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Cerro Largo: Dos personas murieron en un accidente en la intersección de rutas 26 y 7

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Este lamentable hecho ocurrió en la noche de ayer, miércoles, sobre las 22 horas en una intersección entre las rutas 26 y 7 ,en el Departamento de Cerro Largo.

Como explica la Policía Caminera, ambos vehículos colisionaron de manera frontal. Los dos fallecidos fueron atendidos por el Ministerio de Salud Pública (MSP), que confirmaron el fallecimiento de los ocupantes de la camioneta, y diagnosticó sin lesiones al chófer del camión.

El conductor de la camioneta era un hombre identificado como J.A., de 74 años, quien iba acompañado por una mujer de iniciales E.B., de 72 años. Ambos perecieron en el lugar.

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Indignación en Tacuarembó tras la muerte de una bébe y la grave internación de su melliza con signos de violencia

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Un trágico suceso ha conmocionado a la ciudad de Tacuarembó luego de que una bébe de nueve meses falleciera y su hermana melliza fuera internada en estado grave, ambas presentando “muchos signos de violencia”. La madre de las pequeñas, de 22 años, se encuentra detenida y fue formalizada por “dos delitos de homicidio especialmente agravados”.

El pasado sábado, la mujer acudió al Hospital de Tacuarembó con sus dos hijas desvanecidas. A pesar de los esfuerzos médicos, una de las mellizas no pudo ser reanimada y falleció. 

Mientras que su hermana, como informó el director de este hospital, Ciro Ferreira, a VTV  “evoluciona favorablemente y hoy pasaría a sala”.

Hallazgos alarmantes y antecedentes de la madre

Fuentes de la Jefatura de Policía de Tacuarembó informaron que ambas bebes presentaban múltiples lesiones, golpes y hematomas en la cara y en otras partes de la cabeza, lo que alertó a las autoridades sobre la posible violencia sufrida.

La investigación preliminar reveló que la madre, quien reside con su padre, es consumidora de pasta base y cuenta con un antecedente penal por violencia doméstica registrado en junio de 2024. Estos detalles han añadido una capa de complejidad y preocupación al caso.

Formalización y prisión preventiva

Ayer domingo, la fiscal del caso, Ángela Bohnke, dispuso la formalización de la imputada por «dos delitos de homicidio especialmente agravados por el parentesco y muy especialmente agravados por graves sevicias, brutal ferocidad y el concurso, uno de ellos en grado de tentativa, en régimen de reiteración real con un delito continuado de violencia doméstica, en calidad de autora».

Se decretó la prisión preventiva de la mujer por un período de 180 días, mientras se lleva a cabo la investigación y se prepara el juicio oral. Sin embargo, a solicitud de la defensa, se ha dispuesto la reserva de la audiencia, por lo que no se pueden brindar más detalles de los hechos a la prensa.

Reacción social y exigencia de justicia

Este lamentable suceso ha provocado una fuerte reacción en la sociedad de Tacuarembó, que ha manifestado su indignación y condena a través de las redes sociales, exigiendo justicia para las pequeñas víctimas. Las autoridades policiales aguardan la evolución del diagnóstico de la niña internada y los resultados de las averiguaciones por parte de la Dirección de Investigaciones y la Unidad Especializada de Violencia Doméstica para esclarecer completamente lo ocurrido.

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Operativo “Gibones”: Duro golpe al contrabando en la región norte

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En un operativo de gran envergadura denominado “Gibones”, la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN), Regional Norte, ha logrado asestar un duro golpe a organizaciones criminales dedicadas a la introducción ilegal de productos extranjeros al país. La operación, que se inició el martes 17 de junio, se llevó a cabo bajo la órbita de la Fiscalía Semiespecializada de 3.º Turno de Rivera.

La investigación se centró en el seguimiento de grupos que utilizaban caminos y rutas secundarias para evadir los controles aduaneros y policiales. Como resultado, se realizaron 37 allanamientos en locales comerciales y cinco inspecciones en depósitos ubicados en el departamento de Tacuarembó, donde se sospechaba que se almacenaba la mercadería de contrabando.

En el marco de la operación, se emitieron 34 órdenes de detención y se procuró la incautación de 12 vehículos vinculados a las maniobras ilegales. Hasta el momento, 21 personas han sido detenidas y se logró incautar una importante cantidad de mercadería de contrabando, aproximadamente 20.000 kg, que estaba destinada a la venta en los comercios y depósitos allanados. Algunos establecimientos que se encontraban cerrados al momento de los allanamientos fueron abiertos con la asistencia de cerrajeros y en presencia de testigos, siguiendo las instrucciones de la Fiscalía.

El operativo “Gibones” contó con la participación coordinada de diversas fuerzas y organismos, incluyendo equipos de la Regional Norte de la DIPN, Investigaciones de las Jefaturas de Policía de Rivera y Tacuarembó, la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA), la Dirección Nacional de Aduanas y el Ministerio de Ganadería. La mercadería incautada fue trasladada con el apoyo de un camión del Ejército.

Resoluciones judiciales y procesados

Tras las detenciones, la Fiscalía dispuso el emplazamiento de dos mujeres, el cese de detención para una tercera, y el traslado del resto de los detenidos junto con la mercadería incautada. La Justicia ha comenzado a emitir sus primeras resoluciones.

En este sentido, una persona fue condenada como “autor penalmente responsable de un delito de contrabando a la pena de 10 meses de prisión con descuento de la detención sufrida, la que deberá cumplirese en régimen de libertad a aprueba”.

Otra persona fue condenada como autor penalmente responsable responsable de un delito de contrabando a la pena de prisión efectiva.  

Por otro lado, la investigación fue formalizada para dos personas por la presunta comisión de un delito continuo de contrabando por reincidentes en calidad de autor.

Para un grupo de siete personas, la investigación fue formalizada por la presunta comisión de un delito continuado de contrabando en calidad de autor. Para estos individuos, se dispuso el arresto domiciliario total con controles diarios y aleatorios por parte de la autoridad policial en el domicilio fijado por cada imputado por el término de 180 días, con vencimiento automático el día 14 de diciembre de 2025.

Finalmente, la formalización respecto a siete personas por la presunta comisión de un delito continuado de contrabando en calidad de autores resultó en una pena de 20 meses de prisión, la cual deberá cumplirse en régimen de libertad a prueba.

Se dispuso el cese de detención para tres personas.

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Operación Resplandor: La trama de horror y explotación en Tacuarembó se desvela completamente con 13 condenas

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Según fuentes oficiales de nuestro medio, es la primera vez en la historia, que en Tacuarembó se tiene un caso de trata de personas.

La “Operación Resplandor”, que el pasado 5 de junio destapó un centro de internación psiquiátrica clandestino en Rincón de Tranqueras, Tacuarembó, sigue conmocionando a la opinión pública uruguaya. La magnitud de la red de explotación ha sido revelada en una nueva fase del proceso judicial, con la condena de más personas, elevando a 13 el número total de individuos implicados en este macabro caso. Las penas impuestas alcanzan un máximo de cuatro años y seis meses de prisión.

El operativo de rescate, llevado a cabo en la mañana del 5 de junio, fue un despliegue sin precedentes en la zona. Decenas de efectivos policiales, móviles de emergencia, personal de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Fiscalía participaron activamente. Un ómnibus del Ministerio del Interior de Montevideo fue utilizado para trasladar a los 32 residentes a centros de atención especializados en Montevideo y Canelones, donde finalmente recibirán los cuidados y tratamientos que sus delicadas condiciones de salud requieren.

Detalles escalofriantes de la investigación y las condenas

Este jueves 12 de junio, el Jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, y la fiscal del caso, Paula Pereira, ofrecieron declaraciones que arrojaron luz sobre la compleja investigación. La fiscal Paula Pereira destacó la ardua labor que se inició en octubre del año pasado. “Al día de hoy podemos decir que hay 13 personas condenadas en el marco de esta investigación, donde tres de ellas están implicadas en el delito de trata de personas. Fueron en total los 18 delitos que se imputaron a estas 13 personas, delitos conexos a la trata de personas”, afirmó.

Entre los elementos más impactantes encontrados durante los allanamientos, la fiscal confirmó la confiscación de dispositivos electrónicos, teléfonos, armas y picanas eléctricas, que generaron una profunda conmoción. “Junto con la Dirección de Investigaciones y la Fiscalía, fue que se logró imputar a estas personas que al día de hoy están condenadas”, agregó.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada a principios de octubre de 2024 por una ex empleada del residencial, quien también fue imputada y condenada en el marco de este caso. La denuncia fue trasladada a la Dirección Departamental de Salud, institución que la derivó a la Fiscalía, dando inicio a la exhaustiva investigación.

Un centro sin control ni asistencia médica: Las condiciones de los pacientes

La fiscal Pereira reveló las deplorables condiciones en las que operaba el centro. “El lugar no contaba con personal técnico, no contaba con asistencia médica. Lo único que había era una policlínica cerca donde una médica revisaba que los inquilinos tenían algún tipo de fiebre cuando los titulares de la residencia los llevaban”, detalló.

Consultada sobre la posible implicación de personas externas a la residencia, la fiscal indicó que “al momento, las personas que fueron condenadas son los titulares del hogar y aquellas personas que trabajaban en el mismo. El resto de las personas eran las que trabajaron o trabajaban hasta el momento del cierre. Y sí, hay más personas investigadas, pero al momento de eso, no le puedo dar más información”.

Fallecimientos y robo de jubilaciones: Las oscuras consecuencias de la explotación

Otro punto escalofriante revelado por la fiscal fue el registro de fallecimientos en el centro durante sus años de funcionamiento. “Sí, en los últimos años hubo fallecimientos de los cuales algunos se cuentan con las pericias postmortem y, lo único que podemos aportar respecto a eso, es que algunas de estas personas estaban delgadas como otras que hemos visto hasta ahora”, manifestó.

La trama de explotación no solo se limitaba a las condiciones infrahumanas, sino que también incluía un sofisticado esquema de apropiación indebida de jubilaciones y pensiones de los residentes. En un paso más allá, se obtuvieron préstamos a nombre de los usuarios, vinculando a la principal indagada en la causa, e incluso se solicitó un préstamo a nombre de una persona fallecida. Se estima que la maniobra económica total asciende a $U 2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos uruguayos).

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