La última sesión ordinaria de la Junta Departamental de Tacuarembó expuso las profundas diferencias entre los bloques políticos durante la media hora previa. La bancada de la oposición lanzó duras críticas contra la gestión del gobierno nacional del Frente Amplio, mientras que desde la izquierda se denunció el uso de instituciones públicas con fines proselitistas por parte del Partido Nacional. Asimismo, la sesión incluyó reclamos por la falta de respuestas a pedidos de informes, propuestas de obras locales y una seria advertencia sobre los riesgos de la forestación de pino cercana a la ciudad.

La jornada comenzó con la intervención del edil nacionalista Jorge Rodríguez, quien apuntó contra el movimiento sindical uruguayo, al que acusó de mantener lazos políticos y de implementar prácticas de chantaje dentro de las empresas públicas. Rodríguez ejemplificó su postura con la situación de ANCAP y la industria del pórtland, señalando que existen sectores que se niegan a ser reubicados, generando pérdidas millonarias que terminan pagando los ciudadanos a través del aumento de combustibles.

En la misma línea, la edila del Partido Nacional,  Romina Pesce, realizó un exhaustivo balance crítico del gobierno nacional a casi un año de asumir. Pesce denunció el incumplimiento de las promesas de campaña del Frente Amplio y destacó que ya se han registrado alrededor de diez renuncias en cargos de responsabilidad, lo que demuestra un desorden o falta de rumbo. La edila también cuestionó la baja aprobación presidencial, los gastos en viajes oficiales, el incremento de la inseguridad en los barrios, las subas de los combustibles y el aumento de apenas el 1% en las jubilaciones mínimas. Finalmente, alertó sobre la crisis en salud mental y denunció opacidad en el Ministerio de Salud tras la renuncia de la mayoría de los miembros de la Comisión Honoraria.

El contraataque político llegó por parte del edil del Frente Amplio,Ricardo Rosano, quien si bien saludó que los dirigentes nacionales recorran el interior del país, criticó con dureza al presidente del Partido Nacional por utilizar instalaciones oficiales con fines partidarios. Rosano denunció que, durante una reciente visita a Paso de los Toros, el líder nacionalista ofreció una conferencia de prensa con fuertes críticas al gobierno dentro del propio edificio del municipio y respaldado por la mayoría del Consejo Municipal. El edil contrastó este hecho con la visita del presidente del Frente Amplio en 2022, quien realizó sus actividades en un ámbito privado, y exigió terminar con estas situaciones de desigualdad facilitada por organismos del Estado.

Por su parte, el edil nacionalista Gustavo Formoso puso sobre la mesa un problema de ordenamiento territorial e impacto ambiental en la capital departamental: el avance de la forestación de pinos rodeando las zonas urbanas de Tacuarembó. Formoso aclaró que no se opone a la actividad forestal por las divisas que genera, pero advirtió que la cercanía de los montes con la ciudad representa un peligro de incendio tremendo y un grave problema de salud pública debido al polen que emiten en los meses de agosto y septiembre, afectando a personas alérgicas y asmáticas. El edil solicitó que se regulen las distancias de plantación y se realicen raleos urgentes en zonas turísticas como el balneario Iporá.

La falta de respuestas por parte del Ejecutivo Departamental también generó rispideces. El edil frenteamplista Esteban Silva reclamó formalmente que, tras más de seis meses, la Intendencia sigue sin responder un pedido de informes amparado en la Constitución sobre los rubros destinados a pautas publicitarias entre los años 2021 y 2025. Cerrando los discursos, el edil nacionalista Néstor Brocco criticó la falta de comparecencia y de respuestas del Intendente ante la Junta, ironizando con que el Ejecutivo ve al cuerpo legislativo como un “club de amigos”. Brocco cuestionó la gestión local, calificó de improvisadas las respuestas de los secretarios generales y lamentó que se prioricen declaraciones de interés insustanciales en lugar de los proyectos guardados en los escritorios.

En el plano local, el edil nacionalista Rubén Roura aportó notas positivas al informar la finalización al 100% de las obras pluviales en la calle Carlos Gardel del barrio Ferrocarril, y la regularización habitacional de los vecinos de Los Taños. Asimismo, solicitó reductores de velocidad en el cruce de General Artigas y Líber Seregni, y presentó un anteproyecto para la protección del agua subterránea frente al proyecto industrial Tambor. Tras culminar la media hora previa, la Junta Departamental procedió a la aprobación del acta de la sesión anterior con el voto afirmativo de 20 ediles en sala.

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La bancada de ediles de la fuerza de izquierda anunció gestiones ante el Intendente por el programa “Uruguay Impulsa” y ofreció una conferencia para aclarar el alcance y la gratuidad del nuevo sistema de control del transporte.

En una conferencia de prensa emitida por la emisora CX 140, la bancada de ediles del Frente Amplio de Tacuarembó, acompañada por el diputado Gustavo Guerrero, fijó postura sobre dos temas de fuerte impacto económico y social para el departamento: la alarmante falta de empleo local y la controversia nacional en torno a la implementación de la Guía de Carga para el transporte profesional.

La coordinadora de la bancada de ediles, Cecilia Rodríguez, anunció que en los próximos días presentarán una nota formal al Intendente Departamental para solicitar de manera urgente la ampliación de los cupos del programa “Uruguay Impulsa”.

Rodríguez calificó la situación laboral de Tacuarembó como “crítica”, argumentando que el índice de desocupación es considerablemente elevado. La edila fundamentó el pedido en una desproporción flagrante entre la oferta y la demanda del programa: «Sabemos que a Tacuarembó le corresponderían unos 200 y poquitos cupos para ese programa, y se anotaron alrededor de 5,000 personas. La Intendencia, por voluntad propia y amparada en la ley, puede extender ese cupo», afirmó Rodríguez, lamentando que dos anteproyectos similares presentados en el período anterior no obtuvieron respuesta por parte del Ejecutivo comunal.

El segundo tramo de la conferencia estuvo dedicado a la Guía de Carga, una herramienta tecnológica que ha generado rispideces y protestas por parte de transportistas autoconvocados. Fernando Micheloni, integrante de la Comisión de Transporte de la Junta Departamental, señaló que tras recibir a los trabajadores en el deliberativo, constataron que muchas de las afirmaciones que circulan “no se corresponden con la realidad”.

Para profundizar en los aspectos técnicos, la bancada cedió la palabra a Roberto Regina, un experto con más de cuatro décadas de trayectoria en el sector empresarial del transporte. Regina aclaró de forma tajante los puntos que han generado mayor confusión en la opinión pública.

En primer lugar, explicó que el sistema está diseñado para el transporte pesado macro. Los camiones chicos (de 3,500 a 5,000 kg) que trasladan leña o unas pocas cabezas de ganado a las ferias locales no entran en este satélite de control y seguirán circulando con la documentación tradicional.

Ante las versiones que hablaban de una recaudación millonaria y un costo por guía, el experto desmintió las cifras de los autoconvocados. «Ya la ministra aclaró que la guía no va a tener costo», enfatizó, explicando que los decretos antiguos que fijaban un precio nunca se aplicaron y serán sustituidos por una nueva reglamentación. Asimismo, indicó que actualmente existen unos 20 pórticos instalados en las rutas que se encuentran en fase de prueba de software. “Nadie está multando a nadie, esa información es inexacta”, aclaró, añadiendo que el Ministerio de Transporte planea aplicar una etapa preventiva con incentivos antes de hacer efectivas las sanciones.

De acuerdo con el análisis de los ediles y del propio Regina, el verdadero rechazo a la guía radica en la trazabilidad que ofrecerá sobre los horarios de manejo de los choferes y la formalización del empleo.

Se hizo hincapié en que el transporte de carga es uno de los principales motores de la economía nacional, pero arrastra niveles importantes de irregularidad. “Los choferes ganan bien en la mano, a veces 100,000 pesos, pero las grandes empresas aportan al BPS por 30,000 pesos. Cuando ese chofer se va a jubilar, lo hace por un monto mucho menor. Ahí hay una evasión que es lo que se quiere corregir”, explicaron los ediles.

La Guía de Carga, nacida originalmente en la Ley 17.296 del año 2001, funcionará como un contrato digital obligatorio entre el dador del flete y el transportista. Desde el Frente Amplio local aseguraron que las puertas al diálogo siguen abiertas para contemplar todas las logísticas y realidades del sector antes de que el instrumento sea de fiscalización obligatoria.

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La sesión ordinaria de la Junta Departamental de Tacuarembó inició con el espacio de media hora previa, donde se trataron diversos asuntos de seguridad, empleo, infraestructura y discrepancias políticas entre los ediles.

En materia de seguridad, el edil del Partido Nacional, Maik Migliarini, en conjunto con la edila Leonela Sánchez, presentó una nota firmada por vecinos y familiares de la Escuela N° 146. En el documento se solicita el servicio de guardia policial 222 debido al ingreso de personas ajenas a la institución. El pedido fue derivado a la Inspección Departamental de Primaria, la dirección del centro educativo, la comisión fomento, la Jefatura de Policía y el Ministerio del Interior.

Por su parte, la edil del Frente Amplio, Analía Tambasco, expuso su preocupación por el aumento de hechos delictivos en el departamento. Citó casos de robos de herramientas a trabajadores y daños en vehículos de funcionarios del hospital local. Solicitó formalmente a la Intendencia y a la Jefatura de Policía coordinar esfuerzos para incrementar el patrullaje, especialmente en horarios nocturnos y en zonas afectadas por bocas de venta de droga.

En el área laboral, la edil nacionalista, Ana Baraybar, informó que el programa Impulsa (Jornales Solidarios) cerró sus inscripciones en Tacuarembó con 5.540 personas anotadas para disputar un total de 213 puestos de trabajo mediante sorteo. Baraybar señaló la falta de políticas de atracción de inversiones por parte del gobierno departamental y mencionó como ejemplo el desarrollo de una planta forestal industrial en el departamento de Rivera.

Posteriormente, la edil del Frente Amplio, Karina Pérez, dio cuenta de la aprobación por unanimidad en el Parlamento Nacional de la Ley de Empleo Integral. Detalló que la norma establece subsidios de entre un cuarto y un tercio del salario para la contratación de jóvenes desempleados, mujeres, afrodescendientes, personas trans, personas con discapacidad y personas liberadas del sistema carcelario, además de fijar controles de laudos por parte del Ministerio de Trabajo.

Respecto a la infraestructura del interior, el edil nacionalista, Alfredo La Paz, solicitó al Ejecutivo Departamental estudiar la viabilidad de construir un cementerio en la localidad de Peralta. Asimismo, pidió al municipio de Paso de los Toros la instalación de garitas y bancos en las paradas de ómnibus, la colocación de luminarias en la calle Dr. Monestier y la reparación de un badén en la intersección de Manuel Oribe y Emilia Graci.

En la misma línea, la nacionalista,  edila Nibia Da Silva, transmitió reclamos de los habitantes de Paso de los Toros sobre el estado de las veredas, la obstrucción de la vía pública por barandas de cocheras particulares y la falta de poda de árboles que afectan las líneas de cableado y reducen la visibilidad del alumbrado público.

En el plano político, el edil Maik Migliarini denunció un cruce con el presidente de la Comisión de Finanzas, manifestando que este le advirtió que no se le permitiría hacer uso de la palabra en dicho ámbito tras intervenciones previas sobre exfuncionarios de la corporación. Migliarini anunció que solicitó copias de expedientes y pedidos de informes para respaldar sus afirmaciones.

Finalmente, la edila Ana Baraybar reconoció la implementación del proyecto “Cabildo Joven” en el municipio de Paso de los Toros, pero señaló que la iniciativa corresponde a una propuesta presentada originalmente por la edila Fernanda Acosta, de la bancada Corrientes por el Cambio, cuestionando que no se mencionara la autoría de la propuesta.

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