Un hombre de 52 años, identificado con las iniciales R.V.B., fue condenado por la Justicia uruguaya como autor penalmente responsable de un delito continuado de libramiento de cheques carentes de fondos suficientes. El fallo fue dictado por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de 5.º Turno, tras el trabajo de la Fiscalía Letrada de 1.er Turno.

La investigación policial, a cargo de efectivos de la Dirección de Investigaciones, tuvo su origen en una denuncia radicada en el año 2022. La maniobra consistió en el pago de servicios e insumos mediante cheques emitidos por una empresa del departamento. Cuando la víctima intentó cobrarlos, los documentos fueron rebotados por las entidades bancarias al carecer del respaldo económico correspondiente.

Tras diversas diligencias y actuaciones en la órbita de la Fiscalía, los investigadores lograron individualizar y determinar la responsabilidad del implicado, quien carecía de antecedentes penales.

En las últimas horas se dictó la condena a una pena de 9 meses de prisión, la cual se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba. Mientras dure la sanción, el condenado deberá fijar domicilio, someterse a la orientación y vigilancia permanente de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA), presentarse periódicamente en la seccional policial de su zona, realizar trabajo comunitario y cumplir con la prohibición de salir del país.

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Un operativo de la Brigada Departamental Antidrogas finalizó con la detención y condena de un joven de 20 años que trasladaba sustancias estupefacientes a bordo de un ómnibus de transporte interdepartamental desde la capital hacia el departamento de Tacuarembó.

El procedimiento se desencadenó el pasado 1.º de octubre, tras recibir información confidencial que alertaba sobre el posible traslado de sustancias ilícitas. Ante esta situación, los efectivos montaron dispositivos de vigilancia y control en diversas frecuencias de transporte de pasajeros.

El despliegue policial rindió sus frutos a la altura del kilómetro 384 de la Ruta Nacional N.º 5. En ese punto, las autoridades interceptaron al sospechoso inmediatamente después de descender del vehículo con una mochila.

Durante el registro personal e inspección del equipaje, los agentes hallaron dos teléfonos celulares y un envoltorio con una sustancia sospechosa. Tras las pericias reactivas correspondientes, se confirmó que el paquete contenía pasta base de cocaína.

El detenido, quien ya contaba con antecedentes penales por delito de hurto, fue puesto de forma inmediata a disposición de la Fiscalía Letrada de 1.º Turno.

Posteriormente, en la audiencia celebrada ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de 1.º Turno, la Justicia dictó la condena del indagado como autor penalmente responsable de un delito de suministro de estupefacientes. Deberá cumplir una pena de dos años y ocho meses de penitenciaría efectiva.

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El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de 1.º turno dictó sentencia condenatoria para un hombre de 36 años, sin antecedentes penales previos, tras hallarlo autor penalmente responsable de un delito de abuso sexual cometido contra dos niñas de 7 años. El imputado deberá cumplir una pena de 2 años y 2 meses de penitenciaría efectiva.

El caso tuvo su origen en noviembre de 2025, cuando la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género I recibió la denuncia formal sobre los hechos. Bajo la órbita de la Fiscalía Letrada de 1.º turno, las autoridades policiales iniciaron un exhaustivo proceso de investigación que incluyó toma de declaraciones, recolección de pruebas e informes periciales para esclarecer lo sucedido.

En las primeras etapas del proceso, la Justicia dispuso como medida cautelar la prohibición de acercamiento y comunicación del indagado hacia las víctimas en un radio de 500 metros durante 180 días, mientras se completaban las pericias correspondientes. Tras recabar los elementos de convicción necesarios, la Fiscalía libró la orden de detención, la cual fue efectuada recientemente por los efectivos de la Unidad Especializada.

Además de la pena privativa de libertad, la resolución judicial estableció un conjunto de severas medidas accesorias, entre las que se incluye el pago de una reparación patrimonial a las víctimas equivalente a 12 salarios mínimos y su posterior inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.

Por otra parte, la sentencia determinó la pérdida e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guardia o tenencia de menores, personas con discapacidad y adultos mayores en situación de dependencia. Asimismo, el condenado quedó inhabilitado por el plazo de 10 años para ejercer cargos públicos o privados en las áreas de educación, salud o cualquier otra actividad que implique un trato directo con niños, niñas o personas vulnerables.

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