Una investigación liderada por la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Tacuarembó culminó en las últimas horas con la condena de una mujer de 23 años, responsable de una serie de maniobras fraudulentas que afectaron a ciudadanos en diversos puntos del territorio nacional. La encausada, identificada mediante las iniciales B.T.D., fue hallada culpable de 23 delitos de estafa tras un exhaustivo seguimiento de denuncias que daban cuenta de un mismo modus operandi basado en el engaño digital.

El proceso judicial tuvo su génesis a partir de una denuncia radicada en Tacuarembó, donde una de las víctimas relató haber sido engañada tras intentar adquirir un teléfono celular promocionado en una red social. Según consta en las actuaciones policiales, el damnificado efectuó el pago del dispositivo a través de un giro de dinero en una red de cobranzas local, bajo la promesa de recibir el aparato de forma inmediata. Sin embargo, una vez concretada la transacción financiera, el vendedor interrumpió toda comunicación y el producto nunca fue entregado.

Ante la gravedad del hecho, el personal de Investigaciones inició una serie de diligencias que permitieron establecer la identidad de la sospechosa y constatar que su radio de acción no se limitaba únicamente al departamento de Tacuarembó, sino que abarcaba múltiples jurisdicciones. La orden de detención librada a nivel nacional dio frutos recientemente en el departamento de Lavalleja, donde la policía local logró interceptar a la mujer en el marco de indagatorias por hechos de similar naturaleza ocurridos en esa zona.

La resolución del caso fue posible gracias a la estrecha coordinación entre ambas unidades policiales, lo que permitió centralizar las actuaciones y presentar un cúmulo de evidencias contundentes ante la sede judicial. Tras la audiencia celebrada en el Juzgado Letrado de 1.º Turno de Lavalleja, la magistratura actuante dispuso la condena de B.T.D. a una pena de 18 meses de prisión efectiva. La sentencia reafirma la trazabilidad de los delitos cometidos en entornos virtuales, que a pesar del anonimato inicial que ofrecen las redes, dejan una huella que la inteligencia policial logró reconstruir para resarcir, en términos penales, a las más de veinte víctimas registradas en este caso.

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En una reciente resolución judicial, se ha dispuesto el reexamen de la investigación relativa al fallecimiento de Pablo Yamir Méndez, conocido como “El Negro Gaucho”, quien murió en octubre de 2024 mientras se encontraba recluido en la Unidad No. 26 de Tacuarembó. La causa, que había sido archivada por la fiscalía de primer turno a finales del año pasado, será retomada por un nuevo fiscal designado por la Fiscalía General de la Nación tras un recurso de revisión presentado por la familia y su asesor legal, el Dr. Cley Espinosa.

Méndez, un artesano y malabarista de 41 años, poseía un estilo de vida bohemio y era una figura ampliamente conocida y apreciada en la comunidad local. Su ingreso al sistema penitenciario se produjo el 25 de septiembre de 2024, tras ser condenado a dos años de prisión efectiva por un delito de suministro de estupefacientes. La detención generó controversia desde su inicio, dado que se trataba de un consumidor habitual de marihuana —sustancia de venta legal en farmacias— y sus antecedentes penales más cercanos databan de hacía casi dos décadas.

Durante su estadía en el centro penitenciario, Méndez permaneció la totalidad del tiempo en una “celda de ingreso” o de tránsito. Según el informe detallado de la Oficina del Comisionado Parlamentario (OCP), estas instalaciones consisten en recintos de dimensiones reducidas, con escasa ventilación y luz solar, y en el caso específico de la celda asignada, sin iluminación artificial funcional. El informe de la OCP califica este régimen de reclusión como “cruel, inhumano o degradante”, subrayando que el aislamiento se prolongó por 20 días en un espacio diseñado para una permanencia máxima de 48 horas.

La versión oficial inicial del incidente apuntaba a un suicidio. Sin embargo, la familia Méndez ha sostenido desde el comienzo sus dudas sobre esta conclusión, apoyándose en el hecho de que Pablo no había manifestado ideas de autoeliminación previamente y en testimonios que indican un deterioro de su estado emocional debido al encierro. Además, se reportó que el día anterior a su deceso, Méndez realizó una llamada telefónica a sus familiares en la que expresó temor por su integridad física, afirmando que si no lograba un traslado, su destino sería fatal.

Ayer en una entrevista en Radio Tacuarembó, Espinosa destacó que el archivo del caso fue prematuro, señalando que existen diligencias pendientes y que la investigación debe considerar figuras como el abuso de autoridad o la omisión del deber de custodia. Por su parte, el Comisionado Parlamentario denunció que se detectaron testimonios de abusos verbales y disciplinarios por parte de funcionarios, así como la irregularidad de haber encargado a otro interno la vigilancia de Méndez. Con la reapertura del expediente, la justicia busca esclarecer si las omisiones administrativas y las condiciones de reclusión influyeron directamente en el desenlace del interno, garantizando así el derecho a la verdad exigido por sus allegados.

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La justicia de Tacuarembó dio un paso decisivo en uno de los casos más estremecedores de los últimos tiempos. La fiscal de Segundo Turno, Dra. Ángela Bonque, presentó la acusación formal contra una mujer de 22 años, imputándole la muerte de una de sus hijas mellizas de tan solo nueve meses y las graves lesiones provocadas a la otra.

Bajo los cargos de homicidio especialmente agravado y violencia doméstica continuada, el Ministerio Público ha solicitado la pena máxima prevista en el ordenamiento jurídico uruguayo: 30 años de penitenciaría, seguidos de 15 años de medidas de seguridad eliminativas.

El caso estalló el 21 de junio de 2025, cuando la ahora acusada se presentó en el Hospital Regional con sus dos pequeñas hijas, Haitiana y Julieta, en estado de inconsciencia. Pese a los esfuerzos médicos, la pequeña Haitiana falleció a raíz de múltiples fracturas craneales, producto de una violencia física que, según la investigación, no fue un hecho aislado.

Su hermana, Julieta, logró sobrevivir tras una prolongada internación en el CTI pediátrico. La fiscalía sostiene que ambas niñas fueron víctimas de un “trato violento sostenido” prácticamente desde su nacimiento. Incluso, el expediente recoge indicios de negligencia previa al parto, señalando que la mujer decidió no concurrir a la cesárea programada a pesar de cursar un embarazo gemelar de alto riesgo.

La Dra. Bonque fue contundente respecto a la responsabilidad de la imputada. Ante la posibilidad de que la defensa intente alegar una supuesta incapacidad mental, la fiscalía cuenta con tres pericias forenses que confirman que la mujer actuó con plena conciencia de la criminalidad de sus actos.

“La investigación ha reunido indicios, pruebas materiales y testimonios presenciales que acreditan nuestra teoría del caso”, afirmó la magistrada a los medios locales.

Mientras la pequeña sobreviviente permanece bajo la custodia de sus abuelos maternos, el proceso judicial entra ahora en una etapa de plazos técnicos. La defensa dispone de 30 días para responder a la acusación.

Se espera que, tras la audiencia de control de pruebas, el caso desemboque en un juicio oral dentro de unos meses, donde se determinará si se aplica la histórica condena de 45 años solicitada por la Fiscalía.

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