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Operación Resplandor: La trama de horror y explotación en Tacuarembó se desvela completamente con 13 condenas

Según fuentes oficiales de nuestro medio, es la primera vez en la historia, que en Tacuarembó se tiene un caso de trata de personas.
La “Operación Resplandor”, que el pasado 5 de junio destapó un centro de internación psiquiátrica clandestino en Rincón de Tranqueras, Tacuarembó, sigue conmocionando a la opinión pública uruguaya. La magnitud de la red de explotación ha sido revelada en una nueva fase del proceso judicial, con la condena de más personas, elevando a 13 el número total de individuos implicados en este macabro caso. Las penas impuestas alcanzan un máximo de cuatro años y seis meses de prisión.
El operativo de rescate, llevado a cabo en la mañana del 5 de junio, fue un despliegue sin precedentes en la zona. Decenas de efectivos policiales, móviles de emergencia, personal de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Fiscalía participaron activamente. Un ómnibus del Ministerio del Interior de Montevideo fue utilizado para trasladar a los 32 residentes a centros de atención especializados en Montevideo y Canelones, donde finalmente recibirán los cuidados y tratamientos que sus delicadas condiciones de salud requieren.
Detalles escalofriantes de la investigación y las condenas
Este jueves 12 de junio, el Jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, y la fiscal del caso, Paula Pereira, ofrecieron declaraciones que arrojaron luz sobre la compleja investigación. La fiscal Paula Pereira destacó la ardua labor que se inició en octubre del año pasado. “Al día de hoy podemos decir que hay 13 personas condenadas en el marco de esta investigación, donde tres de ellas están implicadas en el delito de trata de personas. Fueron en total los 18 delitos que se imputaron a estas 13 personas, delitos conexos a la trata de personas”, afirmó.
Entre los elementos más impactantes encontrados durante los allanamientos, la fiscal confirmó la confiscación de dispositivos electrónicos, teléfonos, armas y picanas eléctricas, que generaron una profunda conmoción. “Junto con la Dirección de Investigaciones y la Fiscalía, fue que se logró imputar a estas personas que al día de hoy están condenadas”, agregó.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada a principios de octubre de 2024 por una ex empleada del residencial, quien también fue imputada y condenada en el marco de este caso. La denuncia fue trasladada a la Dirección Departamental de Salud, institución que la derivó a la Fiscalía, dando inicio a la exhaustiva investigación.
Un centro sin control ni asistencia médica: Las condiciones de los pacientes
La fiscal Pereira reveló las deplorables condiciones en las que operaba el centro. “El lugar no contaba con personal técnico, no contaba con asistencia médica. Lo único que había era una policlínica cerca donde una médica revisaba que los inquilinos tenían algún tipo de fiebre cuando los titulares de la residencia los llevaban”, detalló.
Consultada sobre la posible implicación de personas externas a la residencia, la fiscal indicó que “al momento, las personas que fueron condenadas son los titulares del hogar y aquellas personas que trabajaban en el mismo. El resto de las personas eran las que trabajaron o trabajaban hasta el momento del cierre. Y sí, hay más personas investigadas, pero al momento de eso, no le puedo dar más información”.

Fallecimientos y robo de jubilaciones: Las oscuras consecuencias de la explotación
Otro punto escalofriante revelado por la fiscal fue el registro de fallecimientos en el centro durante sus años de funcionamiento. “Sí, en los últimos años hubo fallecimientos de los cuales algunos se cuentan con las pericias postmortem y, lo único que podemos aportar respecto a eso, es que algunas de estas personas estaban delgadas como otras que hemos visto hasta ahora”, manifestó.
La trama de explotación no solo se limitaba a las condiciones infrahumanas, sino que también incluía un sofisticado esquema de apropiación indebida de jubilaciones y pensiones de los residentes. En un paso más allá, se obtuvieron préstamos a nombre de los usuarios, vinculando a la principal indagada en la causa, e incluso se solicitó un préstamo a nombre de una persona fallecida. Se estima que la maniobra económica total asciende a $U 2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos uruguayos).
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“La idea es resolver y no potenciar”: El Alcalde de Paso de los Toros se pronunció sobre el incidente con la Policía

En una conferencia de prensa brindada este lunes en Tacuarembó, el alcalde de Paso de los Toros intentó bajar los decibeles a la fuerte polémica generada tras la muerte de un perro a manos de la policía. El jerarca enfocó su discurso en la necesidad de “resolver y no potenciar” los hechos negativos, mientras se aguardan los resultados de una investigación de urgencia iniciada por el Ministerio del Interior.
“Las instituciones tienen seres humanos y los seres humanos a veces erramos y a veces acertamos”, reflexionó el alcalde al ser consultado por el incidente ocurrido el pasado sábado 31 de enero en el parador municipal. Lejos de entrar en confrontación directa con la fuerza policial o los grupos animalistas, la autoridad local subrayó que el camino a seguir es la capacitación de los funcionarios y el fortalecimiento de los recursos destinados al bienestar animal.
En ese sentido, adelantó que el presupuesto municipal para este año contempla potenciar el refugio de animales de la ciudad, que hoy alberga a unos 200 ejemplares, con el objetivo de retirar a los perros de la vía pública. No obstante, el alcalde fue enfático al señalar que existe una responsabilidad compartida con la ciudadanía: “Hay una ordenanza que las personas tienen que cumplir; no pueden dejar perros en la calle y tienen que hacerse cargo de esa responsabilidad que no han hecho”.
El origen del conflicto
El caso que motiva esta reacción oficial se produjo durante la madrugada del sábado, cuando efectivos de la Comisaría Tercera acudieron a la zona del parador tras recibir denuncias de ataques a transeúntes por parte de una jauría. Según el reporte de la Jefatura de Policía de Tacuarembó, los funcionarios se enfrentaron a una actitud hostil por parte de los canes y, ante la inminencia de un ataque directo, uno de los oficiales utilizó su arma de reglamento para herir al animal más agresivo.
Pese a que el perro fue trasladado en un móvil policial para recibir atención profesional, la veterinaria actuante confirmó su fallecimiento poco tiempo después.
Investigación y repercusiones
La situación escaló rápidamente tras la difusión de videos en redes sociales que capturaron parte del operativo. En las imágenes se observa el momento en que el animal es arrastrado hacia la caja de una camioneta policial, lo que despertó la indignación de colectivos civiles y la intervención inmediata de la Plataforma Animalista.
Actualmente, el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) analiza formalmente la denuncia, mientras que el Ministerio del Interior mantiene abierta una investigación administrativa. Se espera que el análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad y las declaraciones de los testigos presenciales determinen si el uso del arma de fuego estuvo ajustado a los protocolos de actuación policial o si existió un exceso en el ejercicio de la fuerza.
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Investigación y controversia tras la muerte de un can por un disparo policial en Paso de los Toros

La Jefatura de Policía de Tacuarembó inició una información de urgencia para determinar si el uso del arma de reglamento fue justificado. El INBA y colectivos animalistas siguen de cerca el caso tras la difusión de imágenes del operativo.
La ciudad de Paso de los Toros se encuentra conmocionada tras un incidente ocurrido en la madrugada del pasado sábado 31 de enero, que culminó con la muerte de un can de gran porte luego de una intervención de la Comisaría Tercera en el parador municipal. El hecho ha generado versiones encontradas entre la autoridad policial y organizaciones civiles de protección animal.
Los hechos según el reporte oficial
De acuerdo con el comunicado emitido por la Jefatura de Policía de Tacuarembó, los efectivos acudieron al lugar próximo a la hora 01:00, alertados por denuncias de ciudadanos que reportaban el ataque de tres perros contra personas que circulaban por la zona.
El informe policial señala que los funcionarios intentaron, en primera instancia, que el propietario de los animales se hiciera cargo de los mismos, sin obtener una respuesta positiva. Según la versión de los actuantes, los canes mantuvieron una actitud hostil y avanzaron agresivamente hacia los efectivos. Ante la inminencia de un ataque directo y mordidas, uno de los policías utilizó su arma de reglamento, hiriendo al animal más agresivo.
Si bien el animal fue trasladado en el móvil policial hacia la seccional para recibir asistencia veterinaria, la profesional actuante confirmó su posterior fallecimiento.
Denuncia y repercusión social
En contrapartida, la situación cobró notoriedad pública a través de las redes sociales. Un video difundido en las redes sociales muestra el momento en que un funcionario arrastra al animal por una extremidad para subirlo a la caja de la camioneta policial, lo que motivó la denuncia de grupos animalistas.
La organización Plataforma Animalista elevó el caso al Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA). Su presidente, Esteban Vieta, para Montevideo Portal, confirmó que el organismo ya inició averiguaciones preliminares y que este lunes 2 de febrero se analizará formalmente la denuncia, dado que la institución no cuenta con personal operativo durante el fin de semana.
El Ministerio del Interior ha dispuesto una información de urgencia a cargo del Director de Seguridad de la zona. Como parte del proceso administrativo, se analizarán: Filmaciones del operativo, declaraciones de testigos presenciales, indagatorias a los funcionarios involucrados y el informe técnico de la veterinaria que asistió al animal.
Se espera que este lunes se den a conocer las primeras resultancias del procedimiento para determinar si el accionar se ajustó al debido proceso o si corresponden medidas disciplinarias. Asimismo, las autoridades adelantaron que buscarán coordinar protocolos con la Dirección Nacional de Seguridad Rural para el manejo de animales agresivos en la vía pública.
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Justicia de Tacuarembó formaliza a un hombre por múltiples delitos sexuales contra menores

Tras una exhaustiva investigación liderada por la Subdirección de Seguridad y la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género I, un hombre de 49 años fue puesto tras las rejas bajo cargos de extrema gravedad. El sujeto está siendo investigado por reiterados abusos sexuales cometidos contra menores de edad.
La denuncia original fue hecha el pasado 20 de enero. Según fuentes policiales, los hechos no habrían sido aislados, sino que se venían produciendo desde hace tiempo. El trabajo de los investigadores incluyó pericias técnicas y diversas averiguaciones que permitieron conectar al sospechoso con los ilícitos.
Un dato relevante que aceleró el proceso fue el perfil del indagado: el hombre ya poseía un antecedente penal por grooming (ciberacoso a menores), lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad y vigilancia de la Fiscalía Letrada de 2.º turno.
Luego de ser detenido y puesto a disposición de la Justicia, se celebró una audiencia en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de 1.º turno. Ante las pruebas preliminares, se dispuso la formalización de la investigación por una lista de cargos:
Violencia doméstica agravada (reiterados delitos), atentado violento al pudor, abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado.Como medida cautelar, debido a la gravedad de los hechos y el riesgo para las víctimas, la Justicia dictaminó prisión preventiva por un plazo de 90 días mientras se dicta la sentencia definitiva.
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