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Operación Resplandor: La trama de horror y explotación en Tacuarembó se desvela completamente con 13 condenas

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Según fuentes oficiales de nuestro medio, es la primera vez en la historia, que en Tacuarembó se tiene un caso de trata de personas.

La “Operación Resplandor”, que el pasado 5 de junio destapó un centro de internación psiquiátrica clandestino en Rincón de Tranqueras, Tacuarembó, sigue conmocionando a la opinión pública uruguaya. La magnitud de la red de explotación ha sido revelada en una nueva fase del proceso judicial, con la condena de más personas, elevando a 13 el número total de individuos implicados en este macabro caso. Las penas impuestas alcanzan un máximo de cuatro años y seis meses de prisión.

El operativo de rescate, llevado a cabo en la mañana del 5 de junio, fue un despliegue sin precedentes en la zona. Decenas de efectivos policiales, móviles de emergencia, personal de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Fiscalía participaron activamente. Un ómnibus del Ministerio del Interior de Montevideo fue utilizado para trasladar a los 32 residentes a centros de atención especializados en Montevideo y Canelones, donde finalmente recibirán los cuidados y tratamientos que sus delicadas condiciones de salud requieren.

Detalles escalofriantes de la investigación y las condenas

Este jueves 12 de junio, el Jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, y la fiscal del caso, Paula Pereira, ofrecieron declaraciones que arrojaron luz sobre la compleja investigación. La fiscal Paula Pereira destacó la ardua labor que se inició en octubre del año pasado. “Al día de hoy podemos decir que hay 13 personas condenadas en el marco de esta investigación, donde tres de ellas están implicadas en el delito de trata de personas. Fueron en total los 18 delitos que se imputaron a estas 13 personas, delitos conexos a la trata de personas”, afirmó.

Entre los elementos más impactantes encontrados durante los allanamientos, la fiscal confirmó la confiscación de dispositivos electrónicos, teléfonos, armas y picanas eléctricas, que generaron una profunda conmoción. “Junto con la Dirección de Investigaciones y la Fiscalía, fue que se logró imputar a estas personas que al día de hoy están condenadas”, agregó.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada a principios de octubre de 2024 por una ex empleada del residencial, quien también fue imputada y condenada en el marco de este caso. La denuncia fue trasladada a la Dirección Departamental de Salud, institución que la derivó a la Fiscalía, dando inicio a la exhaustiva investigación.

Un centro sin control ni asistencia médica: Las condiciones de los pacientes

La fiscal Pereira reveló las deplorables condiciones en las que operaba el centro. “El lugar no contaba con personal técnico, no contaba con asistencia médica. Lo único que había era una policlínica cerca donde una médica revisaba que los inquilinos tenían algún tipo de fiebre cuando los titulares de la residencia los llevaban”, detalló.

Consultada sobre la posible implicación de personas externas a la residencia, la fiscal indicó que “al momento, las personas que fueron condenadas son los titulares del hogar y aquellas personas que trabajaban en el mismo. El resto de las personas eran las que trabajaron o trabajaban hasta el momento del cierre. Y sí, hay más personas investigadas, pero al momento de eso, no le puedo dar más información”.

Fallecimientos y robo de jubilaciones: Las oscuras consecuencias de la explotación

Otro punto escalofriante revelado por la fiscal fue el registro de fallecimientos en el centro durante sus años de funcionamiento. “Sí, en los últimos años hubo fallecimientos de los cuales algunos se cuentan con las pericias postmortem y, lo único que podemos aportar respecto a eso, es que algunas de estas personas estaban delgadas como otras que hemos visto hasta ahora”, manifestó.

La trama de explotación no solo se limitaba a las condiciones infrahumanas, sino que también incluía un sofisticado esquema de apropiación indebida de jubilaciones y pensiones de los residentes. En un paso más allá, se obtuvieron préstamos a nombre de los usuarios, vinculando a la principal indagada en la causa, e incluso se solicitó un préstamo a nombre de una persona fallecida. Se estima que la maniobra económica total asciende a $U 2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos uruguayos).

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Tacuarembó: Investigan homicidio tras una riña en las inmediaciones de la Plaza del Cementerio

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La Policía de Tacuarembó investiga por estas horas las circunstancias en las que un hombre perdió la vida durante la madrugada de hoy, tras verse involucrado en un violento incidente en las inmediaciones de la Plaza del Cementerio. Por el hecho, que ha sido caratulado de forma primaria como un presunto homicidio, se encuentran varias personas detenidas a disposición de las autoridades judiciales.

El suceso se desencadenó minutos antes de las dos de la mañana, cuando un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre un desorden de magnitud entre varios individuos en la zona referida. Personal policial que se encontraba desplegado en un operativo de alto impacto en la ciudad acudió de inmediato al lugar, hallando a un masculino tendido en la vía pública, sobre la calle Joaquín Correa, entre 25 de Mayo y General Rivera.

Al arribo de los efectivos, el hombre se encontraba inconsciente y presentaba una lesión visible sobre su ojo derecho. Pese a la urgencia con la que se solicitó asistencia médica, el personal sanitario que concurrió al sitio solo pudo constatar el fallecimiento del individuo a la hora 02:05.

De acuerdo a las primeras hipótesis que manejan los investigadores en el lugar del crimen, el deceso se habría producido como consecuencia de una riña. En el marco de las actuaciones llevadas adelante por la Jefatura para esclarecer lo sucedido, se procedió a la detención de varios sospechosos, mientras se aguardan las pericias forenses que determinen con exactitud las causas de la muerte y el grado de participación de los involucrados en la gresca.

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Intenso despliegue policial derivó en diez allanamientos simultáneos en la capital departamental

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En el marco de una serie de investigaciones destinadas a combatir la comercialización de estupefacientes y los recientes hechos de violencia armada, la Jefatura de Policía de Tacuarembó ejecutó el pasado domingo un operativo de gran escala que abarcó diversos puntos críticos de la ciudad. Las intervenciones, coordinadas bajo medidas de seguridad, se concentraron de manera simultánea en los barrios Montevideo, La Sexta, San Gabriel, Don Audemar y Pereira Fontes.

Como resultado de las irrupciones en los distintos domicilios , los efectivos lograron la incautación de armas de fuego de diversos calibres, sumas de dinero en efectivo y una cantidad no especificada de sustancias estupefacientes preparadas para su distribución. La operación culminó con la detención de tres personas, quienes fueron puestas de inmediato a disposición de la Fiscalía correspondiente. Asimismo, fuentes policiales confirmaron que se mantienen activas las órdenes de captura para varios individuos que se encuentran requeridos por la justicia, todos ellos vinculados a episodios de disparos de arma de fuego registrados recientemente en la vía pública, un fenómeno que ha generado creciente preocupación en la comunidad local.

Dictan prisión efectiva para un hombre que destruyó su dispositivo de monitoreo electrónico

La Justicia Letrada de Primer Turno de Tacuarembó dispuso en las últimas horas la condena de un hombre de 27 años de edad, poseedor de un profuso prontuario criminal por delitos de rapiña y hurto, luego de que este vulnerara las medidas cautelares impuestas tras un raid delictivo que incluyó violencia en el ámbito familiar y hurtos a comercios.

El caso tuvo su origen el pasado 20 de marzo, cuando el ahora condenado ingresó a una vivienda situada en la calle Julio César Grauer, sustrayendo diversos efectos pertenecientes a una mujer de 50 años con quien mantiene un vínculo de parentesco. Tras la denuncia radicada por la víctima en la unidad especializada, se dio intervención a la Fiscalía de Segundo Turno. Poco después, el sujeto fue aprehendido en flagrancia por efectivos de la Unidad de Respuesta y Patrullaje mientras intentaba cometer un nuevo hurto en un establecimiento comercial de la calle 25 de Mayo.

Ante estos hechos, la justicia le impuso la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico (tobillera) por un periodo de 180 días. Sin embargo, el encausado procedió a despojarse del aparato, lo que motivó un despliegue del Grupo de Respuesta Táctica (GRT) y personal de patrullaje, quienes lograron su recaptura en las inmediaciones de la Ruta 26 y el barrio Sant Angelo. Finalmente, tras la audiencia correspondiente, fue sentenciado a diez meses de prisión efectiva como autor penalmente responsable de un delito de retiro o destrucción de medios o dispositivos electrónicos.

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Condenaron a un hombre por herir con un arma blanca a su expareja en Tacuarembó

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En una reciente resolución de la Justicia Letrada de Primera Instancia de 1.º Turno, un hombre de 42 años fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de violencia doméstica en concurso con un delito de lesiones personales, tras un violento incidente ocurrido el pasado 13 de marzo en una finca de la calle José Pedro Varela.

Los hechos se desencadenaron cuando el ahora condenado agredió con un arma blanca a quien fuera su pareja, una mujer de 37 años de edad. A raíz del ataque, la víctima debió ser trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde los facultativos le diagnosticaron una herida cortante en su brazo izquierdo. Tras recibir la atención médica correspondiente, la mujer radicó la denuncia formal ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género I, unidad que tomó las riendas de la investigación.

La inmediata intervención de los efectivos policiales, bajo la órbita de las Fiscalías Letradas de 1.º y 2.º Turno y con el apoyo pericial de la Policía Científica, permitió la detención del agresor y su puesta a disposición judicial. Durante la audiencia celebrada en las últimas horas, el magistrado actuante dispuso para el imputado una pena de 12 meses de prisión, la cual se cumplirá bajo un régimen de libertad vigilada.

Dicha sentencia establece que el condenado deberá permanecer los primeros seis meses bajo arresto domiciliario total. Asimismo, se le impuso la obligación de fijar un domicilio fijo, quedar sujeto a la orientación y vigilancia de la DINAMA, presentarse periódicamente ante la seccional policial correspondiente y realizar trabajos comunitarios. Como medida de seguridad adicional para la protección de la víctima, la Justicia ordenó la colocación de un dispositivo electrónico de monitoreo.

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