Política
Polémica en Tacuarembó: Denuncia penal por presunta alteración de un decreto departamental

Un escenario de honda preocupación institucional se ha instalado en la Junta Departamental tras la formalización de una denuncia penal ante la Fiscalía. Los ediles del sector Correntada por el Cambio, perteneciente al Partido Nacional, denuncian la “adulteración” de un documento público, alegando que el texto de un decreto aprobado por el plenario fue modificado antes de ser remitido al Poder Ejecutivo Departamental.
El eje de la controversia
El pasado 16 de octubre, el legislativo departamental sesionó con el fin de modificar el régimen de designación del Secretario General del organismo. Históricamente, dicho cargo respondía a la propuesta de la lista mayoritaria —vinculada directamente al Intendente—, pero una mayoría de 16 ediles votó por otorgar al cuerpo la soberanía plena para proponer y elegir a dicho funcionario.
En esa misma jornada, bajo la nueva normativa, se designó a Jorge Ferreira como Secretario General. Sin embargo, la controversia estalló horas después, cuando se constató que la resolución enviada al Ejecutivo no coincidía estrictamente con lo redactado y votado en sala.
“Vulneración de la voluntad”
En declaraciones a la prensa local, el edil Gustavo Martínez explicó que el punto de conflicto radica en la cláusula de vigencia. Según el denunciante, el texto original establecía que la resolución debía cumplirse de manera inmediata. No obstante, el documento que llegó al despacho del Intendente fue modificado para permitir su promulgación o veto.
“Se adulteró una norma para que fuera vetada. No se respetó la soberanía de los 16 votos del cuerpo”, sostuvo Martínez, enfatizando que la denuncia no es una iniciativa individual sino una acción de bancada con respaldo jurídico.
El edil señaló que, de existir dudas sobre la legalidad de lo votado, el mecanismo correspondiente debió ser un recurso ante la Suprema Corte de Justicia y no la modificación administrativa del acta. “Nadie está facultado para vulnerar la voluntad del órgano jerarca, que es el plenario”, sentenció.

Funcionarios en defensa de la gestión
La respuesta desde el sector administrativo no se hizo esperar. A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, los funcionarios de la Junta Departamental manifestaron su rechazo a las acusaciones.
El texto, que cuenta con numerosas firmas, expresa un sólido respaldo a los trabajadores del área administrativa, a quienes consideran víctimas de acusaciones “injustas”. Asimismo, manifestaron su apoyo al Presidente del organismo, calificando la denuncia penal como un acto que daña la integridad de la institución.
Incertidumbre administrativa
Mientras la justicia inicia las actuaciones correspondientes, la situación funcional de Jorge Ferreira es de absoluta precariedad. Pese a haber sido designado por la mayoría de los ediles, el veto del Ejecutivo —sustentado en el documento cuestionado— ha limitado sus facultades. Según trascendió, el funcionario no puede ordenar gastos ni ejercer la plenitud de sus tareas, habiendo recibido incluso comunicaciones para abandonar su despacho, todo esto según comentó el edil Martínez.
La fiscalía deberá ahora determinar si existió una irregularidad administrativa o si, efectivamente, se incurrió en un delito de falsificación o adulteración de documento público en el marco de la actividad legislativa departamental.
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Junta Departamental: Cuestionan reducción de la jornada laboral y advierten por el estado de San Gregorio y el Polideportivo

Durante el espacio de la media hora previa de la Junta Departamental de Tacuarembó, legisladores de distintas bancadas expusieron preocupaciones sobre la coyuntura laboral del país, el desarrollo cultural y deportivo local, la infraestructura ante el fenómeno de El Niño, y el estado de la costa de San Gregorio de Polanco.
El edil Jorge Rodríguez abrió el debate manifestando su preocupación por los reclamos sindicales orientados a reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales sin reducción salarial, tomando como referencia el conflicto en la industria de la construcción. Rodríguez señaló que una disminución del 10% en la carga horaria sin un incremento correlativo en la productividad resultaría en un aumento de los costos de producción, impactando en las obras públicas, el valor del metro cuadrado y la competitividad del país. Asimismo, hizo una reflexión sobre la «cultura del trabajo» frente a la «proliferación de derechos» y solicitó que sus palabras fueran remitidas al Ministerio de Trabajo, la Cámara de la Construcción y el PIT-CNT.
Por su parte, la edila Susana García destacó el crecimiento del Centro Cultural de Tacuarembó bajo la dirección de Jay Salofe. Según detalló, más de 900 personas participan semanalmente en más de 30 talleres y propuestas de formación. Entre las iniciativas resaltadas se encuentran la consolidación del núcleo sinfónico con más de 100 niños y jóvenes a través del programa «Un niño, un instrumento», la formación del Coro Departamental, la creación del Laboratorio de Inteligencia Artificial tutoreado por un profesional tacuaremboense vinculado a Google en Nueva York, la recuperación de la Sala Rojo y la continuidad del programa «Aula Sala Interior». García elevó además un anteproyecto para declarar de interés social y cultural al evento «La Gran Milongada».
El edil Néstor Brocco centró su intervención en el origen de los fondos para las obras departamentales mediante el artículo 298 de la Constitución de 1996 (FDI y OPP). Cuestionó la gestión actual del Polideportivo de Tacuarembó, asegurando que genera déficit debido a la pérdida de un convenio con la Secretaría Nacional del Deporte que garantizaba el suministro de gas y horas docentes, e interpeló la viabilidad de la climatización de piscinas en otras localidades.
A su turno, la edila Cristina Secco consultó al Ejecutivo Departamental sobre las medidas de prevención planificadas ante las lluvias anunciadas por el fenómeno de El Niño, haciendo hincapié en el deterioro de los caminos de balastro, el tránsito escolar y el mal estado de la Ruta 59 y las cabeceras de sus puentes.
La edila Maímí Larini expresó su preocupación por episodios de violencia reciente y criticó expresiones de figuras políticas nacionales sobre cuestiones de género, solicitando elevar sus expresiones al Parlamento Nacional y ministerios correspondientes.
Finalmente, el edil Gustavo Martínez expuso sobre la erosión costera en San Gregorio de Polanco atribuida al sistema de represas de UTE, anticipando la presentación de un proyecto para exigir la responsabilidad financiera del organismo estatal en la protección de la costa. Asimismo, reiteró sus reclamos hacia el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por perjuicios ocasionados a la firma local Crebio.
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Wilson Ezquerra: “Pediremos la emergencia vial para reconstruir los caminos de Tacuarembó”

El intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, brindó un panorama sobre los principales desafíos que enfrenta el departamento en materia de caminería, empleo e infraestructura edilicia durante una entrevista con la emisora local Radio Tacuarembó. El jerarca confirmó que la acumulación de lluvias —que en varias zonas superó los 500 milímetros, más del doble del promedio habitual— provocó severos daños en el entramado vial y anunció que la comuna viene completando un relevamiento técnico para presentar ante el Poder Ejecutivo. En los próximos días, el Congreso de Intendentes evaluará junto al Gobierno Nacional la posibilidad de declarar la emergencia vial para gestionar auxilio financiero que permita recomponer los caminos vecinales y las calles urbanas más afectadas.
En materia de obras públicas y prevención urbana, Ezquerra se refirió al desempeño de la represa de contención sobre el arroyo Sandú, a la altura de la Ruta 26. Destacó que la estructura cumplió su cometido al retener las aguas procedentes de sectores como los barrios Godoy y Lledo, mitigando el impacto de las crecidas en la ciudad capital, aunque confirmó que se proyecta una segunda obra de contención en la zona. Asimismo, el jefe departamental repasó el plan de recambio a luminarias LED en diversos barrios —donde en varios puntos solo se aguarda la habilitación eléctrica de UTE— y remarcó la importancia de coordinar previamente con OSE la renovación de cañerías antiguas de fibrocemento antes de pavimentar, evitando así posteriores roturas en el asfalto.

La situación del sector agroindustrial también formó parte de la agenda departamental. Tras mantener un encuentro con directivos del Frigorífico Tacuarembó, el intendente expresó su profunda preocupación por la inestabilidad de la principal planta industrial del territorio. Las dificultades generadas por la falta de ganado para faena y las complicaciones operativas vinculadas al mercado chino han provocado incertidumbre en la plantilla de trabajadores. Ezquerra señaló la disposición de la intendencia para colaborar en lo que sea necesario, al tiempo que confió en las instancias de diálogo y mediación entre la patronal, el gremio y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Finalmente, el intendente repasó los avances de las obras orientadas a la descentralización del departamento. Entre los proyectos en marcha, destacó la adjudicación de la Rambla sobre el Río Negro en Paso de los Toros, la próxima inauguración del gimnasio de Curtina en un plazo no mayor a 30 días, la etapa final de la terminal de ómnibus en Villa Ansina y el avance en la construcción del estadio de Caraguatá y del gimnasio de Achar. A su vez, confirmó que la comisión organizadora de la Fiesta de la Patria Gaucha ya se encuentra trabajando de cara a su 40ª edición, buscando consolidar el predio de la Laguna de las Banderas como un espacio permanente dedicado a la tradición departamental.
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Política
La Junta Departamental de Tacuarembó designó a Alexa Pamela Toribio Ulguin como nueva Secretaria General

En el marco de la sesión ordinaria celebrada el pasado jueves 20 de agosto de 2026, la Junta Departamental de Tacuarembó resolvió la designación de Alexa Pamela Toribio Ulguin para ocupar el cargo de Secretaria General del organismo legislativo, una función que se encontraba vacante.
El punto fue tratado como primer asunto del orden del día a propuesta de la bancada de la Lista 50 y requirió una votación nominal. Tras una instancia inicial que arrojó 17 votos favorables sobre 30 ediles presentes, el edil Rubén Roura solicitó la ratificación de la votación, resultando finalmente aprobada por 18 votos afirmativos contra 13 negativos.

Durante el intercambio de fundamentaciones de voto, los ediles respaldantes —entre los que se expresaron Abel Ritzel, Yosiana López, Juan Legelén, Lidia Ferreira, Maik Migliarini y Adriana Velázquez— destacaron la idoneidad, juventud, trayectoria política como edila y experiencia de Toribio en el Congreso Nacional de Ediles. Asimismo, remarcaron su capacidad de mediación, disposición al diálogo y apertura institucional con todas las tiendas políticas.
Por su parte, las posturas contrarias y abstenciones argumentaron objeciones al procedimiento administrativo empleado. En particular, el edil Gustavo Martínez sostuvo que la tramitación presentaba irregularidades vinculadas a observaciones previas y recursos pendientes en el ámbito judicial respecto a la normativa aplicable, motivo por el cual resolvió no emitir voto en sala. Otros curules manifestaron su voto en negativo o se expresaron críticamente sobre el apuro en el tratamiento del asunto, mientras que ediles del oficialismo defendieron la legitimidad constitucional y reglamentaria de la decisión adoptada.
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