Política
Uruguay hace historia: Se aprueba la Ley de Eutanasia, consagrando la “muerte digna” como un derecho

Uruguay dio un paso trascendental en la legislación de derechos individuales al aprobar, el pasado miércoles, la ley de Muerte Digna, también conocida como eutanasia, tras una decisiva votación en el Senado. Con esta sanción, el país se inscribe en la historia de América como el tercer estado en implementar la legalización de la eutanasia activa, un debate que polarizó a la sociedad y al espectro político durante años. La iniciativa, que había sido presentada inicialmente por el exdiputado colorado Ope Pasquet en marzo de 2020, alcanzó la mayoría necesaria después de que la Cámara de Representantes le diera su visto bueno dos meses atrás, culminando un largo proceso legislativo.
La votación en la Cámara de Senadores se saldó con un resultado de 20 votos a favor y 11 en contra, reflejando las profundas convicciones en juego. El proyecto recibió el respaldo unánime de la bancada del Frente Amplio, y sumó apoyos clave en otros partidos, incluyendo la participación de Pasquet, así como de otros legisladores que entraron a sala en suplencia. Si bien el proyecto fue impulsado desde filas coloradas, las divisiones internas quedaron patentes, especialmente en el Partido Nacional, donde la senadora Graciela Bianchi fue la única en acompañar la medida, mientras que el resto de los nacionalistas optó por el voto negativo. El texto legal, fuertemente inspirado en los modelos aplicados desde 2002 en países como Bélgica y Países Bajos, busca esencialmente garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”, despenalizando la práctica en circunstancias sumamente específicas.
La nueva legislación establece un marco riguroso para la aplicación de la eutanasia, enfocada exclusivamente en personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que se encuentren atravesando la etapa terminal de enfermedades que sean incurables e irreversibles, o que padezcan a causa de ellas un sufrimiento insoportable. El articulado precisa que podrán ampararse a esta ley tanto ciudadanos uruguayos naturales o legales como extranjeros que puedan acreditar fehacientemente su residencia habitual en el territorio. Lejos de ser considerada una “puerta abierta sin control”, como destacaron sus defensores, el proyecto establece un detallado y estricto protocolo de procedimiento, que exige, entre otras garantías, una solicitud voluntaria y escrita del paciente, evaluaciones médicas y psiquiátricas, una segunda opinión independiente, y entrevistas periódicas para confirmar la persistencia de la voluntad de poner fin a su vida ante el dolor.
La voz del interior: El debate de la eutanasia en las posturas de Tacuarembó
Las diferentes sensibilidades que cruzaron el país en este debate quedaron especialmente patentes en las posturas expresadas por los diputados del departamento de Tacuarembó, quienes se pronunciaron sobre la iniciativa a mediados del pasado mes de agosto. Desde la perspectiva de su formación y experiencia, el diputado y médico cirujano nacionalista Alfredo “Cusa” de Mattos expresó su firme rechazo. Con 46 años de trayectoria en el interior, De Mattos ancló su argumento en el deber hipocrático, enfatizando que el rol del médico es “ayudar a bien morir, no matar” cuando ya se agotaron las opciones de curación. El legislador nacionalista subrayó que, en su extensa práctica, la demanda recurrente de los pacientes no ha sido la eutanasia, sino más bien la “contención, apoyo, ayuda en todo lo posible, y que no lo dejara sufrir”. Por ello, destacó la necesidad de redoblar los esfuerzos para fortalecer los cuidados paliativos a lo largo de todo el territorio departamental, reconociendo que la cobertura aún es deficiente fuera de los principales centros.

En la otra cara de la moneda, el diputado colorado Martín Cantera manifestó un enérgico apoyo a la ley, posicionándola como una cuestión fundamental de dignidad y libertad de elección. Cantera argumentó que la ley no constituye una vía de escape simplista, sino una garantía de derecho para que los individuos que enfrentan circunstancias extremas puedan decidir sobre su tránsito final. El legislador colorado afirmó que, desde su punto de vista, “la ausencia de esta ley no protege la vida, ya que prolonga el dolor y la agonía”, y puso de relieve la solidez del proyecto en cuanto a las garantías procedimentales que evitan cualquier aplicación descontrolada, mencionando la no aplicación a menores ni a personas con enfermedades tratables. Finalmente, el diputado del Frente Amplio, Gustavo Guerrero, se sumó a la postura de su bancada, enfocando el objetivo primordial de la iniciativa en “el derecho de las personas a decidir por ellas mismas”. Guerrero recalcó que la ley está reservada para casos que él describió como “extremos”, detallando exhaustivamente los estrictos requisitos y el complejo proceso que debe seguirse, el cual incluye una valoración médica exhaustiva, la consideración de alternativas como los cuidados paliativos, y en ciertos escenarios, la intervención de un psiquiatra y una junta médica. Las voces de Tacuarembó, así, resonaron en la discusión nacional, reflejando el dilema ético y legal que finalmente ha resuelto el Parlamento uruguayo.
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Política
De la situación de la caminería rural al flagelo de la droga: los reclamos vecinales en la Junta Departamental

El 17 de septiembre de 2026, la Junta Departamental de Tacuarembó celebró una sesión ordinaria en la que se desarrolló el espacio de la “Media Hora Previa”, donde ediles de diversas bancadas expusieron planteamientos sobre aspectos institucionales, problemáticas sociales, gestión cultural, políticas de salud pública e infraestructura vial del departamento.
En primer término, el edil Dr. Ricardo Rosano analizó la conformación de mayorías en las juntas departamentales a partir de lo dispuesto por el Artículo 272º de la Constitución de la República, señalando que la asignación automática de 16 bancas al lema ganador otorga una garantía de mayoría absoluta frente a los partidos de oposición. En su intervención, manifestó asimismo su solidaridad con el edil de Soriano, Diego Guevara, tras discrepancias generadas en ese departamento en torno a la integración de la Mesa de la Corporación, solicitando la remisión de sus palabras a todas las juntas departamentales del país y a los medios de comunicación.
A continuación, la suplente de edil Nelly Bianchessi leyó una carta remitida por un vecino de San Gregorio de Polanco en relación al fallecimiento de un joven por consumo de sustancias de abuso. El documento abordó las consecuencias del problema de las adicciones en la localidad, asociándolo a la escasez de fuentes de empleo para los jóvenes, la falta de instancias de contención y la necesidad de mayor presencia institucional en la prevención del consumo y la asistencia a las familias afectadas.
Por su parte, la suplente de edil Prof. Virginia Souza planteó una serie de consultas respecto a la situación de la Orquesta Municipal de Tacuarembó, la cual cuenta actualmente con nueve músicos y un sonidista. Souza contrapuso la falta de respuesta al anteproyecto para declararla de Interés Cultural con los recursos asignados por la Intendencia a la ONG Orquesta José Artigas para el desarrollo del programa “Un niño, un instrumento”. Asimismo, anunció que lleva adelante indagaciones sobre los antecedentes de dicha organización en otros departamentos e ingresó un pedido de informes al amparo del Artículo 284º de la Constitución para requerir precisiones sobre el destino de los fondos públicos empleados.
En materia sanitaria, la edila Cecilia Rodríguez repasó diversas acciones informadas por el Ministerio de Salud Pública y ASSE. Entre ellas, citó la incorporación de tratamientos para diabetes, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica al Sistema Nacional Integrado de Salud sin incremento en la cápita, la vacunación contra el meningococo a más de 87.000 niños y adolescentes, el alcance de la campaña de vacunación antigripal y las obras de infraestructura concretadas en el Hospital Pereira Rossell y en Rivera. En el ámbito local, destacó la realización del primer procedimiento de radioneurocirugía en tiempo real mediante resonancia magnética en el Centro Oncológico de Tacuarembó.
Posteriormente, el edil Guillermino Rodríguez Sotto transmitió solicitudes de pobladores de zonas rurales del departamento. Elevó un pedido de vecinos de Costas de Cañas para reparar un tramo de seis kilómetros de acceso a la Escuela N.º 102 que quedó intransitable tras las lluvias, al tiempo que reconoció los trabajos de mantenimiento realizados en el camino entre Bañado de Rocha y Laureles. Rodríguez Sotto expuso además sobre la acumulación de aguas pluviales en Paso del Cerro por falta de limpieza en cunetas y alcantarillas, el estado de los últimos cinco kilómetros de su ruta de acceso y la necesidad de instalar servicios higiénicos públicos en dicho poblado.
Finalmente, el suplente de edil Dr. Ruben Roura presentó tres comunicaciones. En primer lugar, dio lectura a una nota de agradecimiento de la Comisión de Vecinos de Rincón de Tranqueras y del Merendero «Por Una Sonrisa Feliz» por la colaboración recibida durante las actividades del Día de la Niñez. En segundo término, transmitió la solicitud de los residentes de la calle 25 de Mayo (entre Oliva y Florencio Sánchez) para la reparación del alumbrado público en las inmediaciones del nuevo Refugio del MIDES. Por último, solicitó el acondicionamiento de un tramo de 500 metros en el Camino de la Pedrera, en dirección a Rincón de La Aldea, reconociendo a su vez las tareas viales efectuadas por la Dirección de Obras de la Intendencia y sugiriendo el mantenimiento de la caminería que cuenta con tratamiento bituminoso.
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Política
Protesta en Tacuarembó: Trabajadores del frigorífico marcharon al centro tras el envío de 1.300 empleados al seguro de paro

Trabajadores del Frigorífico Tacuarembó (Marfrig) se movilizaron este miércoles con una concentración en la Plaza 19 de Abril y una posterior marcha por las calles céntricas de la ciudad. La medida se llevó a cabo en protesta por el envío al seguro de desempleo de aproximadamente 1.300 operarios de la planta industrial.
La paralización de las actividades responde a un escenario de suspensión temporal fijado desde principios de mes. El proceso de envío al subsidio comenzó el pasado 1 de setiembre con un primer grupo de 700 trabajadores, sumándose luego unos 540 operarios adicionales tras una instancia de negociación tripartita entre la empresa, las autoridades y el sindicato. De acuerdo con lo informado por la dirigencia de la Asociación de Operarios y Empleados del Frigorífico Tacuarembó (AOEFRIT), la paralización —justificada por la empresa en la escasez de ganado para faena— se mantendrá en principio durante todo el mes de setiembre, dejando operativas únicamente tareas mínimas de mantenimiento, limpieza y el sector de productos elaborados.
Durante la oratoria realizada en la plaza al término de la marcha, referentes sindicales hicieron uso de la palabra para manifestar su postura sobre el impacto de la medida. Desde la organización denunciaron la situación de los trabajadores afectados y advirtieron sobre el riesgo de eventuales rebajas salariales o modificaciones en las condiciones de trabajo, señalando el impacto que el cese temporal de actividades genera en la economía local y el pequeño comercio del departamento.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (FOICA), Robert Rivas, cuestionó el uso del seguro de paro en la industria frigorífica, sosteniendo que a menudo antecede a reestructuras laborales. En su intervención, Rivas hizo referencia a los cambios en el vínculo entre la empresa y la comunidad local tras la adquisición de la planta por parte del grupo multinacional, e hizo alusión a las recientes inversiones en la infraestructura cuestionando el nivel de derrame económico y empleo genuino generado para los proveedores locales.
La continuidad de las negociaciones laborales y la evaluación del suministro de hacienda para la reactivación de la planta industrial están previstas para la próxima audiencia tripartita, fijada para el próximo 21 de setiembre.
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Política
Junta Departamental: Cuestionan reducción de la jornada laboral y advierten por el estado de San Gregorio y el Polideportivo

Durante el espacio de la media hora previa de la Junta Departamental de Tacuarembó, legisladores de distintas bancadas expusieron preocupaciones sobre la coyuntura laboral del país, el desarrollo cultural y deportivo local, la infraestructura ante el fenómeno de El Niño, y el estado de la costa de San Gregorio de Polanco.
El edil Jorge Rodríguez abrió el debate manifestando su preocupación por los reclamos sindicales orientados a reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales sin reducción salarial, tomando como referencia el conflicto en la industria de la construcción. Rodríguez señaló que una disminución del 10% en la carga horaria sin un incremento correlativo en la productividad resultaría en un aumento de los costos de producción, impactando en las obras públicas, el valor del metro cuadrado y la competitividad del país. Asimismo, hizo una reflexión sobre la «cultura del trabajo» frente a la «proliferación de derechos» y solicitó que sus palabras fueran remitidas al Ministerio de Trabajo, la Cámara de la Construcción y el PIT-CNT.
Por su parte, la edila Susana García destacó el crecimiento del Centro Cultural de Tacuarembó bajo la dirección de Jay Salofe. Según detalló, más de 900 personas participan semanalmente en más de 30 talleres y propuestas de formación. Entre las iniciativas resaltadas se encuentran la consolidación del núcleo sinfónico con más de 100 niños y jóvenes a través del programa «Un niño, un instrumento», la formación del Coro Departamental, la creación del Laboratorio de Inteligencia Artificial tutoreado por un profesional tacuaremboense vinculado a Google en Nueva York, la recuperación de la Sala Rojo y la continuidad del programa «Aula Sala Interior». García elevó además un anteproyecto para declarar de interés social y cultural al evento «La Gran Milongada».
El edil Néstor Brocco centró su intervención en el origen de los fondos para las obras departamentales mediante el artículo 298 de la Constitución de 1996 (FDI y OPP). Cuestionó la gestión actual del Polideportivo de Tacuarembó, asegurando que genera déficit debido a la pérdida de un convenio con la Secretaría Nacional del Deporte que garantizaba el suministro de gas y horas docentes, e interpeló la viabilidad de la climatización de piscinas en otras localidades.
A su turno, la edila Cristina Secco consultó al Ejecutivo Departamental sobre las medidas de prevención planificadas ante las lluvias anunciadas por el fenómeno de El Niño, haciendo hincapié en el deterioro de los caminos de balastro, el tránsito escolar y el mal estado de la Ruta 59 y las cabeceras de sus puentes.
La edila Maímí Larini expresó su preocupación por episodios de violencia reciente y criticó expresiones de figuras políticas nacionales sobre cuestiones de género, solicitando elevar sus expresiones al Parlamento Nacional y ministerios correspondientes.
Finalmente, el edil Gustavo Martínez expuso sobre la erosión costera en San Gregorio de Polanco atribuida al sistema de represas de UTE, anticipando la presentación de un proyecto para exigir la responsabilidad financiera del organismo estatal en la protección de la costa. Asimismo, reiteró sus reclamos hacia el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por perjuicios ocasionados a la firma local Crebio.
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