Un hombre de 30 años y una mujer de 23, ambos sin antecedentes penales, fueron condenados por la Justicia uruguaya tras desarticularse una serie de estafas digitales que perjudicaron a múltiples comercios y particulares en la capital departamental. La investigación, llevada adelante por el Departamento de Delitos Complejos de la Dirección de Investigaciones de Tacuarembó, culminó este 21 de agosto de 2026 con la ejecución de un allanamiento y la posterior sentencia judicial.

El modus operandi de los implicados mantenía un patrón sistemático. En el caso de los comercios —principalmente locales de comida rápida—, los acusados realizaban pedidos a domicilio y simulaban efectuar el pago mediante transferencias bancarias. Acto seguido, enviaban comprobantes de pago apócrifos a los comerciantes, quienes entregaban la mercadería sin percatarse a tiempo de que el dinero jamás se acreditaba en sus cuentas.

La maniobra delictiva no se limitó al sector gastronómico. En el mes de febrero, la imputada aplicó el mismo engaño para apropiarse de un teléfono celular que una mujer vendía a través de redes sociales. Tras obtener el dispositivo mediante un comprobante falso, procedió a reventa del mismo publicándolo en plataformas digitales.

Tras recopilar y analizar las pruebas pertinentes, las actuaciones fueron puestas a disposición de la Fiscalía Letrada de 1.º Turno, la cual solicitó la orden de allanamiento para la finca de los sospechosos. En la finca, efectivos policiales concretaron la detención de ambas personas en las últimas horas.

Finalmente, en la audiencia celebrada ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de 1.º Turno, se dictó la condena de la pareja como autores penalmente responsables de “un delito continuado de estafa”. La pena impuesta fue de 12 meses de prisión, la cual se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba. Entre las obligaciones impuestas, los condenados deberán fijar un domicilio, presentarse una vez por semana en la seccional policial correspondiente, someterse a la supervisión de la Dinama y prestar servicios comunitarios. Con esta resolución, las autoridades dan por cerrada la “Operación Aureus”, neutralizando la red de fraudes que afectaba a la comunidad local.

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Un hombre de 56 años, identificado con las iniciales H.A.C.R. y carente de antecedentes penales, fue condenado por la Justicia de Tacuarembó como autor responsable de un delito continuado de estafa. La sentencia impuso una pena de 16 meses de prisión bajo la modalidad de libertad a prueba con medidas sustitutivas. La resolución judicial se alcanzó tras una exhaustiva investigación desarrollada por personal de la Brigada de Seguridad Rural y de la Dirección de Investigaciones, bajo la articulación de las Fiscalías Letradas de 1.º y 2.º Turno.

El primer caso que dio origen a las actuaciones policiales comenzó cuando un particular entabló contacto con el hoy condenado para iniciar un negocio de financiamiento ganadero. La propuesta prometía un importante retorno económico mediante la entrega de intereses anuales sobre el capital invertido. Luego de acordar las condiciones, la víctima realizó transferencias bancarias por un monto total de 50.000 dólares hacia la empresa de la cual el implicado era titular. Sin embargo, vencidos los plazos correspondientes, el inversor no percibió los dividendos pactados y, ante las constantes evasivas del empresario para devolver el dinero, decidió radicar la denuncia penal.

A esta investigación se sumó una segunda denuncia presentada por un fideicomiso perteneciente a una entidad bancaria, la cual resultó damnificada por el incumplimiento de un contrato celebrado previamente con el mismo individuo. La acumulación de indicios motivó el análisis de diversa documentación contable y comercial por parte de las reparticiones policiales para descifrar el patrón de maniobras utilizado.

Tras reunir las pruebas suficientes, el caso se elevó ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de 1.º Turno. Durante la audiencia, el magistrado actuante homologó la condena a 16 meses de libertad a prueba. La pena establece que durante los primeros seis meses el imputado deberá cumplir arresto domiciliario total. Durante los diez meses restantes, quedará sujeto a la supervisión de la Dinama, la fijación de un domicilio verificado, la presentación obligatoria en la seccional policial correspondiente y la realización de un mes de tareas comunitarias.

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La decisión de la Justicia, corresponde a investigación sobre la muerte de un hombre de
30 años, poseedor de antecedentes penales, quien forzaba la puerta de una casa situada
en el kilómetro 252 de Ruta Nacional N.º 5.

El individuo tras recibir la voz de alto por el policía actuante emprendió la fuga hacia
campo, tras una extensa persecución y luego de resistirse a la detención, por causas que
se investigan, se originó un disparo con el arma de reglamento del funcionario, la que
impactó en el cuerpo del hombre, constatando personal médico su fallecimiento.
Fue enterada Fiscalía Letrada de Paso de los Toros, quien dirigió la investigación ante lo
sucedido.

En las últimas horas el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paso de los Toros de 2.º
Turno, dispuso para el funcionario policial, medidas limitativas referidas al Art. 221,
estableciendo fijación de domicilio y prohibición de salir del territorio nacional por el plazo
de 90 días.

Se continúa la investigación.

De Ministerio del Interior.