Por Tito Espinosa|

Portal del Norte entrevistó al jefe de Policía de Tacuarembó, Jhon Richard Saravia, este nos recibió en la mañana del 13 de noviembre en su oficina ubicada en la esquina de la  calle 18 de Julio y Joaquín Suarez. La Jefatura es un lugar amplio, vemos estandartes que representan a las fuerzas policiales del estado uruguayo, además, fotografías de los jefes de policía a lo largo de todo el pasado siglo XX hasta nuestros días. Tiene largos pasillos así como lo son sus oficinas. Indudablemente el edificio indica autoridad y orden por donde se lo vea. Nuestro entrevistado asumió su cargo en Tacuarembó en el año 2020, su gestión ha tenido un trabajo importante contra el delito en sus diferentes aspectos. En la entrevista se nos presenta como un gestor con una mirada integral respecto al trabajo de la seguridad pública, además de moderna en relación al tratamiento de los delitos, como lo son el uso de las nuevas tecnologías, y operaciones complejas coordinadas con otros departamentos. 

-¿Cuál es su carrera como oficial de policía y el haber llegado a esta instancia de ser Jefe de Policía de Tacuarembó?

Soy oriundo del departamento de Treinta y Tres, específicamente de Santa Clara de Olimar. Tengo 52 años de edad, todos mis estudios los cursé en un pueblo del interior, una vez con secundaria completa puede acceder a las bases para ingresar a la Escuela de Policía. Para nosotros, en aquella época, estamos hablando de la década los años 80s, era prácticamente un sueño irrealizable viajar desde el interior hasta la capital para estudiar. 

Pero, pese a todas las dificultades logramos viajar a la Escuela de Policía, dar los exámenes, pasar por todos esos periodos que fueron bien complejos, el estar en la capital, lugar que era hasta a veces hostil por el desconocimiento que uno tenía. Los años de formación profesional los hice en San Ramón y el último en Montevideo, donde egresé en el año 1991 como Oficial de Policía, fui destinado a la Guardía Republicana, llegué a ser jefe de la Guardia de Coraceros. Después tuve un pasaje en la Jefatura de Montevideo en la Mesa Central de Operaciones. Es decir, de pasar a trabajar con caballos para controlar disturbios civiles, pasé a manejar toda la tecnología aplicada a la seguridad pública. Posteriormente, fui convocado para ser subjefe de San José y el ministro Larrañaga nos convocó para venir a Tacuarembó y desde el año 2020 hasta la fecha estamos aquí como jefe de Policía.

-¿Con qué realidad en materia de seguridad se topó cuando vino a Tacuarembó? ¿Tiene características similares a otros departamentos del interior?

Cuando hablamos de seguridad, si bien hay una visión nacional, la agenda de criminalidad de todo el país que todo el mundo tiene a través del observatorio del Ministerio del Interior, cada departamento tiene su particularidad. No solo por la idiosincrasia del departamento en sí, también los factores en sí que inciden en la criminalidad.  El escenario es distinto, la población varía dependiendo del lugar, Tacuarembó tiene complejidades con lo que tiene que ver el escenario, es el departamento más grande en cuanto a extensión territorial. Pese a que la población (cerca de 100.000 hab) que viven en todo el departamento, no obstante eso influye en la criminalidad. 

Un departamento con una extensa territorialidad habla de una extensa caminería, que por un lado favorece la relación entre los pueblos y las personas, pero también tiene una afectación en la criminalidad. En este escenario permea el delito por la cercanía que tenemos con Rivera, un lugar con complejidades, y que nosotros tenemos que estar desarrollando barreras vinculadas principalmente a los delitos del narcotráfico. Pero cuando asumimos el cargo en 2020 en realidad, nosotros hicimos una transición con el jefe anterior, es decir, venimos con una realidad que conocíamos y con un proyecto de cambio organizacional importante que se empezó a instrumental en el 2020 y que continúa.

La realidad era compleja en el año 2019 en lo que tiene  que ver a los índices delictivos, eso a nivel nacional y no escapaba a nivel departamental. En principio en 2020 empezamos a comparar los índices, la criminalidad,  pero la pandemia sin lugar a dudas realizó una afectación importante, se afectó la realidad territorial y eso también tuvo una afectación en la criminalidad. Entonces pasamos el 2020 con una realidad al igual que el 2021, pero en el 2022 ya retomamos una normalidad en todos los aspectos y ya nos comparamos con el año pasado. ¿Cuál es el delito que más nos afecta? Por supuesto que toda la gama, nosotros trabajamos con los delitos contra la propiedad, el hurto, la rapiña, el homicidio, la violencia doméstica y el abigeato. Si bien hay otros delitos, esos son los que marcan la agenda en cuanto a los aspectos cuantitativos de la realidad de la criminalidad del departamento.

En lo que refiere al narcotráfico, se puede encerrar muchas bocas de drogas, se puede imputar a muchas personas, podemos desarticular muchas organizaciones criminales. Pero si uno no trabaja con el adicto, con la persona que consume, que forman parte de ese ciclo que es el narcotráfico, vamos a seguir trabajando sobre lo mismo y en ese círculo vicioso en el cual no sabemos salir. No hay una solución global a nivel del narcotráfico pero debemos trabajar con algunos quintiles poblacionales que son importantes. Creo que debemos ir por la población más joven, por los niños y los adolescentes para mitigar los efectos.

-Tengo buena relación con varios policías y estos coinciden en que el Estado hace un gran esfuerzo cuando incluso las personas están en prisión y se trata de rehabilitarlos e insertarlos a la sociedad. Y cuando estos salen a la sociedad no se les da la oportunidad de ingresar a un trabajo, y si están en un trabajo recaen en las drogas. ¿Usted ve eso como algo difícil de lograr?

Es cierto, pero hay acciones que se están logrando. Una de las acciones va de la mano de la rehabilitación. El Instituto Nacional de la Rehabilitación (INR) ha trabajado en políticas.  Esta unidad, la N°26 en Tacuarembó es una de las unidades que son ejemplos a nivel nacional en lo que tiene que ver en las políticas que se desarrollan. De nada vale como trabajamos en la represión del delito o en la prevención, si después esas personas que son imputadas van a lugares donde hay hacinamiento, donde no hay tratamientos de adicciones y no tienen una posibilidad futura una vez que egresan del sistema penitenciario, y no tienen posibilidades laborales porque no se formaron y no se trabajó con las adicciones.

Después se tiene un alto porcentaje en reincidencias, cuando la persona es nuevamente detenida, comete el delito y vuelve a prisión. En la Unidad N°26 hay un convenio con empresas, con centros educativos, particularmente la UTU donde las personas privadas tienen cursos de carpintería, tienen trabajo. Hay brigadas de privados de libertad que realizan acciones en centros educativos. Con esto tiene posibilidades de reducción de penas, en algunos delitos. También las mujeres tienen  estas posibilidades. También hay convenios con empresas para que tomen a esas personas que salen de los centros penitenciarios para trabajar. Creo que esa es una de las cuestiones importantes, también un Centro de Adicciones que se está construyendo en Tacuarembó, donde varias instituciones del Estado han puesto su aporte.

-Hay países en donde no se toma al adicto como un delincuente sino como una persona que está con un problema de salud. ¿Podría abordarse esto como un problema de salud pública en lo que refiere al narcotráfico?

Yo lo he manifestado con propiedad porque lo vivimos a diario. Está la víctima del delito que no está muy de acuerdo con lo que nosotros opinamos. Trabajamos directamente contra el delito y trabajamos no solamente en ello, con la víctima y con las causas y consecuencias. La mayor parte de los delitos de hurtos son cometidos por personas con un historial de vulnerabilidad en su núcleo familiar y que también vienen con una problemática asociada al consumo. Todos los objetos de hurtos terminan en una boca.

El perfil del delincuente está asociado en un alto porcentaje con el consumo. Tenemos que considerar que por supuesto que la persona que comete un delito es un delincuente porque tiene una víctima como destinatario, no importa la cantidad ni  la calidad del objeto que hurta, para la víctima es un atropello. Pero luego tomamos al delincuente y descubrimos que tiene ese historial de enfermedad y de adicciones, también tenemos que no solamente internarlo en un centro penitenciario sino que también darlo como ahora donde están enfocadas esas políticas de salud pública. Por lo tanto, muchos de esos delincuentes que cometieron el delito tenemos que considerarlo como enfermos.

-Yo he notado a familias estructurales donde los padres están en la  delincuencia e incentivaron a los hijos a delinquir, por lo tanto, el hogar se vuelve una boca. ¿Usted ha visto ese fenómeno aquí en Tacuarembó replicado?

Sí, por supuesto. Por eso hablaba en trabajar sobre las causas del delito y con el correr de los años, desde el 2002 se dio como un mojón en lo que tiene que ver con la aparición de la pasta base de cocaína. Ese fue el año en el cual se tomó como estado público y en consideración ese tipo de sustancia que realmente tiene una afectación. En principio eran jóvenes de a 20 a 30 años los consumidores, hoy ya estamos de 13 años. Tiene un efecto mucho más nocivo que todas las otras sustancias, con una afectación directa en la salud. 

En núcleo familiar es fundamental, la contención y el tratamiento. Ha habido una degradación en el núcleo familiar, especialmente en esas personas de alta vulnerabilidad, los que tienen problemas económicos, desocupación, y que no tienen esa contención familiar y también la pérdida también de posibilidades educativas. Todo eso es un caldo de cultivo importante para que las drogas se vuelven un negocio familiar, donde los chiquilines en esos núcleos familiares forman parte del narcotráfico.

-Y que son los primeros en caer detenidos, es decir, los dealer chicos, porque esa es la percepción que hay; se agarra primero a los narcos chicos y a los grandes es difícil de llegar.

Lo que pasa es que el narcotráfico tiene una estructura muy compleja , inclusive para la propia investigación en algunas de las etapas de la organización. Las personas que trabajan no conocen siquiera quienes son sus proveedores y menos aún a los proveedores mayores. Acá en el interior y también en capital, tenemos la incursión de bandas criminales brasileñas que tiene una complejidad y nosotros hemos tenido operaciones importantes donde se han imputado a delincuentes brasileños y nuestro delincuentes locales.

-También está el negocio de la usura en donde personas de otras nacionalidades en Tacuarembó son prestamistas. ¿ Han habido episodios de violencia en relación a eso?

No tanto por el lado de la violencia, la violencia es uno de los estadios de las bandas criminales. En realidad habíamos tenido denuncias el año pasado y el anterior también de personas que se veían afectadas por estos extranjeros. La Fiscalía de Segundo Turno en cuanto asumió la Dr. hace un tiempo atrás, tomó ese caso junto a la Dirección de Investigación, donde se dio un gran número de imputaciones de personas, donde tres de ellas con prisión efectiva. Con ellos fuimos un ejemplo a nivel nacional, fue como el desencadenante para que el Ministerio del Interior comenzará a trabajar en estos temas como la usura y otros delitos de maneras extorsivas.

También se imputaron por violencia privada que si no les pagan les va a ocurrir algo grave, eso acá no ocurrió pero es unos de los estadios. En principio, hay una exigencia de pago diario de dinero porque viene precedido del delito de usura. Sabemos que el Banco Central tiene un límite de los intereses, y los ciudadanos no lo respetan, donde hay personas que no pueden acceder a un préstamo. También hay delito de trata de personas, donde estas organizaciones traen a  personas desde el exterior, donde hay vulnerabilización de derechos para pagar el pasaportes y el traslado.