La sesión ordinaria de la Junta Departamental de Tacuarembó inició con el espacio de media hora previa, donde se trataron diversos asuntos de seguridad, empleo, infraestructura y discrepancias políticas entre los ediles.

En materia de seguridad, el edil del Partido Nacional, Maik Migliarini, en conjunto con la edila Leonela Sánchez, presentó una nota firmada por vecinos y familiares de la Escuela N° 146. En el documento se solicita el servicio de guardia policial 222 debido al ingreso de personas ajenas a la institución. El pedido fue derivado a la Inspección Departamental de Primaria, la dirección del centro educativo, la comisión fomento, la Jefatura de Policía y el Ministerio del Interior.

Por su parte, la edil del Frente Amplio, Analía Tambasco, expuso su preocupación por el aumento de hechos delictivos en el departamento. Citó casos de robos de herramientas a trabajadores y daños en vehículos de funcionarios del hospital local. Solicitó formalmente a la Intendencia y a la Jefatura de Policía coordinar esfuerzos para incrementar el patrullaje, especialmente en horarios nocturnos y en zonas afectadas por bocas de venta de droga.

En el área laboral, la edil nacionalista, Ana Baraybar, informó que el programa Impulsa (Jornales Solidarios) cerró sus inscripciones en Tacuarembó con 5.540 personas anotadas para disputar un total de 213 puestos de trabajo mediante sorteo. Baraybar señaló la falta de políticas de atracción de inversiones por parte del gobierno departamental y mencionó como ejemplo el desarrollo de una planta forestal industrial en el departamento de Rivera.

Posteriormente, la edil del Frente Amplio, Karina Pérez, dio cuenta de la aprobación por unanimidad en el Parlamento Nacional de la Ley de Empleo Integral. Detalló que la norma establece subsidios de entre un cuarto y un tercio del salario para la contratación de jóvenes desempleados, mujeres, afrodescendientes, personas trans, personas con discapacidad y personas liberadas del sistema carcelario, además de fijar controles de laudos por parte del Ministerio de Trabajo.

Respecto a la infraestructura del interior, el edil nacionalista, Alfredo La Paz, solicitó al Ejecutivo Departamental estudiar la viabilidad de construir un cementerio en la localidad de Peralta. Asimismo, pidió al municipio de Paso de los Toros la instalación de garitas y bancos en las paradas de ómnibus, la colocación de luminarias en la calle Dr. Monestier y la reparación de un badén en la intersección de Manuel Oribe y Emilia Graci.

En la misma línea, la nacionalista,  edila Nibia Da Silva, transmitió reclamos de los habitantes de Paso de los Toros sobre el estado de las veredas, la obstrucción de la vía pública por barandas de cocheras particulares y la falta de poda de árboles que afectan las líneas de cableado y reducen la visibilidad del alumbrado público.

En el plano político, el edil Maik Migliarini denunció un cruce con el presidente de la Comisión de Finanzas, manifestando que este le advirtió que no se le permitiría hacer uso de la palabra en dicho ámbito tras intervenciones previas sobre exfuncionarios de la corporación. Migliarini anunció que solicitó copias de expedientes y pedidos de informes para respaldar sus afirmaciones.

Finalmente, la edila Ana Baraybar reconoció la implementación del proyecto “Cabildo Joven” en el municipio de Paso de los Toros, pero señaló que la iniciativa corresponde a una propuesta presentada originalmente por la edila Fernanda Acosta, de la bancada Corrientes por el Cambio, cuestionando que no se mencionara la autoría de la propuesta.

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En el marco de una sesión extraordinaria, la Junta Departamental de Tacuarembó aprobó por unanimidad de 31 ediles el presupuesto quinquenal que regirá el funcionamiento del deliberativo durante el período 2026-2030. Tras esta votación, el documento fue elevado al Tribunal de Cuentas de la República (TCR) para su correspondiente control, tras lo cual retornará al legislativo local para su sanción definitiva. Una vez completado este proceso, el presupuesto tendrá vigencia retroactiva a partir del 1 de enero de 2026.

La proyección financiera aprobada establece un gasto incremental año a año para el quinquenio. Para el ejercicio 2026 se asignaron $181.064.003, cifra que ascenderá a $199.566.672 en 2027 y a $213.703.441 en 2028. Para el cierre del período, las partidas fijadas son de $232.350.110 para 2029 y de $245.572.816 para el año 2030.

Dentro de los acuerdos alcanzados en materia de estructura funcional, se determinó mantener el cargo de Prosecretario. Asimismo, se resolvió no suprimir los puestos de chofer ni de encargado de amplificación, modificando la intención inicial de eliminarlos una vez que sus actuales ocupantes se acogieran a la jubilación.

En lo que respecta a los funcionarios de la corporación, el nuevo presupuesto contempla una recuperación salarial del 1,5% anual, sumado al otorgamiento de tres partidas de tickets anuales por un valor de $6.000 cada una, las cuales se ajustarán según el Índice de Precios al Consumo (IPC). A su vez, se implementó un régimen de retiro incentivado que otorgará el equivalente a 12 sueldos para aquellos empleados que, contando con la causal jubilatoria, inicien el trámite formal en un plazo máximo de 120 días corridos a partir de la configuración de dicha causal.

Para el cuerpo de ediles, el presupuesto regula el sistema de reintegros mensuales, fijando un total de 12,40 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) —equivalentes a $85.113,60 según el valor actual de la BPC de $6.864—. Dicho monto se distribuirá en 5,83 BPC para el edil titular y 6,87 BPC para la línea de suplentes. Como contrapartida y requisito obligatorio para acceder al cobro de estos reintegros, los legisladores deberán registrar un mínimo del 50% de asistencia a las sesiones mensuales.

Finalmente, el documento presupuestal incorpora partidas específicas destinadas a la suscripción de convenios con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) para el financiamiento de becas laborales. En paralelo, se aprobó la contratación de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) con el objetivo de realizar un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) sobre el funcionamiento administrativo y operativo de la Junta Departamental.

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La Junta Departamental de Tacuarembó celebró una nueva Sesión Ordinaria en la que, durante el espacio de la “Media Hora Previa”, se expusieron diversas problemáticas locales, reclamos de descentralización económica y balances de gestión.

En el ámbito de la infraestructura y los servicios locales, el Suplente de Edil Aníbal Madrid trasladó la solicitud de los vecinos del barrio Artigas para dar continuidad a la calle Cirilo Rodríguez, una vía clave para el acceso de los alumnos a la Escuela N° 111 tras el cierre de un paso vecinal. Por su parte, la Edila Dorys Silva requirió formalmente al Intendente Wilson Ezquerra y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la instalación de un semáforo en el cruce de la Ruta 5 y la calle Luis Alberto de Herrera en Paso de los Toros, fundamentado en el incremento del tránsito pesado y la falta de visibilidad. Asimismo, Silva reclamó la habilitación de dispositivos ya cableados en las intersecciones de Baltasar Brum y Rómulo Mangini, y en Bulevar Artigas y Emilia Grassi.

En materia educativa, Madrid reportó que el Instituto de Formación Docente enfrenta la falta de profesores en 27 asignaturas curriculares, lo que genera retrasos en las trayectorias de los estudiantes. Denunció además los costos de traslado y las dificultades de transporte que asumen los alumnos que deben viajar a las sedes del CERP en Rivera y Salto para cursar unidades optativas, así como quienes provienen de localidades del interior del departamento.

El debate económico y de descentralización territorial estuvo marcado por los cuestionamientos al sistema impositivo y a los subsidios nacionales. El edil Madrid criticó el desfasaje de seis meses que afrontan los pequeños productores entre el pago del Impuesto del 1% a los semovientes en las intendencias y su posterior deducción como crédito fiscal en el BPS. A su vez, el Dr. Gustavo Martínez expuso ante la sala la necesidad de revisar los criterios del gasto público nacional, argumentando que el subsidio al boleto de la zona metropolitana —estimado entre 100 y 120 millones de dólares— se financia con recursos de todo el país, mientras que el interior productivo asume altos costos logísticos y un precio de combustible de $61,72 por litro. Martínez propuso redirigir esos fondos hacia la caminería rural y el gasoil productivo, solicitando enviar sus palabras al Congreso Nacional de Ediles y al Senado de la República.

En el rubro de reconocimientos y desarrollo social, el Prof. Néstor Brocco felicitó la iniciativa de homenajear al atleta de 17 años Bruno Núñez, actual campeón nacional Sub 20, y solicitó gestiones del Ejecutivo departamental para obtener patrocinios de empresas privadas que ayuden a costear su preparación física. En tanto, la Edila Azucena Sánchez destacó el logro de los estudiantes de Caraguatá Yani Carmona, Maicol Vidarte y Dahiana Silva, quienes junto a la profesora Paula Farías ganaron la competencia en el Antel Arena y clasificaron para representar a Uruguay en Corea del Sur el próximo mes de octubre. Sánchez resaltó la infraestructura recreativa y el apoyo logístico brindado a la comunidad del interior.

Finalmente, la Mtra. Susana García presentó la rendición de cuentas del programa “Tacuarembó Emprende” correspondiente al encuentro anual del 29 de mayo. Al cierre de abril de 2026, el proyecto reportó un fondo disponible para financiamiento de U$S 467.501,12 y una cartera activa de 75 beneficiarios con créditos vigentes, totalizando U$S 153.855,54 volcados al circuito productivo urbano y rural. Entre las acciones destacadas se mencionaron el apoyo tecnológico al sector agropecuario, las capacitaciones en manipulación de alimentos y la actividad de la planta apícola departamental, que procesó 22.617 kilogramos de miel en la zafra 2025-2026. Asimismo, se anunció la creación de la línea “Emprende Turismo”, la cual dispondrá de U$S 200.000 para financiar hasta 50 proyectos del sector con un tope de U$S 4.000 por emprendimiento.

Todos los planteos e informes presentados durante la sesión fueron derivados por la Mesa del Presidente a los ministerios, direcciones municipales, comisiones parlamentarias y medios de prensa correspondientes para su respectivo trámite y seguimiento.

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