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Operación Resplandor: La trama de horror y explotación en Tacuarembó se desvela completamente con 13 condenas

Según fuentes oficiales de nuestro medio, es la primera vez en la historia, que en Tacuarembó se tiene un caso de trata de personas.
La “Operación Resplandor”, que el pasado 5 de junio destapó un centro de internación psiquiátrica clandestino en Rincón de Tranqueras, Tacuarembó, sigue conmocionando a la opinión pública uruguaya. La magnitud de la red de explotación ha sido revelada en una nueva fase del proceso judicial, con la condena de más personas, elevando a 13 el número total de individuos implicados en este macabro caso. Las penas impuestas alcanzan un máximo de cuatro años y seis meses de prisión.
El operativo de rescate, llevado a cabo en la mañana del 5 de junio, fue un despliegue sin precedentes en la zona. Decenas de efectivos policiales, móviles de emergencia, personal de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Fiscalía participaron activamente. Un ómnibus del Ministerio del Interior de Montevideo fue utilizado para trasladar a los 32 residentes a centros de atención especializados en Montevideo y Canelones, donde finalmente recibirán los cuidados y tratamientos que sus delicadas condiciones de salud requieren.
Detalles escalofriantes de la investigación y las condenas
Este jueves 12 de junio, el Jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, y la fiscal del caso, Paula Pereira, ofrecieron declaraciones que arrojaron luz sobre la compleja investigación. La fiscal Paula Pereira destacó la ardua labor que se inició en octubre del año pasado. “Al día de hoy podemos decir que hay 13 personas condenadas en el marco de esta investigación, donde tres de ellas están implicadas en el delito de trata de personas. Fueron en total los 18 delitos que se imputaron a estas 13 personas, delitos conexos a la trata de personas”, afirmó.
Entre los elementos más impactantes encontrados durante los allanamientos, la fiscal confirmó la confiscación de dispositivos electrónicos, teléfonos, armas y picanas eléctricas, que generaron una profunda conmoción. “Junto con la Dirección de Investigaciones y la Fiscalía, fue que se logró imputar a estas personas que al día de hoy están condenadas”, agregó.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada a principios de octubre de 2024 por una ex empleada del residencial, quien también fue imputada y condenada en el marco de este caso. La denuncia fue trasladada a la Dirección Departamental de Salud, institución que la derivó a la Fiscalía, dando inicio a la exhaustiva investigación.
Un centro sin control ni asistencia médica: Las condiciones de los pacientes
La fiscal Pereira reveló las deplorables condiciones en las que operaba el centro. “El lugar no contaba con personal técnico, no contaba con asistencia médica. Lo único que había era una policlínica cerca donde una médica revisaba que los inquilinos tenían algún tipo de fiebre cuando los titulares de la residencia los llevaban”, detalló.
Consultada sobre la posible implicación de personas externas a la residencia, la fiscal indicó que “al momento, las personas que fueron condenadas son los titulares del hogar y aquellas personas que trabajaban en el mismo. El resto de las personas eran las que trabajaron o trabajaban hasta el momento del cierre. Y sí, hay más personas investigadas, pero al momento de eso, no le puedo dar más información”.

Fallecimientos y robo de jubilaciones: Las oscuras consecuencias de la explotación
Otro punto escalofriante revelado por la fiscal fue el registro de fallecimientos en el centro durante sus años de funcionamiento. “Sí, en los últimos años hubo fallecimientos de los cuales algunos se cuentan con las pericias postmortem y, lo único que podemos aportar respecto a eso, es que algunas de estas personas estaban delgadas como otras que hemos visto hasta ahora”, manifestó.
La trama de explotación no solo se limitaba a las condiciones infrahumanas, sino que también incluía un sofisticado esquema de apropiación indebida de jubilaciones y pensiones de los residentes. En un paso más allá, se obtuvieron préstamos a nombre de los usuarios, vinculando a la principal indagada en la causa, e incluso se solicitó un préstamo a nombre de una persona fallecida. Se estima que la maniobra económica total asciende a $U 2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos uruguayos).
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Préstamos “gota a gota”: condenan a nueve colombianos que operaban en Tacuarembó y otros tres departamentos

Según informó el Ministerio del Interior, una extensa investigación liderada por la Policía de Tacuarembó, bajo la órbita de la Fiscalía Letrada de Paso de los Toros, culminó en las últimas horas con la condena de nueve personas integrantes de una organización dedicada a los préstamos ilegales bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.
El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 3.ª de Paso de los Toros, contando con un amplio despliegue operativo que involucró a efectivos de la Guardia Republicana, la Brigada Departamental Antidrogas, Policía Comunitaria, Policía Científica, personal de las comisarías 3.ª, 9.ª, 11.ª y 16.ª, y el apoyo de la Jefatura de Policía de Durazno.
La causa se inició en abril de 2026, cuando efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 3.ª interceptaron en Paso de los Toros a un ciudadano colombiano de 30 años que circulaba sin licencia de conducir y con pasaporte vencido. Aunque el hombre alegó residir en Durazno y realizar tareas de reparto para una firma montevideana, las tareas de inteligencia permitieron vincularlo a una red de prestamistas informales.
Según lograron establecer los investigadores, la organización operaba otorgando créditos rápidos a comerciantes y particulares, exigiendo luego intereses que superaban ampliamente los topes legales vigentes. Para asegurar el cobro diario, los integrantes del grupo ejercían un hostigamiento constante sobre los deudores, sin respetar horarios laborales ni el ámbito privado de las víctimas.
El análisis de la información reveló una estructura altamente organizada que llevaba registros detallados de clientes, renovaciones y cancelaciones, además de realizar transferencias entre sí y manejar datos de tarjetas bancarias nacionales e internacionales. La banda se desplazaba en diversos vehículos operando en los departamentos de Tacuarembó, Durazno, Flores y Soriano.

Con las pruebas reunidas y mediante orden judicial gestionada por la Fiscalía, se ejecutaron cuatro allanamientos simultáneos en viviendas del departamento de Durazno. En los operativos se incautó un importante volumen de dinero en efectivo en distintas divisas, vehículos y equipamiento electrónico: más de $ 356.000 uruguayos, US$ 100 dólares estadounidenses, $ 21.800 argentinos, $ 59.000 colombianos y $ 1.000 bolivianos; una camioneta y 13 motocicletas; además de 38 teléfonos celulares, ocho televisores, tres consolas de videojuegos, tres tablets, un monitor, un proyector, una impresora, una trituradora de papel, folletería y documentación contable.
De un total de 25 órdenes de detención libradas por la Justicia, la Policía logró capturar a diez ciudadanos de origen colombiano —seis de ellos con ciudadanía uruguaya adquirida— de entre 18 y 38 años, todos sin antecedentes penales previos. Tras la instancia judicial, un hombre de 27 años recuperó su libertad, mientras que las otras 15 personas involucradas permanecen requeridas y con orden de captura vigente.
En audiencia celebrada ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paso de los Toros, se dispuso la condena de ocho hombres y una mujer —identificados con las iniciales J.C.O.T. (31), J.R.G. (28), J.T.G. (22), B.A.C.G. (26), J.C.H.L. (22), V.R.B. (23), S.G.D. (18), J.M.B.P. (38) y F.E.R.H. (29)— como autores de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de usura agravada en calidad de coautores.
La sentencia establece una pena de 15 meses de prisión, que se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba con las siguientes condiciones: fijar domicilio y quedar sujetos a la orientación y vigilancia de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama); presentarse periódicamente ante la seccional policial correspondiente durante todo el plazo de la condena; cumplir con 80 horas de servicios comunitarios durante los primeros diez meses; y guardar arresto domiciliario nocturno, de 22:00 a 07:00 horas, durante los primeros tres meses.
Finalmente, la Justicia ordenó el decomiso definitivo de la totalidad del dinero, los vehículos y los objetos incautados, al considerarse instrumentos y productos del delito conforme a la legislación vigente.
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Investigación policial culmina con la condena de una persona por fraude informático en Tacuarembó

Un exhaustivo trabajo llevado adelante por el personal de la Dirección de Investigaciones de Tacuarembó permitió esclarecer un hecho ilícito denunciado a principios de mes y culminó con la condena de una persona por un delito de fraude informático.
El procedimiento tuvo su origen tras la presentación de una víctima en la Comisaría 1ª. Según consta en el reporte, la persona denunció que el pasado 6 de octubre había extraviado diversa documentación personal, entre la cual se encontraba una tarjeta de débito. Tras comenzar a recibir notificaciones bancarias por retiros de dinero no autorizados, la damnificada procedió al bloqueo inmediato del plástico y formalizó la denuncia correspondiente.
La investigación del caso fue derivada a la Dirección de Investigaciones, cuyos efectivos ejecutaron diversas diligencias técnicas y operativas para identificar a los responsables. El análisis de la información recabada permitió vincular con las maniobras a una mujer de 38 años, carente de antecedentes penales, y a un hombre de 40 años, poseedor de múltiples antecedentes.
Con los elementos de prueba reunidos, las actuaciones fueron elevadas a la Fiscalía Letrada de 1.º Turno, la cual solicitó a la Justicia las órdenes de detención para ambos sospechosos.
Posteriormente, en la audiencia celebrada ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 1.º Turno, la sede judicial dictó la condena de la mujer identificada con las iniciales C.M.M.O. como autora penalmente responsable de “un delito de fraude informático en calidad de autor, en grado consumado”.
La pena impuesta es de 6 meses de prisión, la cual se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba. Durante este período, la condenada deberá cumplir rigurosamente con una serie de pautas impuestas por la Justicia: fijación de residencia, sujeción a la orientación y vigilancia continua de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama), presentación semanal en la seccional policial de su domicilio y la realización de servicios comunitarios.
Por su parte, el hombre de 40 años que había sido detenido en el marco de las indagatorias recuperó la libertad.
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Condenan a un hombre en Tacuarembó por librar cheques sin fondo

Un hombre de 52 años, identificado con las iniciales R.V.B., fue condenado por la Justicia uruguaya como autor penalmente responsable de un delito continuado de libramiento de cheques carentes de fondos suficientes. El fallo fue dictado por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de 5.º Turno, tras el trabajo de la Fiscalía Letrada de 1.er Turno.
La investigación policial, a cargo de efectivos de la Dirección de Investigaciones, tuvo su origen en una denuncia radicada en el año 2022. La maniobra consistió en el pago de servicios e insumos mediante cheques emitidos por una empresa del departamento. Cuando la víctima intentó cobrarlos, los documentos fueron rebotados por las entidades bancarias al carecer del respaldo económico correspondiente.
Tras diversas diligencias y actuaciones en la órbita de la Fiscalía, los investigadores lograron individualizar y determinar la responsabilidad del implicado, quien carecía de antecedentes penales.
En las últimas horas se dictó la condena a una pena de 9 meses de prisión, la cual se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba. Mientras dure la sanción, el condenado deberá fijar domicilio, someterse a la orientación y vigilancia permanente de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA), presentarse periódicamente en la seccional policial de su zona, realizar trabajo comunitario y cumplir con la prohibición de salir del país.
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