanamientos simultáneos en los que intervinieron la Guardia Republicana y unidades de respuesta táctica, logrando la detención de diez personas (dos mujeres y ocho hombres).

En los operativos se incautaron $693.674 pesos uruguayos, 50.855 pesos argentinos y US 2.085 dólares en efectivo. Asimismo, la Policía decomisó dos propiedades inmuebles —una finca urbana en la ciudad y otra rural en Rincón de la Aldea—, cuatro vehículos (entre ellos dos camionetas Omoda y una Fiat), 18 teléfonos celulares, armas de fuego, sustancias prohibidas, balanzas de precisión y diversos electrodomésticos.

Tras las instancias en la sede judicial, cuatro de los implicados resultaron condenados mediante proceso abreviado, mientras que los restantes seis recuperaron la libertad en calidad de emplazados. Un joven de 24 años, con antecedentes penales, fue condenado a 3 años y 8 meses de penitenciaría por delitos de estupefacientes, lavado de activos y complicidad en la rapiña. Una joven de 24 años, sin antecedentes, recibió 20 meses de prisión bajo régimen de Libertad a Prueba con arresto domiciliario nocturno por lavado de activos. Por el mismo delito fue condenado un hombre de 55 años, mientras que un hombre de 59 años, con antecedentes, recibió 4 meses de prisión efectiva por asociación para delinquir.

Por disposición de la Justicia, las armas y las sustancias incautadas serán destruidas previo peritaje de la Policía Científica. En tanto, los dos inmuebles, tres de los vehículos, los celulares, electrodomésticos y el dinero en efectivo quedaron formalmente decomisados a favor de la Junta Nacional de Drogas.

La Jefatura de Policía confirmó que las actuaciones respecto a la rapiña continúan abiertas, dado que el condenado en calidad de cómplice no aportó datos sobre los autores materiales del hecho. El análisis pericial de los 18 teléfonos celulares incautados será determinante para el avance de las pesquisas en las próximas jornadas.

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