La bancada de ediles de la fuerza de izquierda anunció gestiones ante el Intendente por el programa “Uruguay Impulsa” y ofreció una conferencia para aclarar el alcance y la gratuidad del nuevo sistema de control del transporte.

En una conferencia de prensa emitida por la emisora CX 140, la bancada de ediles del Frente Amplio de Tacuarembó, acompañada por el diputado Gustavo Guerrero, fijó postura sobre dos temas de fuerte impacto económico y social para el departamento: la alarmante falta de empleo local y la controversia nacional en torno a la implementación de la Guía de Carga para el transporte profesional.

La coordinadora de la bancada de ediles, Cecilia Rodríguez, anunció que en los próximos días presentarán una nota formal al Intendente Departamental para solicitar de manera urgente la ampliación de los cupos del programa “Uruguay Impulsa”.

Rodríguez calificó la situación laboral de Tacuarembó como “crítica”, argumentando que el índice de desocupación es considerablemente elevado. La edila fundamentó el pedido en una desproporción flagrante entre la oferta y la demanda del programa: «Sabemos que a Tacuarembó le corresponderían unos 200 y poquitos cupos para ese programa, y se anotaron alrededor de 5,000 personas. La Intendencia, por voluntad propia y amparada en la ley, puede extender ese cupo», afirmó Rodríguez, lamentando que dos anteproyectos similares presentados en el período anterior no obtuvieron respuesta por parte del Ejecutivo comunal.

El segundo tramo de la conferencia estuvo dedicado a la Guía de Carga, una herramienta tecnológica que ha generado rispideces y protestas por parte de transportistas autoconvocados. Fernando Micheloni, integrante de la Comisión de Transporte de la Junta Departamental, señaló que tras recibir a los trabajadores en el deliberativo, constataron que muchas de las afirmaciones que circulan “no se corresponden con la realidad”.

Para profundizar en los aspectos técnicos, la bancada cedió la palabra a Roberto Regina, un experto con más de cuatro décadas de trayectoria en el sector empresarial del transporte. Regina aclaró de forma tajante los puntos que han generado mayor confusión en la opinión pública.

En primer lugar, explicó que el sistema está diseñado para el transporte pesado macro. Los camiones chicos (de 3,500 a 5,000 kg) que trasladan leña o unas pocas cabezas de ganado a las ferias locales no entran en este satélite de control y seguirán circulando con la documentación tradicional.

Ante las versiones que hablaban de una recaudación millonaria y un costo por guía, el experto desmintió las cifras de los autoconvocados. «Ya la ministra aclaró que la guía no va a tener costo», enfatizó, explicando que los decretos antiguos que fijaban un precio nunca se aplicaron y serán sustituidos por una nueva reglamentación. Asimismo, indicó que actualmente existen unos 20 pórticos instalados en las rutas que se encuentran en fase de prueba de software. “Nadie está multando a nadie, esa información es inexacta”, aclaró, añadiendo que el Ministerio de Transporte planea aplicar una etapa preventiva con incentivos antes de hacer efectivas las sanciones.

De acuerdo con el análisis de los ediles y del propio Regina, el verdadero rechazo a la guía radica en la trazabilidad que ofrecerá sobre los horarios de manejo de los choferes y la formalización del empleo.

Se hizo hincapié en que el transporte de carga es uno de los principales motores de la economía nacional, pero arrastra niveles importantes de irregularidad. “Los choferes ganan bien en la mano, a veces 100,000 pesos, pero las grandes empresas aportan al BPS por 30,000 pesos. Cuando ese chofer se va a jubilar, lo hace por un monto mucho menor. Ahí hay una evasión que es lo que se quiere corregir”, explicaron los ediles.

La Guía de Carga, nacida originalmente en la Ley 17.296 del año 2001, funcionará como un contrato digital obligatorio entre el dador del flete y el transportista. Desde el Frente Amplio local aseguraron que las puertas al diálogo siguen abiertas para contemplar todas las logísticas y realidades del sector antes de que el instrumento sea de fiscalización obligatoria.

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La sesión ordinaria de la Junta Departamental de Tacuarembó inició con el espacio de media hora previa, donde se trataron diversos asuntos de seguridad, empleo, infraestructura y discrepancias políticas entre los ediles.

En materia de seguridad, el edil del Partido Nacional, Maik Migliarini, en conjunto con la edila Leonela Sánchez, presentó una nota firmada por vecinos y familiares de la Escuela N° 146. En el documento se solicita el servicio de guardia policial 222 debido al ingreso de personas ajenas a la institución. El pedido fue derivado a la Inspección Departamental de Primaria, la dirección del centro educativo, la comisión fomento, la Jefatura de Policía y el Ministerio del Interior.

Por su parte, la edil del Frente Amplio, Analía Tambasco, expuso su preocupación por el aumento de hechos delictivos en el departamento. Citó casos de robos de herramientas a trabajadores y daños en vehículos de funcionarios del hospital local. Solicitó formalmente a la Intendencia y a la Jefatura de Policía coordinar esfuerzos para incrementar el patrullaje, especialmente en horarios nocturnos y en zonas afectadas por bocas de venta de droga.

En el área laboral, la edil nacionalista, Ana Baraybar, informó que el programa Impulsa (Jornales Solidarios) cerró sus inscripciones en Tacuarembó con 5.540 personas anotadas para disputar un total de 213 puestos de trabajo mediante sorteo. Baraybar señaló la falta de políticas de atracción de inversiones por parte del gobierno departamental y mencionó como ejemplo el desarrollo de una planta forestal industrial en el departamento de Rivera.

Posteriormente, la edil del Frente Amplio, Karina Pérez, dio cuenta de la aprobación por unanimidad en el Parlamento Nacional de la Ley de Empleo Integral. Detalló que la norma establece subsidios de entre un cuarto y un tercio del salario para la contratación de jóvenes desempleados, mujeres, afrodescendientes, personas trans, personas con discapacidad y personas liberadas del sistema carcelario, además de fijar controles de laudos por parte del Ministerio de Trabajo.

Respecto a la infraestructura del interior, el edil nacionalista, Alfredo La Paz, solicitó al Ejecutivo Departamental estudiar la viabilidad de construir un cementerio en la localidad de Peralta. Asimismo, pidió al municipio de Paso de los Toros la instalación de garitas y bancos en las paradas de ómnibus, la colocación de luminarias en la calle Dr. Monestier y la reparación de un badén en la intersección de Manuel Oribe y Emilia Graci.

En la misma línea, la nacionalista,  edila Nibia Da Silva, transmitió reclamos de los habitantes de Paso de los Toros sobre el estado de las veredas, la obstrucción de la vía pública por barandas de cocheras particulares y la falta de poda de árboles que afectan las líneas de cableado y reducen la visibilidad del alumbrado público.

En el plano político, el edil Maik Migliarini denunció un cruce con el presidente de la Comisión de Finanzas, manifestando que este le advirtió que no se le permitiría hacer uso de la palabra en dicho ámbito tras intervenciones previas sobre exfuncionarios de la corporación. Migliarini anunció que solicitó copias de expedientes y pedidos de informes para respaldar sus afirmaciones.

Finalmente, la edila Ana Baraybar reconoció la implementación del proyecto “Cabildo Joven” en el municipio de Paso de los Toros, pero señaló que la iniciativa corresponde a una propuesta presentada originalmente por la edila Fernanda Acosta, de la bancada Corrientes por el Cambio, cuestionando que no se mencionara la autoría de la propuesta.

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En el marco de una sesión extraordinaria, la Junta Departamental de Tacuarembó aprobó por unanimidad de 31 ediles el presupuesto quinquenal que regirá el funcionamiento del deliberativo durante el período 2026-2030. Tras esta votación, el documento fue elevado al Tribunal de Cuentas de la República (TCR) para su correspondiente control, tras lo cual retornará al legislativo local para su sanción definitiva. Una vez completado este proceso, el presupuesto tendrá vigencia retroactiva a partir del 1 de enero de 2026.

La proyección financiera aprobada establece un gasto incremental año a año para el quinquenio. Para el ejercicio 2026 se asignaron $181.064.003, cifra que ascenderá a $199.566.672 en 2027 y a $213.703.441 en 2028. Para el cierre del período, las partidas fijadas son de $232.350.110 para 2029 y de $245.572.816 para el año 2030.

Dentro de los acuerdos alcanzados en materia de estructura funcional, se determinó mantener el cargo de Prosecretario. Asimismo, se resolvió no suprimir los puestos de chofer ni de encargado de amplificación, modificando la intención inicial de eliminarlos una vez que sus actuales ocupantes se acogieran a la jubilación.

En lo que respecta a los funcionarios de la corporación, el nuevo presupuesto contempla una recuperación salarial del 1,5% anual, sumado al otorgamiento de tres partidas de tickets anuales por un valor de $6.000 cada una, las cuales se ajustarán según el Índice de Precios al Consumo (IPC). A su vez, se implementó un régimen de retiro incentivado que otorgará el equivalente a 12 sueldos para aquellos empleados que, contando con la causal jubilatoria, inicien el trámite formal en un plazo máximo de 120 días corridos a partir de la configuración de dicha causal.

Para el cuerpo de ediles, el presupuesto regula el sistema de reintegros mensuales, fijando un total de 12,40 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) —equivalentes a $85.113,60 según el valor actual de la BPC de $6.864—. Dicho monto se distribuirá en 5,83 BPC para el edil titular y 6,87 BPC para la línea de suplentes. Como contrapartida y requisito obligatorio para acceder al cobro de estos reintegros, los legisladores deberán registrar un mínimo del 50% de asistencia a las sesiones mensuales.

Finalmente, el documento presupuestal incorpora partidas específicas destinadas a la suscripción de convenios con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) para el financiamiento de becas laborales. En paralelo, se aprobó la contratación de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) con el objetivo de realizar un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) sobre el funcionamiento administrativo y operativo de la Junta Departamental.

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