Un hombre de 22 años fue condenado a 18 años de penitenciaría por el homicidio de Pablo Javier Ponce, el reconocido relator de Radio Zorrilla de San Martín. La sentencia, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de 1.º Turno, es de cumplimiento efectivo.

El crimen, tipificado como homicidio muy especialmente agravado, ocurrió en la tarde del 31 de agosto de 2024 en un bar situado en la calle Ituzaingó. Según fuentes de la investigación, Ponce fue agredido con un objeto contundente, lo que le provocó la muerte. La policía de la Comisaría 2ª y los servicios de emergencia acudieron al lugar, donde se confirmó el fallecimiento. El caso fue derivado a la Dirección de Investigaciones bajo la supervisión de la Fiscalía de 2º turno.

Las pesquisas iniciales llevaron a los investigadores a identificar al ahora condenado, quien en ese momento tenía 21 años, como el principal sospechoso. Tras la formalización de la investigación, el Juzgado Penal de la causa dictaminó su prisión preventiva por 150 días, mientras se reunían las pruebas para el juicio.

La condena se formalizó el 3 de septiembre de 2025, casi un año después del crimen. La pena de 18 años de prisión refleja la gravedad del delito y pone fin a un caso que conmocionó a la comunidad local, especialmente a los oyentes de la radio donde Ponce trabajaba.

Radio Zorrilla de San Martín, la emisora para la que trabajaba, se expresó en aquel entonces a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter) con un hondo pesar: “Comunicamos con hondo pesar el fallecimiento en esta jornada de nuestro compañero de trabajo Pablo Ponce, relator de las selecciones juveniles de Tacuarembó”. Acompañado de la foto que aparece debajo de este texto.

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Un hombre que había sido liberado por errores en el procedimiento policial tras robar el celular a un niño de seis años, fue finalmente condenado a 15 meses de prisión. La re-detención, lograda con una nueva orden judicial, permitió que la justicia actuara y dictara una sentencia ejemplar.

El incidente ocurrió el sábado pasado, alrededor de las 13:00 horas, en las calles Flores y Washington Beltrán. El delincuente, que se movilizaba en una moto, se acercó a un niño que jugaba en la calle. Según el relato del padre de la víctima, el hombre se puso una gorra y, tras engañar al menor, le arrebató su teléfono, un Xiaomi Note 11 valorado en unos $9.000.

Fallas en el primer procedimiento y re-detención

El autor del hurto fue rápidamente identificado y arrestado por la policía horas después del robo. Sin embargo, un juez declaró la detención como ilegal debido a fallas en el procedimiento. El jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, explicó a Portal del Norte que los agentes no filmaron la detención y que el tiempo transcurrido desde el delito no cumplía con los requisitos para un arresto sin orden judicial. Estas fallas obligaron a la policía a liberar al sospechoso el mismo domingo.

Inmediatamente, la Fiscalía solicitó una nueva orden de detención, que fue emitida el lunes por la mañana. Con esta nueva orden en mano, la policía logró recapturar al individuo, de 27 años y con dos antecedentes penales por hurto.

El teléfono recuperado y la condena final

El Jefe de Policía confirmó que el delincuente ya había negociado la venta del celular. Afortunadamente, el teléfono fue recuperado por los agentes y se encuentra bajo custodia, a la espera de ser devuelto a la familia de la víctima.

La re-detención, que subsanó los errores del primer procedimiento, permitió que el caso llegara a la Justicia. En la tarde de hoy, el responsable del robo fue condenado a 15 meses de prisión efectiva, poniendo fin a un caso que generó indignación en la comunidad.

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En un comunicado fechado al 12 de agosto, la Jefatura de Policía de Tacuarembó ha confirmado la detención y posterior ingreso a prisión de un hombre de 38 años, quien deberá cumplir medidas de reclusión en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) tras ser acusado de abuso sexual y por incumplir las medidas cautelares que le habían sido impuestas. Este caso ha sido gestionado por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género I.

La investigación se inició en noviembre de 2024, cuando una mujer se presentó en la Comisaría y denunció que su hija de 12 años había sido víctima de abuso sexual. Con la dirección de la Fiscalía de 2º turno, los oficiales de la Comisaría Especializada comenzaron una serie de averiguaciones que revelaron un segundo caso similar, involucrando a otra adolescente del mismo núcleo familiar.

En enero de 2025, el hombre fue llevado ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 1º Turno de Tacuarembó. Allí, se formalizó la investigación fiscal por la “presunta comisión de dos delitos de abuso sexual, en grado consumado, en calidad de autor”. Como parte de las medidas cautelares, el juez le ordenó fijar domicilio y le prohibió acercarse o tener cualquier tipo de contacto con las víctimas por un plazo de 90 días.

Sin embargo, las actuaciones policiales posteriores confirmaron que el individuo incumplió reiteradamente las medidas impuestas por la justicia. En una audiencia reciente, el mismo Juzgado decidió revocar las medidas cautelares iniciales y, ante el desacato, ordenó su prisión efectiva. El hombre fue inmediatamente trasladado al INR para comenzar a cumplir su condena.

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