En una señal de prioridad administrativa y consenso político, la Junta Departamental de Tacuarembó celebró el pasado miércoles una sesión extraordinaria en la que se resolvió, por unanimidad de los 21 ediles presentes, interrumpir el receso parlamentario.

La medida tiene como objetivo único y exclusivo habilitar el funcionamiento de la Comisión de Finanzas y Presupuesto. Con esta autorización expresa, el cuerpo técnico y político podrá dar inicio al estudio preliminar del Presupuesto de la Intendencia Departamental para el período 2026 – 2030.

Según lo aprobado en sala, las instancias de trabajo que se lleven a cabo durante este período de receso tendrán un carácter estrictamente preparatorio y técnico. Al no ser sesiones resolutivas, el foco estará puesto en el análisis de las partidas, la viabilidad de los proyectos y el desglose de los recursos que marcarán el rumbo de la gestión departamental para los próximos cinco años. Hoy lunes, la Comisión de Finanzas y Presupuesto, se reunirá.

Portal del Norte

Foto de Canal 7, Tbó|

En una conferencia de prensa la Lista 10 de “Vamos Uruguay” anunció ayer su salida del Ejecutivo comunal. Los referentes colorados confirmaron que la agrupación no presentará un sucesor para la Dirección de Ambiente, marcando el fin de un acuerdo de gestión que, según sus protagonistas, no cumplió con las expectativas iniciales.

El diputado Maximiliano Campo fue el encargado de iniciar la exposición, fundamentando la decisión en un análisis del devenir político reciente. “Hemos decidido no ofrecer un nombre nuevamente a la Dirección de Ambiente. Creemos que el manejo de este acuerdo no funcionó como esperábamos y entendemos que el mejor camino es retirarnos para seguir trabajando por Tacuarembó desde nuestra propia identidad”, señaló el legislador.

Federico Silva, tras haber presentado su renuncia a la mencionada dirección municipal y manifestar inicialmente su voluntad de abandonar la vida pública, anunció que ha declinado tal postura tras un pedido unánime de sus correligionarios y figuras de peso nacional.

“La política necesita gente como Federico Silva”, subrayó Campo, confirmando que el dirigente continuará desempeñándose como Secretario General del Partido Colorado a nivel departamental y mantendrá su lugar como primer suplente en la banca de Diputados.

Por su parte, Federico Silva ofreció un discurso sobre su paso por la gestión municipal. Si bien evitó confrontaciones directas con el Intendente Departamental, fue claro al señalar las diferencias de ritmo en la administración:

“Di el trabajo y el profesionalismo que me caracteriza, pero sentía que no íbamos a la misma velocidad. Es normal que esto pasara y nosotros sabíamos del riesgo que corríamos”, manifestó Silva.

El dirigente hizo especial énfasis en la necesidad de “hacerse cargo” de las decisiones políticas, tanto en los aciertos como en los momentos de repliegue. Asimismo, abogó por recuperar la cortesía y los “códigos” en el debate público, instando a evitar la profundización de grietas personales entre vecinos.

Silva reveló que, durante los días previos a esta definición, mantuvo contactos con líderes de su colectividad como Pedro Bordaberry y Tabaré Viera, además de recibir muestras de apoyo de dirigentes de otros partidos. Este respaldo resultó determinante para su permanencia en el proyecto político que encabeza la Lista 10.

Portal del Norte

Un escenario de honda preocupación institucional se ha instalado en la Junta Departamental tras la formalización de una denuncia penal ante la Fiscalía. Los ediles del sector Correntada por el Cambio, perteneciente al Partido Nacional, denuncian la “adulteración” de un documento público, alegando que el texto de un decreto aprobado por el plenario fue modificado antes de ser remitido al Poder Ejecutivo Departamental.

El eje de la controversia

El pasado 16 de octubre, el legislativo departamental sesionó con el fin de modificar el régimen de designación del Secretario General del organismo. Históricamente, dicho cargo respondía a la propuesta de la lista mayoritaria —vinculada directamente al Intendente—, pero una mayoría de 16 ediles votó por otorgar al cuerpo la soberanía plena para proponer y elegir a dicho funcionario.

En esa misma jornada, bajo la nueva normativa, se designó a Jorge Ferreira como Secretario General. Sin embargo, la controversia estalló horas después, cuando se constató que la resolución enviada al Ejecutivo no coincidía estrictamente con lo redactado y votado en sala.

“Vulneración de la voluntad”

En declaraciones a la prensa local, el edil Gustavo Martínez explicó que el punto de conflicto radica en la cláusula de vigencia. Según el denunciante, el texto original establecía que la resolución debía cumplirse de manera inmediata. No obstante, el documento que llegó al despacho del Intendente fue modificado para permitir su promulgación o veto.

“Se adulteró una norma para que fuera vetada. No se respetó la soberanía de los 16 votos del cuerpo”, sostuvo Martínez, enfatizando que la denuncia no es una iniciativa individual sino una acción de bancada con respaldo jurídico.

El edil señaló que, de existir dudas sobre la legalidad de lo votado, el mecanismo correspondiente debió ser un recurso ante la Suprema Corte de Justicia y no la modificación administrativa del acta. “Nadie está facultado para vulnerar la voluntad del órgano jerarca, que es el plenario”, sentenció.

Funcionarios en defensa de la gestión

La respuesta desde el sector administrativo no se hizo esperar. A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, los funcionarios de la Junta Departamental manifestaron su rechazo a las acusaciones.

El texto, que cuenta con numerosas firmas, expresa un sólido respaldo a los trabajadores del área administrativa, a quienes consideran víctimas de acusaciones “injustas”. Asimismo, manifestaron su apoyo al Presidente del organismo, calificando la denuncia penal como un acto que daña la integridad de la institución.

Incertidumbre administrativa

Mientras la justicia inicia las actuaciones correspondientes, la situación funcional de Jorge Ferreira es de absoluta precariedad. Pese a haber sido designado por la mayoría de los ediles, el veto del Ejecutivo —sustentado en el documento cuestionado— ha limitado sus facultades. Según trascendió, el funcionario no puede ordenar gastos ni ejercer la plenitud de sus tareas, habiendo recibido incluso comunicaciones para abandonar su despacho, todo esto según comentó el edil Martínez.

La fiscalía deberá ahora determinar si existió una irregularidad administrativa o si, efectivamente, se incurrió en un delito de falsificación o adulteración de documento público en el marco de la actividad legislativa departamental.

Portal de Norte