Fotos: Diego Gómez|

La ciudad de Tacuarembó atraviesa horas de profunda incertidumbre y emergencia debido a la fuerte crecida del arroyo Tacuarembó Chico, cuyo nivel alcanzó los 7,30 metros tras una jornada de lluvias intensas en todo el departamento. El desborde del cauce ha transformado el paisaje urbano en un escenario de calles anegadas y barrios aislados, obligando a las autoridades locales a activar protocolos de evacuación inmediata y a reorganizar el tránsito en puntos neurálgicos de la capital.

El impacto de la inundación se percibe con especial dureza en las zonas recreativas y periféricas. El emblemático Parque Rodó muestra sus puestos de tortas fritas y juegos infantiles bajo agua, mientras que la Laguna de las Lavanderas y la zona de Paso El Bote han sido completamente sobrepasadas por la corriente. En el Barrio Sandú, la situación es crítica: las familias han tenido que improvisar defensas y, en los casos más extremos, alistar botes para vigilar sus propiedades, mientras observan cómo el agua brota desde los suelos de sus dormitorios, destruyendo muebles y pertenencias a su paso.

De acuerdo con la información proporcionada a Canal 7 por Martín Saralegui, representante del Centro de Emergencias Departamental (CECOED), actualmente se registran 11 personas evacuadas —alojadas en el Club Central— y más de una veintena de autoevacuados. Saralegui destacó que el número de desplazados podría ser mayor, pero muchos vecinos optan por permanecer en sus hogares inundados por temor a la inseguridad y la pérdida de sus bienes materiales. Desde el organismo se ha hecho un llamado enfático a que la población en riesgo solicite ayuda a través del 911 durante las horas del día para evitar rescates nocturnos de alta peligrosidad.

La logística urbana también ha sufrido un duro golpe. Juan Carlos Osorio, desde el área de Tránsito, para el mismo medio, detalló un complejo esquema de cortes que incluye la interrupción de la avenida Seco Aparicio y desvíos en las calles Gutiérrez Ruiz y Lavalleja para mitigar el caos en las horas pico. La Terminal de Ómnibus ha visto sus operaciones afectadas, con varias empresas de transporte interdepartamental obligadas a atender fuera de sus plataformas habituales debido al agua acumulada en la zona de la rambla y la calle Ituzaingó. Se recomienda a los viajeros verificar la situación de sus servicios antes de asistir a la terminal.

Este panorama es el resultado directo de acumulados pluviales extraordinarios en el departamento, según los registros de la Jefatura de Policía de Tacuarembó. Localidades como Achar alcanzaron los 156 mm, Curtina 145 mm y San Gregorio de Polanco 140 mm, mientras que la capital departamental registró 80 mm. Aunque el reporte de las 19:16 horas indicaba que el nivel del arroyo comenzaba a estabilizarse al cesar las lluvias, el comité de emergencia se mantiene en sesión permanente, vigilando de cerca los barrios Rivera, Oliva y Echeverry, históricamente vulnerables a este tipo de fenómenos climáticos.

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Foto: Canal 7|

El clima de tensión se trasladó a las puertas de la Intendencia Departamental. Un grupo de vecinos de la zona de la calle 25 de Agosto y la Rambla, en el barrio Sandú, inició un acampe por tiempo indeterminado. La razón es urgente: una notificación judicial les advierte que, de no abandonar sus hogares antes del 25 de mayo, serán desalojados mediante el uso de la fuerza pública.

La movilización, encabezada por Silvia Rodríguez y Adrián Suárez, busca visibilizar el drama humano detrás de un litigio de tierras que, según los ocupantes, tiene raíces generacionales. Para Silvia Rodríguez, el conflicto no es solo legal, sino de identidad. Ella asegura que su familia habita ese lugar desde hace más de 100 años, pasando por sus abuelos y su padre, Pedro Rodríguez. Según su relato, el terreno fue objeto de una disputa legal que su padre habría ganado en el pasado, pero tras su fallecimiento y el paso de más de dos décadas, un abogado habría apelado en Montevideo logrando revertir la situación a favor de un privado sin que la familia fuera notificada del proceso.

La valorización del terreno tras la construcción de la Rambla es señalada por los vecinos como el motivo principal detrás del interés por recuperarlo. Sin embargo, el costo social es elevado: el censo realizado por los propios vecinos arroja una cifra de 30 familias afectadas, que incluyen a 27 niños y adolescentes, así como personas mayores con problemas de salud, como un hombre que padece Parkinson y una mujer de 72 años con movilidad reducida.

La precariedad económica es el principal obstáculo para un realojo autónomo. Adrián Suárez explicó que la mayoría de los habitantes viven de “changas” y de la venta callejera de alimentos, lo que les impide acceder a un alquiler o tener ahorros para una mudanza de emergencia. Ante la falta de recursos, las familias exigen una solución inmediata que pase por quedarse en el lugar o ser incluidos en un plan de viviendas dignas.

Como medida de fuerza, los niños han dejado de asistir a la escuela y al jardín para permanecer en el acampe. Los manifestantes aseguran que no se retirarán de las puertas de la Intendencia hasta ser recibidos por el Intendente Departamental, buscando una salida política antes de que el 25 de mayo el desalojo se haga efectivo con el apoyo de la policía. Mientras tanto, el grupo sobrelleva la espera con ollas populares y la convicción de defender lo que consideran su única herencia legítima.

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El Juez Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de 5to. Turno, Óscar Suárez, dictó sentencia definitiva contra el militar retirado Carlos Chaine, condenándolo a siete años de penitenciaría por crímenes cometidos durante la última dictadura militar. La resolución, fechada el 2 de marzo de 2026, establece la responsabilidad de Chaine como coautor de cuatro delitos de privación de libertad, en concurrencia con reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones personales.

Los hechos que motivaron la condena se remontan a febrero de 1976 en el Regimiento de Caballería Mecanizada Nº5 de Tacuarembó. Según el expediente judicial, las víctimas —militantes del Partido Comunista del Uruguay identificados como Emilio Toribio, Ariel Zapata, Carlos Pintos, Julio Basualdo, María del Carmen Rebuffo y María Elvira Gómez— fueron sometidas a torturas sistemáticas que incluyeron plantones prolongados, el uso de la picana eléctrica, colgamientos y simulacros de fusilamiento, además de violencia psicológica y trabajos forzados degradantes.

La causa judicial, que se extendió durante 14 años desde su apertura en marzo de 2012, enfrentó diversas dilatorias procesales interpuestas por la defensa, centradas principalmente en recursos de prescripción. A lo largo del proceso, varios de los militares y un médico inicialmente denunciados fallecieron, quedando Chaine como el principal responsable supérstite alcanzado por la sentencia.

El fallo del magistrado, que consta de más de 40 carillas, se sustenta en una sólida base probatoria documental y testimonial. El juez Suárez destacó la «convergencia fáctica» en los relatos de las víctimas, quienes describieron con precisión el cuartel en construcción y el uso de carpas con piso de madera, detalles que el propio Chaine admitió en sus declaraciones. Esta coincidencia situó al indagado en el mismo espacio físico y temporal que los detenidos.

Asimismo, informes del Ministerio de Defensa y actas de la antigua Justicia Militar confirmaron que Chaine revistaba como Alférez y encargado de obras en dicha unidad al momento de los hechos. La sentencia subraya que su rol como encargado de obra le otorgaba un conocimiento exhaustivo del predio y un «dominio operativo» que facilitó la ejecución del plan delictivo y el mantenimiento de la coacción sobre los civiles detenidos.

El dictamen judicial concluye que la participación de Chaine fue necesaria para la consumación de los apremios físicos, señalando que el encausado integraba el círculo de confianza del aparato represivo local en Tacuarembó hace cinco décadas.

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