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Política

El “Congreso de Direcciones de Discapacidad” apuestas al trabajo coordinado de todas las intendencias del país

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS), explica que “las personas con  con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás”.

Según el último censo nacional del año 2011, de una población total de los 3.251.654 habitantes con los que cuenta Uruguay, 517.771 presentan algún tipo de discapacidad. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), detalló en ese entonces que “de esa población, con discapacidad leve 365.462, una discapacidad moderada 128.876, mientras que 23.433 personas tienen una discapacidad severa. De acuerdo a estas cifras un 15.9% de la población uruguaya está formada por personas con discapacidad”. 

En nuestro país, rige desde el año 2010 la Ley 18516 de protección integral a personas con discapacidad. La misma expresa en su primer artículo lo siguiente: “Establécese un sistema de protección integral a las personas con discapacidad, tendiente a asegurarles su atención médica, su educación, su rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional y su cobertura de seguridad social, así como otorgarles los beneficios, las prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la  discapacidad les provoca y les dé oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas”.

En los últimos años, la preocupación en la atención, accesibilidad e integración en la sociedad de las personas que padecen algún tipo de discapacidad, ha ido en crecimiento continúo en las políticas públicas. En parte a esto, en la pasada jornada, en el Complejo de Barrios Amorín de la ciudad de Tacuarembó, se realizó una conferencia de prensa donde se anunció el primer “Congreso de Direcciones de Discapacidad” de todo el país.

En esa instancia, estuvo presente el secretario General de Intendencia Departamental  de Tacuarembó (IDT), José Omar Menéndez, el encargado de la Oficina de Discapacidad de la IDT, Daniel Ignacio y el director de la Oficina de Discapacidad de la Intendencia Departamental de Rocha, Mario Ortiz.

“Lo importante es trabajar para presentar al Congreso de Intendentes nuestras propuestas, apuntando a que lo más importante sea el discapacitado. Destinatario final de nuestra tarea, tenemos que lograr a través de nuestro trabajo zanjar las distintas dificultades, que nos ofrecen algunas otras instituciones, es importante que nos consideren y que el trabajo que hacemos sea fluido y poder derribar las barreras”, dijo el titular de la Oficina de Discapacidad de la IDT, Daniel Ignacio.

Asimismo, Ignacio desde su experiencia personal realizó una crítica sobre la ayuda a personas con discapacidad desde el estado. “El Estado a veces por su burocracia, y la falta de acción para llegar a un destino final, se vuelve también muchas veces incapacitante. Entonces a trabajar y lograr presentar al Congreso de Intendentes propuestas válidas, para que el destinatario final, que es el discapacitado, tenga una mejor calidad de vida”, indicó Daniel Ignacio de la Oficina de Discapacidad de la IDT.

Por otro lado, el director de la Oficina de Discapacidad de Rocha, Mario Ortiz expresó que “hubo trabajo en conjunto de todos los departamentos” y remarcó Ortiz que “las comisiones deben funcionar con mucho trabajo y es necesario coordinar con todas las intendencias” para saber cómo viene trabajando cada uno de los gobiernos departamentales.

Portal del Norte  en esa instancia le consultó a Ortiz sobre la inserción laboral y el jerarca nos respondió:“La inserción laboral es que a cada trabajo nuevo desde un llamado nuevo del sector público o privado, el 4% sea a la inserción con personas con discapacidad. Y, esto en algunos lugares no se cumple, de hecho, hay algunas empresas grandes del Uruguay que no pasaron los datos”, aseguró el director de la Oficina de Discapacidad de Rocha, Mario Ortiz.

Portal del Norte.

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Política

La Junta Departamental de Tacuarembó recibió inquietudes sobre seguridad vial, salud y servicios básicos

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La Junta Departamental de Tacuarembó desarrolló el pasado jueves una nueva sesión ordinaria, marcada por una extensa “Media Hora Previa” en la que los ediles expusieron una agenda variada que abarcó desde efemérides políticas y seguridad ciudadana hasta pedidos de obras en el interior y el análisis del presupuesto departamental.

La apertura de la oratoria estuvo a cargo del edil del Frente Amplio (FA),Justino Sánchez, quien recordó el 55.º aniversario del primer acto de masas del Frente Amplio en 1971. Tras la reseña histórica, Sánchez centró su exposición en dos reclamos locales: la necesidad de desarchivar un proyecto para la recuperación de espacios recreativos infantiles y una denuncia por un reciente ataque de perros en la zona de la calle Herrera y Reissig, que dejó a un adulto con lesiones graves. Sobre este punto, el legislador señaló una falta de aplicación de las normativas de tenencia responsable por parte del Ejecutivo Departamental.

Posteriormente, el también edil del FA, Ricardo Rosano, destacó la labor de Juan Carlos Rodríguez en el Consejo Municipal de Paso de los Toros, subrayando la transparencia en la gestión de la minoría. Rosano puso el foco en el gasto de 9 millones de pesos en pasajes por parte del municipio isabelino durante el año 2025, solicitando la intervención de organismos competentes para verificar dicho manejo financiero.

Por su parte, el edil del Partido Nacional (PN)Augusto Sánchez realizó una defensa técnica del presupuesto de la Intendencia de Tacuarembó para el periodo 2026-2030. Destacó que el plan de gobierno no prevé aumentos significativos de impuestos y prioriza la inversión social y la infraestructura, citando como ejemplo la bituminización del camino a Paso del Cerro y las obras en el Estadio Raúl Goyenola y el Centro de Barrio N.º 1.

En una línea de gestión directa, el edil del PN, Ruben Roura, agradeció los avances en las obras pluviales de la calle Carlos Gardel, aunque trasladó nuevos pedidos de vecinos de las calles Jaime Ross y Rincón de los Taños (Rincón de Tranqueras) referidos a inundaciones, bituminización y alumbrado público. Asimismo, presentó una solicitud de la comunidad de Clara para la asignación permanente de una ambulancia, debido a las distancias críticas hacia los centros de salud.

La situación nacional también tuvo lugar en la sala a través del edil del PN, Jorge Rodríguez, quien manifestó su preocupación por el aumento del precio de la leche y los combustibles. Rodríguez dedicó parte de su tiempo a criticar la situación de conflictividad sindical en CONAPROLE y solicitó gestiones ante el Ministerio de Transporte por el mal estado de la Ruta 43 en tramos específicos.

Hacia el final de la media hora previa, se presentó una propuesta para crear una planta comunitaria de elaboración de alimentos en el Complejo Barrios Amorín. Según la exposición del edil del FA, Bianchessi, el proyecto busca que pequeños emprendedores utilicen la cocina industrial municipal para formalizar su producción bajo normas bromatológicas nacionales.

La sesión cerró con una intervención por cuestión de orden de la edil del PN, Romina Pesce, quien expresó un firme rechazo a un episodio de presión indebida ocurrido recientemente dentro del organismo. Pesce enfatizó la necesidad de erradicar conductas que subestimen el rol de la mujer en la política y llamó a mantener un clima de respeto y ética profesional entre todos los integrantes del cuerpo legislativo.

Finalizadas las exposiciones, la Mesa de la Junta dio trámite a los diversos pedidos de informes y solicitudes de envío de palabras a los organismos correspondientes y medios de prensa departamentales.

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Política

Inversión social y equilibrio financiero: el plan de gestión de la Intendencia de Tacuarembó

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En una reciente comparecencia pública, el Intendente Departamental de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, presentó formalmente las líneas maestras del presupuesto quinquenal que regirá el destino del departamento durante el presente período de gobierno. Acompañado por el Secretario General, Dr. José Omar Menéndez, y los directores de las diversas áreas de gestión, el jerarca detalló un plan de inversión que prioriza la infraestructura con sentido social, la descentralización de los servicios de salud y el fomento de la educación y el deporte como herramientas de transformación colectiva.

El documento, que ya cuenta con la aprobación de la Junta Departamental, se cimenta sobre una premisa de responsabilidad fiscal y estabilidad tributaria. Ezquerra fue enfático al señalar que el presupuesto no contempla la creación de nuevas cargas para el contribuyente, sino que profundiza los sistemas de exoneraciones para los sectores más vulnerables. “Es un presupuesto que no genera déficit, que es un presupuesto con equilibrio entre los ingresos y los egresos”, aseguró el mandatario, subrayando que la construcción del programa de gobierno se nutrió directamente de las necesidades y anhelos de los ciudadanos y de la labor de más de un centenar de técnicos.

Uno de los pilares fundamentales del plan es la inversión en salud, entendida como un servicio universal indispensable. A pesar de que la competencia primaria recae sobre los organismos nacionales, la Intendencia destinará recursos significativos para fortalecer la red de atención departamental. Entre las obras destacadas se encuentra el nuevo policlínico en el Barrio López, una inversión estimada en dos millones de dólares, además de intervenciones en Paso de los Toros, Caraguatá, La Matutina y Tambores. Según explicó el Intendente, el objetivo es mantener y mejorar un sistema que actualmente recibe unas 35.000 visitas anuales en sus policlínicas municipales.

En materia de infraestructura y vivienda, el presupuesto proyecta un ambicioso despliegue de obras que el jerarca definió como esencialmente sociales. Para Esquerra, la mejora de los servicios urbanos y rurales es indivisible del bienestar humano: “Todas las obras son sociales, porque a veces se dice ‘no, qué grandes obras’. Todas las obras son social. Todas las obras son requisitorias de sociedad”. En este sentido, se continuará con el apoyo a las cooperativas de vivienda mediante la cesión de terrenos subsidiados y logística, haciendo especial hincapié en el respaldo a las madres jefas de hogar, quienes representan el 70% de las colaboraciones sociales recientes.

El desarrollo económico y la generación de empleo también ocupan un lugar central en la proyección quinquenal. La administración apuesta por proyectos de gran envergadura, como la creación de un complejo termal que dinamice el turismo y la construcción de un “shopping terminal” mediante licitación pública. Estos emprendimientos buscan revertir el déficit histórico de oportunidades laborales derivado del centralismo. En la visión del Intendente, la educación es el motor necesario para este cambio: “Cuanto más lejos de la capital, más necesidades se satisfacen. Y todo pasa por la falta de oportunidades y de educación. Entonces, creemos que la educación para nosotros es un eje fundamental”.

Finalmente, el presupuesto reafirma el compromiso con la caminería rural, fundamental para un departamento con 4.400 kilómetros de caminos que sostienen la producción y la vida en el interior profundo. La meta fijada es la modernización de la conectividad mediante la sustitución de puentes de madera por estructuras de hormigón y la consolidación del alumbrado y pavimento bituminoso en todos los centros poblados. Con una visión optimista, Ezquerra concluyó que este plan busca construir una sociedad de mayor solidaridad y afecto, afirmando con convicción que “lo mejor está por venir y que lo mejor es lo que tenemos que construir juntos».

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Política

Tacuarembó definió su hoja de ruta: Se aprobó el Presupuesto Quinquenal 2026-2030

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En el marco de una sesión extraordinaria celebrada el pasado viernes, la Junta Departamental de Tacuarembó dio sanción preceptiva al Presupuesto Quinquenal de la Intendencia para el período 2026-2030. La iniciativa, que establece la hoja de ruta económica y administrativa del departamento para los próximos años, resultó aprobada por una mayoría de 24 votos en 31 ediles, contando con el respaldo de las bancadas del Partido Nacional y el Partido Colorado.

El documento aprobado detalla una planificación financiera que inicia en el ejercicio 2026 con una partida de $4.067.952.912, alcanzando su pico en 2027 con más de 4.158 millones de pesos, para luego descender gradualmente hasta los 3.260 millones en el último año del período. Estos fondos estarán destinados a cubrir las áreas de sueldos, gastos operativos e inversiones previstas por el Ejecutivo Departamental.

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue el acuerdo unánime alcanzado respecto a la mejora salarial para los funcionarios municipales. El cuerpo legislativo resolvió de forma conjunta una partida de $3.000 para el año 2026, a distribuirse en tres pagos cuatrimestrales de $1.000 cada uno. Asimismo, se fijaron incrementos reales del 1,5% anual para el trienio 2027-2029 y un 2% para el 2030, manteniendo además la recuperación por inflación mediante ajustes cuatrimestrales basados en el Índice de Precios al Consumo (IPC).

En términos de beneficios sociales, se pautaron partidas de tickets de alimentación para los escalafones más bajos de los sectores auxiliar y administrativo, con montos que oscilan entre los $5.000 y $5.500 anuales. Es de notar que la mejora salarial aprobada rige exclusivamente para los funcionarios de carrera, quedando exceptuados de la misma todos aquellos que ocupen cargos de particular confianza.

Finalmente, la Junta dejó establecida la escala de remuneraciones para los titulares de los municipios del interior. Los alcaldes de Paso de los Toros y Caraguatá percibirán un 70% del sueldo nominal del Intendente, mientras que para San Gregorio de Polanco y Villa Ansina se fijaron porcentajes del 60% y 50% respectivamente. Con esta resolución, el gobierno de Tacuarembó asegura la estructura presupuestal necesaria para el funcionamiento institucional de la próxima administración.

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