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La Justicia de Tacuarembó encarcela a ladrón que robó un celular a un niño

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Un hombre que había sido liberado por errores en el procedimiento policial tras robar el celular a un niño de seis años, fue finalmente condenado a 15 meses de prisión. La re-detención, lograda con una nueva orden judicial, permitió que la justicia actuara y dictara una sentencia ejemplar.

El incidente ocurrió el sábado pasado, alrededor de las 13:00 horas, en las calles Flores y Washington Beltrán. El delincuente, que se movilizaba en una moto, se acercó a un niño que jugaba en la calle. Según el relato del padre de la víctima, el hombre se puso una gorra y, tras engañar al menor, le arrebató su teléfono, un Xiaomi Note 11 valorado en unos $9.000.

Fallas en el primer procedimiento y re-detención

El autor del hurto fue rápidamente identificado y arrestado por la policía horas después del robo. Sin embargo, un juez declaró la detención como ilegal debido a fallas en el procedimiento. El jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, explicó a Portal del Norte que los agentes no filmaron la detención y que el tiempo transcurrido desde el delito no cumplía con los requisitos para un arresto sin orden judicial. Estas fallas obligaron a la policía a liberar al sospechoso el mismo domingo.

Inmediatamente, la Fiscalía solicitó una nueva orden de detención, que fue emitida el lunes por la mañana. Con esta nueva orden en mano, la policía logró recapturar al individuo, de 27 años y con dos antecedentes penales por hurto.

El teléfono recuperado y la condena final

El Jefe de Policía confirmó que el delincuente ya había negociado la venta del celular. Afortunadamente, el teléfono fue recuperado por los agentes y se encuentra bajo custodia, a la espera de ser devuelto a la familia de la víctima.

La re-detención, que subsanó los errores del primer procedimiento, permitió que el caso llegara a la Justicia. En la tarde de hoy, el responsable del robo fue condenado a 15 meses de prisión efectiva, poniendo fin a un caso que generó indignación en la comunidad.

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Uruguay hace historia: Se aprueba la Ley de Eutanasia, consagrando la “muerte digna” como un derecho

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Uruguay dio un paso trascendental en la legislación de derechos individuales al aprobar, el pasado miércoles, la ley de Muerte Digna, también conocida como eutanasia, tras una decisiva votación en el Senado. Con esta sanción, el país se inscribe en la historia de América como el tercer estado en implementar la legalización de la eutanasia activa, un debate que polarizó a la sociedad y al espectro político durante años. La iniciativa, que había sido presentada inicialmente por el exdiputado colorado Ope Pasquet en marzo de 2020, alcanzó la mayoría necesaria después de que la Cámara de Representantes le diera su visto bueno dos meses atrás, culminando un largo proceso legislativo.

La votación en la Cámara de Senadores se saldó con un resultado de 20 votos a favor y 11 en contra, reflejando las profundas convicciones en juego. El proyecto recibió el respaldo unánime de la bancada del Frente Amplio, y sumó apoyos clave en otros partidos, incluyendo la participación de Pasquet, así como de otros legisladores que entraron a sala en suplencia. Si bien el proyecto fue impulsado desde filas coloradas, las divisiones internas quedaron patentes, especialmente en el Partido Nacional, donde la senadora Graciela Bianchi fue la única en acompañar la medida, mientras que el resto de los nacionalistas optó por el voto negativo. El texto legal, fuertemente inspirado en los modelos aplicados desde 2002 en países como Bélgica y Países Bajos, busca esencialmente garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”, despenalizando la práctica en circunstancias sumamente específicas.

La nueva legislación establece un marco riguroso para la aplicación de la eutanasia, enfocada exclusivamente en personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que se encuentren atravesando la etapa terminal de enfermedades que sean incurables e irreversibles, o que padezcan a causa de ellas un sufrimiento insoportable. El articulado precisa que podrán ampararse a esta ley tanto ciudadanos uruguayos naturales o legales como extranjeros que puedan acreditar fehacientemente su residencia habitual en el territorio. Lejos de ser considerada una “puerta abierta sin control”, como destacaron sus defensores, el proyecto establece un detallado y estricto protocolo de procedimiento, que exige, entre otras garantías, una solicitud voluntaria y escrita del paciente, evaluaciones médicas y psiquiátricas, una segunda opinión independiente, y entrevistas periódicas para confirmar la persistencia de la voluntad de poner fin a su vida ante el dolor.

La voz del interior: El debate de la eutanasia en las posturas de Tacuarembó

Las diferentes sensibilidades que cruzaron el país en este debate quedaron especialmente patentes en las posturas expresadas por los diputados del departamento de Tacuarembó, quienes se pronunciaron sobre la iniciativa a mediados del pasado mes de agosto. Desde la perspectiva de su formación y experiencia, el diputado y médico cirujano nacionalista Alfredo “Cusa” de Mattos expresó su firme rechazo. Con 46 años de trayectoria en el interior, De Mattos ancló su argumento en el deber hipocrático, enfatizando que el rol del médico es “ayudar a bien morir, no matar” cuando ya se agotaron las opciones de curación. El legislador nacionalista subrayó que, en su extensa práctica, la demanda recurrente de los pacientes no ha sido la eutanasia, sino más bien la “contención, apoyo, ayuda en todo lo posible, y que no lo dejara sufrir”. Por ello, destacó la necesidad de redoblar los esfuerzos para fortalecer los cuidados paliativos a lo largo de todo el territorio departamental, reconociendo que la cobertura aún es deficiente fuera de los principales centros.

Alfredo de Mattos (Partido Nacional), Martín Cantera (Partido Colorado) y Gustavo Guerrero (Frente Amplio).

En la otra cara de la moneda, el diputado colorado Martín Cantera manifestó un enérgico apoyo a la ley, posicionándola como una cuestión fundamental de dignidad y libertad de elección. Cantera argumentó que la ley no constituye una vía de escape simplista, sino una garantía de derecho para que los individuos que enfrentan circunstancias extremas puedan decidir sobre su tránsito final. El legislador colorado afirmó que, desde su punto de vista, “la ausencia de esta ley no protege la vida, ya que prolonga el dolor y la agonía”, y puso de relieve la solidez del proyecto en cuanto a las garantías procedimentales que evitan cualquier aplicación descontrolada, mencionando la no aplicación a menores ni a personas con enfermedades tratables. Finalmente, el diputado del Frente Amplio, Gustavo Guerrero, se sumó a la postura de su bancada, enfocando el objetivo primordial de la iniciativa en “el derecho de las personas a decidir por ellas mismas”. Guerrero recalcó que la ley está reservada para casos que él describió como “extremos”, detallando exhaustivamente los estrictos requisitos y el complejo proceso que debe seguirse, el cual incluye una valoración médica exhaustiva, la consideración de alternativas como los cuidados paliativos, y en ciertos escenarios, la intervención de un psiquiatra y una junta médica. Las voces de Tacuarembó, así, resonaron en la discusión nacional, reflejando el dilema ético y legal que finalmente ha resuelto el Parlamento uruguayo.

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Desmantelan red de narcotráfico: condenada una mujer en Paso de los Toros

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Paso de los Toros, 22 de septiembre de 2025 – La Operación Boomerang, un esfuerzo conjunto de la Brigada Departamental Antidrogas y el Grupo de Respuesta Táctica (GRT), ha culminado con una condena clave. Una mujer de 24 años, prófuga de la justicia desde febrero, ha sido sentenciada a dos años y seis meses de prisión efectiva por su participación en la distribución de drogas en la ciudad de Paso de los Toros.

La investigación, que se inició meses atrás, ya había llevado a la condena de un hombre de 38 años en febrero. Sin embargo, las autoridades seguían la pista de esta mujer, cuya implicación en la comercialización de estupefacientes era un eslabón fundamental en la red.

Tras meses de búsqueda, el 20 de septiembre, la mujer, identificada como V.A.A.V., fue finalmente localizada y arrestada en la capital departamental por efectivos del GRT. Al momento de la detención, los agentes incautaron un arsenal de pruebas que la vinculaban directamente con el delito: un arma de fuego con cargador y municiones, sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares.

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de 2.° Turno de Paso de los Toros fue el encargado de dictar la sentencia. La mujer fue hallada culpable de un «delito de suministro de estupefacientes en reiteración real con un delito de porte y tenencia de arma de fuego en lugares públicos a título de dolo directo y en grado consumado».

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Fatal accidente en Avenida Oliver: Conductor enfrenta la Justicia por muerte de niña

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Un trágico suceso ha conmocionado a la comunidad de Tacuarembó, luego de que un accidente vial en la Avenida Oliver le costara la vida a una niña de 11 años. El conductor del camión implicado en el siniestro ha sido puesto a disposición de la Justicia y se ha formalizado la investigación en su contra.

El pasado viernes 12 de septiembre, un día después del fatal incidente, la Justicia llevó a cabo la audiencia de formalización para el camionero. Se le imputa el delito de homicidio culposo, y la Fiscalía ha solicitado una serie de medidas cautelares para asegurar el proceso judicial. El conductor, que permanecía detenido desde el momento del hecho, deberá cumplir con arresto domiciliario nocturno y presentarse una vez por semana ante la Seccional de Policía. Además, se le ha prohibido salir del país y conducir cualquier tipo de vehículo motorizado, con la retención de su licencia.

La investigación sigue su curso, y se espera que los peritajes del Gabinete de Accidentología Vial aporten detalles cruciales para determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro. El abogado del camionero, Martín Sosa, en declaraciones a Radio Tacuarembó, comentó que su defendido es una persona mayor de 50 años, con una vida dedicada al trabajo como camionero y sin antecedentes previos. Sosa indicó que la familia del conductor no ha tenido dificultades y que su defendido no se opone a las medidas cautelares impuestas.

El abogado destacó la existencia de una filmación del suceso que será clave en la investigación. Explicó que en el tipo de camión que conducía su cliente existen varios «puntos ciegos», y que el impacto inicial ocurrió en el extremo derecho de la parte delantera del vehículo, en una curva abierta. El conductor no habría logrado percibir a la menor, lo que, según Sosa, fue el factor determinante del trágico desenlace.

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