Política
Polémica en Tacuarembó: Denuncia penal por presunta alteración de un decreto departamental
Un escenario de honda preocupación institucional se ha instalado en la Junta Departamental tras la formalización de una denuncia penal ante la Fiscalía. Los ediles del sector Correntada por el Cambio, perteneciente al Partido Nacional, denuncian la “adulteración” de un documento público, alegando que el texto de un decreto aprobado por el plenario fue modificado antes de ser remitido al Poder Ejecutivo Departamental.
El eje de la controversia
El pasado 16 de octubre, el legislativo departamental sesionó con el fin de modificar el régimen de designación del Secretario General del organismo. Históricamente, dicho cargo respondía a la propuesta de la lista mayoritaria —vinculada directamente al Intendente—, pero una mayoría de 16 ediles votó por otorgar al cuerpo la soberanía plena para proponer y elegir a dicho funcionario.
En esa misma jornada, bajo la nueva normativa, se designó a Jorge Ferreira como Secretario General. Sin embargo, la controversia estalló horas después, cuando se constató que la resolución enviada al Ejecutivo no coincidía estrictamente con lo redactado y votado en sala.
“Vulneración de la voluntad”
En declaraciones a la prensa local, el edil Gustavo Martínez explicó que el punto de conflicto radica en la cláusula de vigencia. Según el denunciante, el texto original establecía que la resolución debía cumplirse de manera inmediata. No obstante, el documento que llegó al despacho del Intendente fue modificado para permitir su promulgación o veto.
“Se adulteró una norma para que fuera vetada. No se respetó la soberanía de los 16 votos del cuerpo”, sostuvo Martínez, enfatizando que la denuncia no es una iniciativa individual sino una acción de bancada con respaldo jurídico.
El edil señaló que, de existir dudas sobre la legalidad de lo votado, el mecanismo correspondiente debió ser un recurso ante la Suprema Corte de Justicia y no la modificación administrativa del acta. “Nadie está facultado para vulnerar la voluntad del órgano jerarca, que es el plenario”, sentenció.
Funcionarios en defensa de la gestión
La respuesta desde el sector administrativo no se hizo esperar. A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, los funcionarios de la Junta Departamental manifestaron su rechazo a las acusaciones.
El texto, que cuenta con numerosas firmas, expresa un sólido respaldo a los trabajadores del área administrativa, a quienes consideran víctimas de acusaciones “injustas”. Asimismo, manifestaron su apoyo al Presidente del organismo, calificando la denuncia penal como un acto que daña la integridad de la institución.
Incertidumbre administrativa
Mientras la justicia inicia las actuaciones correspondientes, la situación funcional de Jorge Ferreira es de absoluta precariedad. Pese a haber sido designado por la mayoría de los ediles, el veto del Ejecutivo —sustentado en el documento cuestionado— ha limitado sus facultades. Según trascendió, el funcionario no puede ordenar gastos ni ejercer la plenitud de sus tareas, habiendo recibido incluso comunicaciones para abandonar su despacho, todo esto según comentó el edil Martínez.
La fiscalía deberá ahora determinar si existió una irregularidad administrativa o si, efectivamente, se incurrió en un delito de falsificación o adulteración de documento público en el marco de la actividad legislativa departamental.
Portal de Norte