En un operativo de gran envergadura denominado “Gibones”, la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN), Regional Norte, ha logrado asestar un duro golpe a organizaciones criminales dedicadas a la introducción ilegal de productos extranjeros al país. La operación, que se inició el martes 17 de junio, se llevó a cabo bajo la órbita de la Fiscalía Semiespecializada de 3.º Turno de Rivera.

La investigación se centró en el seguimiento de grupos que utilizaban caminos y rutas secundarias para evadir los controles aduaneros y policiales. Como resultado, se realizaron 37 allanamientos en locales comerciales y cinco inspecciones en depósitos ubicados en el departamento de Tacuarembó, donde se sospechaba que se almacenaba la mercadería de contrabando.

En el marco de la operación, se emitieron 34 órdenes de detención y se procuró la incautación de 12 vehículos vinculados a las maniobras ilegales. Hasta el momento, 21 personas han sido detenidas y se logró incautar una importante cantidad de mercadería de contrabando, aproximadamente 20.000 kg, que estaba destinada a la venta en los comercios y depósitos allanados. Algunos establecimientos que se encontraban cerrados al momento de los allanamientos fueron abiertos con la asistencia de cerrajeros y en presencia de testigos, siguiendo las instrucciones de la Fiscalía.

El operativo “Gibones” contó con la participación coordinada de diversas fuerzas y organismos, incluyendo equipos de la Regional Norte de la DIPN, Investigaciones de las Jefaturas de Policía de Rivera y Tacuarembó, la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA), la Dirección Nacional de Aduanas y el Ministerio de Ganadería. La mercadería incautada fue trasladada con el apoyo de un camión del Ejército.

Resoluciones judiciales y procesados

Tras las detenciones, la Fiscalía dispuso el emplazamiento de dos mujeres, el cese de detención para una tercera, y el traslado del resto de los detenidos junto con la mercadería incautada. La Justicia ha comenzado a emitir sus primeras resoluciones.

En este sentido, una persona fue condenada como “autor penalmente responsable de un delito de contrabando a la pena de 10 meses de prisión con descuento de la detención sufrida, la que deberá cumplirese en régimen de libertad a aprueba”.

Otra persona fue condenada como autor penalmente responsable responsable de un delito de contrabando a la pena de prisión efectiva.  

Por otro lado, la investigación fue formalizada para dos personas por la presunta comisión de un delito continuo de contrabando por reincidentes en calidad de autor.

Para un grupo de siete personas, la investigación fue formalizada por la presunta comisión de un delito continuado de contrabando en calidad de autor. Para estos individuos, se dispuso el arresto domiciliario total con controles diarios y aleatorios por parte de la autoridad policial en el domicilio fijado por cada imputado por el término de 180 días, con vencimiento automático el día 14 de diciembre de 2025.

Finalmente, la formalización respecto a siete personas por la presunta comisión de un delito continuado de contrabando en calidad de autores resultó en una pena de 20 meses de prisión, la cual deberá cumplirse en régimen de libertad a prueba.

Se dispuso el cese de detención para tres personas.

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Según fuentes oficiales de nuestro medio, es la primera vez en la historia, que en Tacuarembó se tiene un caso de trata de personas.

La “Operación Resplandor”, que el pasado 5 de junio destapó un centro de internación psiquiátrica clandestino en Rincón de Tranqueras, Tacuarembó, sigue conmocionando a la opinión pública uruguaya. La magnitud de la red de explotación ha sido revelada en una nueva fase del proceso judicial, con la condena de más personas, elevando a 13 el número total de individuos implicados en este macabro caso. Las penas impuestas alcanzan un máximo de cuatro años y seis meses de prisión.

El operativo de rescate, llevado a cabo en la mañana del 5 de junio, fue un despliegue sin precedentes en la zona. Decenas de efectivos policiales, móviles de emergencia, personal de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Fiscalía participaron activamente. Un ómnibus del Ministerio del Interior de Montevideo fue utilizado para trasladar a los 32 residentes a centros de atención especializados en Montevideo y Canelones, donde finalmente recibirán los cuidados y tratamientos que sus delicadas condiciones de salud requieren.

Detalles escalofriantes de la investigación y las condenas

Este jueves 12 de junio, el Jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, y la fiscal del caso, Paula Pereira, ofrecieron declaraciones que arrojaron luz sobre la compleja investigación. La fiscal Paula Pereira destacó la ardua labor que se inició en octubre del año pasado. “Al día de hoy podemos decir que hay 13 personas condenadas en el marco de esta investigación, donde tres de ellas están implicadas en el delito de trata de personas. Fueron en total los 18 delitos que se imputaron a estas 13 personas, delitos conexos a la trata de personas”, afirmó.

Entre los elementos más impactantes encontrados durante los allanamientos, la fiscal confirmó la confiscación de dispositivos electrónicos, teléfonos, armas y picanas eléctricas, que generaron una profunda conmoción. “Junto con la Dirección de Investigaciones y la Fiscalía, fue que se logró imputar a estas personas que al día de hoy están condenadas”, agregó.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada a principios de octubre de 2024 por una ex empleada del residencial, quien también fue imputada y condenada en el marco de este caso. La denuncia fue trasladada a la Dirección Departamental de Salud, institución que la derivó a la Fiscalía, dando inicio a la exhaustiva investigación.

Un centro sin control ni asistencia médica: Las condiciones de los pacientes

La fiscal Pereira reveló las deplorables condiciones en las que operaba el centro. “El lugar no contaba con personal técnico, no contaba con asistencia médica. Lo único que había era una policlínica cerca donde una médica revisaba que los inquilinos tenían algún tipo de fiebre cuando los titulares de la residencia los llevaban”, detalló.

Consultada sobre la posible implicación de personas externas a la residencia, la fiscal indicó que “al momento, las personas que fueron condenadas son los titulares del hogar y aquellas personas que trabajaban en el mismo. El resto de las personas eran las que trabajaron o trabajaban hasta el momento del cierre. Y sí, hay más personas investigadas, pero al momento de eso, no le puedo dar más información”.

Fallecimientos y robo de jubilaciones: Las oscuras consecuencias de la explotación

Otro punto escalofriante revelado por la fiscal fue el registro de fallecimientos en el centro durante sus años de funcionamiento. “Sí, en los últimos años hubo fallecimientos de los cuales algunos se cuentan con las pericias postmortem y, lo único que podemos aportar respecto a eso, es que algunas de estas personas estaban delgadas como otras que hemos visto hasta ahora”, manifestó.

La trama de explotación no solo se limitaba a las condiciones infrahumanas, sino que también incluía un sofisticado esquema de apropiación indebida de jubilaciones y pensiones de los residentes. En un paso más allá, se obtuvieron préstamos a nombre de los usuarios, vinculando a la principal indagada en la causa, e incluso se solicitó un préstamo a nombre de una persona fallecida. Se estima que la maniobra económica total asciende a $U 2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos uruguayos).

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La Operación «Resplandor», que destapó el horror en un centro de internación psiquiátrica clandestino en Rincón de Tranqueras, Tacuarembó, continúa revelando la extensión de la red de explotación. En una nueva fase de este proceso judicial, se han dictado sentencias de condena para tres personas más, elevando a un total de ocho los individuos implicados en este caso que ha conmovido a la opinión pública.

Este trabajo, llevado a cabo por efectivos de la Dirección de Investigaciones bajo la órbita de la Fiscalía de 2do Turno, ha sido meticuloso y persistente. La jornada del sábado marcó un nuevo hito con la audiencia celebrada en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 5to Turno de Tacuarembó, donde se formalizaron las nuevas condenas.

Uno de los sentenciados, F.O.R., fue condenado a 24 meses de prisión por un delito de abandono de incapaces en concurso formal con delitos de omisión de asistencia en reiteración real, junto a delitos de violencia privada, privación de libertad y lesiones. La pena se cumplirá bajo un régimen de libertad a prueba, que incluye seis meses de arresto domiciliario total con la colocación de un dispositivo de rastreo electrónico. Los 18 meses restantes los pasará en libertad, con la obligación de presentarse semanalmente en la Seccional de la jurisdicción de su domicilio, realizar 30 horas de trabajo comunitario, fijar domicilio y no modificarlo sin previo aviso, además de participar en el plan de orientación y vigilancia que DINAMA le asigne.

Asimismo, N. O. R. y C.J.R.T. recibieron una pena de 24 meses de prisión, también a cumplirse en régimen de libertad a prueba. Fueron encontrados responsables de un delito de abandono de incapaces en concurso formal con delitos de omisión de asistencia, violencia privada en reiteración real, sumado a delitos de privación de libertad, lesiones y amenazas. Las condiciones para ambos son similares a las de F.O.R. En el caso de N. O. R., deberá cumplir 12 meses de arresto domiciliario total con dispositivo electrónico, y los 12 meses restantes en libertad a prueba. Para C.J.R.T., se dispusieron seis meses de arresto domiciliario total con dispositivo electrónico, y durante los 18 meses subsiguientes, permanecerá en régimen de libertad a prueba.

Estas nuevas condenas evidencian la profundidad de la investigación y el compromiso de las autoridades por desentrañar por completo esta red de abusos. La Operación «Resplandor» sigue activa, y cada nueva sentencia es un paso más hacia la justicia para las víctimas de este lamentable suceso. 

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