La Operación «Resplandor», que destapó el horror en un centro de internación psiquiátrica clandestino en Rincón de Tranqueras, Tacuarembó, continúa revelando la extensión de la red de explotación. En una nueva fase de este proceso judicial, se han dictado sentencias de condena para tres personas más, elevando a un total de ocho los individuos implicados en este caso que ha conmovido a la opinión pública.

Este trabajo, llevado a cabo por efectivos de la Dirección de Investigaciones bajo la órbita de la Fiscalía de 2do Turno, ha sido meticuloso y persistente. La jornada del sábado marcó un nuevo hito con la audiencia celebrada en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 5to Turno de Tacuarembó, donde se formalizaron las nuevas condenas.

Uno de los sentenciados, F.O.R., fue condenado a 24 meses de prisión por un delito de abandono de incapaces en concurso formal con delitos de omisión de asistencia en reiteración real, junto a delitos de violencia privada, privación de libertad y lesiones. La pena se cumplirá bajo un régimen de libertad a prueba, que incluye seis meses de arresto domiciliario total con la colocación de un dispositivo de rastreo electrónico. Los 18 meses restantes los pasará en libertad, con la obligación de presentarse semanalmente en la Seccional de la jurisdicción de su domicilio, realizar 30 horas de trabajo comunitario, fijar domicilio y no modificarlo sin previo aviso, además de participar en el plan de orientación y vigilancia que DINAMA le asigne.

Asimismo, N. O. R. y C.J.R.T. recibieron una pena de 24 meses de prisión, también a cumplirse en régimen de libertad a prueba. Fueron encontrados responsables de un delito de abandono de incapaces en concurso formal con delitos de omisión de asistencia, violencia privada en reiteración real, sumado a delitos de privación de libertad, lesiones y amenazas. Las condiciones para ambos son similares a las de F.O.R. En el caso de N. O. R., deberá cumplir 12 meses de arresto domiciliario total con dispositivo electrónico, y los 12 meses restantes en libertad a prueba. Para C.J.R.T., se dispusieron seis meses de arresto domiciliario total con dispositivo electrónico, y durante los 18 meses subsiguientes, permanecerá en régimen de libertad a prueba.

Estas nuevas condenas evidencian la profundidad de la investigación y el compromiso de las autoridades por desentrañar por completo esta red de abusos. La Operación «Resplandor» sigue activa, y cada nueva sentencia es un paso más hacia la justicia para las víctimas de este lamentable suceso. 

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En una operación conjunta sin precedentes, denominada «Resplandor», las autoridades uruguayas desmantelaron un centro de internación psiquiátrica clandestino en Rincón de Tranqueras, Tacuarembó, donde más de 30 personas vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad, siendo víctimas de malos tratos, desnutrición, encadenamiento, violencia física y trabajo forzado. La intervención, que se inició el pasado 5 de junio, culminó ayer con la condena de cinco implicados y el cierre definitivo del establecimiento.

La investigación, liderada por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional bajo la órbita de la Fiscalía de 2do Turno, se extendió por varios meses, revelando la alarmante precariedad y el incumplimiento de normativas básicas en el centro. El Jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, confirmó a Radio Tacuarembó la gravedad de la situación.

El dramático rescate, que tuvo lugar el 5 de junio, movilizó a decenas de efectivos policiales, móviles de emergencia, personal del Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Fiscalía. Un ómnibus del Ministerio del Interior fue clave para trasladar a los 32 residentes, entre adultos mayores y jóvenes con diversas patologías de salud mental, a centros especializados en Montevideo y Canelones, donde ya reciben la atención y los cuidados necesarios.

Vídeo aportado por el Ministerio del Interior.

«Operación Resplandor»: La justicia actúa con contundencia

En una audiencia celebrada el 6 de junio en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Primer Turno de Tacuarembó, la justicia dictaminó la condena de cinco personas involucradas en la red de explotación:

N. B. F. B. fue condenado a cuatro años y seis meses de penitenciaría por una lista de delitos escalofriantes que incluyen trata de personas en concurso formal con reducción a la esclavitud, servidumbre o trabajo forzado, asociación para delinquir, abuso de inferioridad de los incapaces, abandono de incapaces, omisión de asistencia, violencia privada, suministro de estupefacientes, privación de libertad, amenazas, lesiones, estafa, fraude informático, apropiación indebida y falsificación ideológica de documento privado.

F. H. G. F. recibió una pena de cuatro años y un mes de penitenciaría como autor penalmente responsable de trata de personas y en concurso formal con reducción a esclavitud, servidumbre o trabajo forzado, asociación para delinquir, abuso de la inferioridad de los incapaces, omisión de asistencia, violencia privada, privación de libertad, lesiones, tenencia no autorizada de arma de fuego y disparo de arma de fuego.

M. D. C. M. G. fue condenada a cuatro años y un mes de penitenciaría por trata de personas en concurso formal con reducción a esclavitud, servidumbre o trabajo forzado, asociación para delinquir, abuso de la inferioridad de los incapaces, abandono de incapaces, omisión de asistencia, violencia privada, suministro de estupefacientes, privación de libertad, amenazas y lesiones.

Además, otras dos personas fueron condenadas a penas de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba, con condiciones estrictas que incluyen arresto domiciliario, presentación en seccional, trabajo comunitario y participación en planes de orientación.

Las autoridades informaron que los condenados no poseen antecedentes penales, lo que subraya la naturaleza de esta operación como un golpe directo a una red de explotación organizada. La “Operación Resplandor” continúa abierta, y se espera una nueva audiencia hoy para otros tres indagados, lo que sugiere que podrían surgir más detalles y responsables en este caso.

Cierre definitivo y garantía de derechos

Ayer, 6 de junio, el director Departamental de Salud por Tacuarembó, Ignacio Souza, y el director del MIDES, Tabaré Amaral, brindaron una conferencia de prensa para ofrecer más detalles sobre la intervención.

«El MSP resolvió el cierre definitivo de un establecimiento de adultos pacientes con patologías psiquiátricas porque no tiene las garantías que necesitaba para el cuidado de esos residentes desde el punto de vista sanitarios, derechos y desde la calidad de vida», afirmó Ignacio Souza.

Souza destacó la coordinación interinstitucional en el traslado de los pacientes: «El traslado de estos pacientes fue con la atención de ASSE, quien fue quien los laboró plenamente al traslado. El ómnibus fue de la Policía Comunitaria y junto a ese traslado venía un equipo técnico del Mides». Además, señaló que «los residentes eran de varios departamentos del país y eran usuarios con patologías de salud mental», lo que evidencia el alcance de la red.

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Una impactante operación policial y sanitaria se llevó a cabo esta mañana en un centro de internación para personas con patologías psiquiátricas en Rincón de Tranqueras, Tacuarembó. Más de 30 residentes, entre adultos mayores y jóvenes con diversas problemáticas de salud mental, eran presuntamente víctimas de malos tratos generalizados, desnutrición, encadenamiento, violencia física y trabajo forzado en condiciones inhumanas.

Según informó el Jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, a Radio Tacuarembó, la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional llevaba un tiempo desarrollando una pesquisa sobre este centro. Las indagaciones preliminares revelaron que el lugar operaba con condiciones muy precarias, sin cumplir las normativas básicas para este tipo de instituciones.

En el operativo de rescate participaron decenas de efectivos policiales, móviles de emergencia, personal de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Fiscalía. Un ómnibus del Ministerio del Interior de Montevideo fue utilizado para trasladar a los 32 residentes a centros de atención especializados en Montevideo y Canelones, donde recibirán el tratamiento y los cuidados que sus condiciones de salud requieren.

Las instituciones involucradas, incluyendo el MIDES y la Dirección Departamental de Salud, han decidido proceder con el cierre definitivo de este centro de salud. La investigación sobre los responsables de estos hechos continúa, y el Jefe Pereira adelantó que se registrarán varias detenciones en el día de hoy. Más adelante se revelarán los delitos por los cuales serán imputados los implicados, mientras la Fiscalía sigue trabajando activamente en el caso.

Aclaración sobre los malos tratos

Consultado sobre las denuncias de “malos tratos de todo tipo, no les dan alimentos, los tienen encadenados, reciben violencia de golpes, los hacen trabajar como esclavos y las condiciones son inhumanas”, el Jefe de Policía Pereira explicó que, luego de que las autoridades tuvieran conocimiento de estas preseuntas situaciones, tanto el MIDES como la Dirección Departamental de Salud realizaban visitas al lugar cada dos días, con el fin de prevenirlos. Afirmó que, en los últimos tiempos, “no había esa situaciones”.

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