Uruguay dio un paso trascendental en la legislación de derechos individuales al aprobar, el pasado miércoles, la ley de Muerte Digna, también conocida como eutanasia, tras una decisiva votación en el Senado. Con esta sanción, el país se inscribe en la historia de América como el tercer estado en implementar la legalización de la eutanasia activa, un debate que polarizó a la sociedad y al espectro político durante años. La iniciativa, que había sido presentada inicialmente por el exdiputado colorado Ope Pasquet en marzo de 2020, alcanzó la mayoría necesaria después de que la Cámara de Representantes le diera su visto bueno dos meses atrás, culminando un largo proceso legislativo.

La votación en la Cámara de Senadores se saldó con un resultado de 20 votos a favor y 11 en contra, reflejando las profundas convicciones en juego. El proyecto recibió el respaldo unánime de la bancada del Frente Amplio, y sumó apoyos clave en otros partidos, incluyendo la participación de Pasquet, así como de otros legisladores que entraron a sala en suplencia. Si bien el proyecto fue impulsado desde filas coloradas, las divisiones internas quedaron patentes, especialmente en el Partido Nacional, donde la senadora Graciela Bianchi fue la única en acompañar la medida, mientras que el resto de los nacionalistas optó por el voto negativo. El texto legal, fuertemente inspirado en los modelos aplicados desde 2002 en países como Bélgica y Países Bajos, busca esencialmente garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”, despenalizando la práctica en circunstancias sumamente específicas.

La nueva legislación establece un marco riguroso para la aplicación de la eutanasia, enfocada exclusivamente en personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que se encuentren atravesando la etapa terminal de enfermedades que sean incurables e irreversibles, o que padezcan a causa de ellas un sufrimiento insoportable. El articulado precisa que podrán ampararse a esta ley tanto ciudadanos uruguayos naturales o legales como extranjeros que puedan acreditar fehacientemente su residencia habitual en el territorio. Lejos de ser considerada una “puerta abierta sin control”, como destacaron sus defensores, el proyecto establece un detallado y estricto protocolo de procedimiento, que exige, entre otras garantías, una solicitud voluntaria y escrita del paciente, evaluaciones médicas y psiquiátricas, una segunda opinión independiente, y entrevistas periódicas para confirmar la persistencia de la voluntad de poner fin a su vida ante el dolor.

La voz del interior: El debate de la eutanasia en las posturas de Tacuarembó

Las diferentes sensibilidades que cruzaron el país en este debate quedaron especialmente patentes en las posturas expresadas por los diputados del departamento de Tacuarembó, quienes se pronunciaron sobre la iniciativa a mediados del pasado mes de agosto. Desde la perspectiva de su formación y experiencia, el diputado y médico cirujano nacionalista Alfredo “Cusa” de Mattos expresó su firme rechazo. Con 46 años de trayectoria en el interior, De Mattos ancló su argumento en el deber hipocrático, enfatizando que el rol del médico es “ayudar a bien morir, no matar” cuando ya se agotaron las opciones de curación. El legislador nacionalista subrayó que, en su extensa práctica, la demanda recurrente de los pacientes no ha sido la eutanasia, sino más bien la “contención, apoyo, ayuda en todo lo posible, y que no lo dejara sufrir”. Por ello, destacó la necesidad de redoblar los esfuerzos para fortalecer los cuidados paliativos a lo largo de todo el territorio departamental, reconociendo que la cobertura aún es deficiente fuera de los principales centros.

En la otra cara de la moneda, el diputado colorado Martín Cantera manifestó un enérgico apoyo a la ley, posicionándola como una cuestión fundamental de dignidad y libertad de elección. Cantera argumentó que la ley no constituye una vía de escape simplista, sino una garantía de derecho para que los individuos que enfrentan circunstancias extremas puedan decidir sobre su tránsito final. El legislador colorado afirmó que, desde su punto de vista, “la ausencia de esta ley no protege la vida, ya que prolonga el dolor y la agonía”, y puso de relieve la solidez del proyecto en cuanto a las garantías procedimentales que evitan cualquier aplicación descontrolada, mencionando la no aplicación a menores ni a personas con enfermedades tratables. Finalmente, el diputado del Frente Amplio, Gustavo Guerrero, se sumó a la postura de su bancada, enfocando el objetivo primordial de la iniciativa en “el derecho de las personas a decidir por ellas mismas”. Guerrero recalcó que la ley está reservada para casos que él describió como “extremos”, detallando exhaustivamente los estrictos requisitos y el complejo proceso que debe seguirse, el cual incluye una valoración médica exhaustiva, la consideración de alternativas como los cuidados paliativos, y en ciertos escenarios, la intervención de un psiquiatra y una junta médica. Las voces de Tacuarembó, así, resonaron en la discusión nacional, reflejando el dilema ético y legal que finalmente ha resuelto el Parlamento uruguayo.

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La sesión del pasado jueves 2 de octubre de 2025 en la Junta Departamental de Tacuarembó, durante su espacio de la Media Hora Previa, se convirtió en un foro para abordar temas que van desde el desorden del tránsito en la capital departamental hasta reclamos sobre infraestructura vial y pedidos de informes, junto a menciones sobre salud mental y la protección animal.

El tránsito de Tacuarembó, “un verdadero desorden”

Una de las intervenciones más destacadas fue la de la suplente de edil del Partido Nacional, Ana María Baraybar, quien puso el foco en la crítica situación del tránsito en Tacuarembó. Calificándolo como un “verdadero desorden”, Baraybar argumentó que el creciente parque automotor ha provocado la naturalización de infracciones.

La edil suplente detalló que los problemas más graves incluyen vehículos estacionados a ambos lados de vías de doble circulación, la ocupación de ochavas, y la obstrucción parcial o total de accesos a garajes. Subrayó que estas prácticas limitan la visibilidad en cruces importantes, obligando a los conductores a avanzar peligrosamente hasta casi la mitad de la calle preferencial para poder corroborar si viene otro vehículo.

Menciones a la salud mental y labor de protectores animales

La sesión también tuvo un componente de conciencia social. La edil del Partido Nacional, Alicia Chiappara, utilizó su tiempo para informar sobre el Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre), destacando que esta es tan importante como la salud física y lamentando la persistencia de prejuicios que minimizan su relevancia.

Por su parte, la suplente de edil del Partido Colorado, Ángela Espinosa, conmemoró el Día Internacional del Animal (4 de octubre) rindiendo homenaje a la labor de la protectora “Mucho Bicho Tacuarembó”. Resaltó que la organización lleva 23 años de trabajo y que su albergue acoge actualmente a 280 perros adultos que han llegado por motivos de abandono, maltrato o derivaciones judiciales.

Felicitaciones por operativos y reclamos de caminería

En el ámbito de la gestión y la seguridad, el suplente de edil del Partido Nacional, Augusto Sánchez, brindó un reconocimiento a la Intendencia de Tacuarembó. Específicamente, destacó el trabajo del Departamento de Electricidad y los funcionarios de CHAFO por su apoyo en tareas previas al partido entre Tacuarembó FC y Peñarol, extendiendo la felicitación al operativo policial por su éxito antes, durante y después del encuentro deportivo.

No obstante, la infraestructura rural fue motivo de reclamo. El edil nacionalista Guillermino Rodríguez Sotto expuso el crítico estado del camino Bañado de Rocha – Estación Laureles, una vía de 46 kilómetros y 600 metros que describió como la «columna vertebral» de una vasta región rural. Si bien destacó la buena calidad del asfalto dispuesto por la Intendencia desde la Ruta 5 hasta la vía férrea, señaló que a partir de ese punto el camino presenta graves dificultades debido al paso constante de centenares de camiones de gran porte de las empresas forestales.

Pedido de informes y debate internacional

La oposición también hizo oír su voz. El suplente de edil del Frente Amplio, Justino Sánchez, reiteró un pedido de informes de abril sobre una observación del Tribunal de Cuentas de la República. Dicha observación se refiere a la Licitación 24/2024 para la construcción del Camping en Villa Ansina, cuya crítica se fundamenta en que la obra no estaba incluida en el Presupuesto Quinquenal de la Intendencia Departamental.

Finalmente, el edil del Frente Amplio, Ricardo Rosano, concluyó la media hora previa abordando un tema de interés global, refiriéndose a la situación actual en Oriente Medio. Rosano contextualizó el conflicto como parte de una historia de violencia de al menos 4.000 años, con disputas territoriales que se originaron por causas religiosas y que, con el tiempo, derivaron a motivos más materiales.

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En su sesión ordinaria del pasado jueves 2 de octubre, la Junta Departamental de Tacuarembó abordó temas significativos que combinaron el reconocimiento cultural, la reestructura administrativa y la normativa municipal. La decisión más destacada fue la aprobación para nombrar al Museo de Artes Plásticas de Tacuarembó (MUART) en honor al destacado artista local Gustavo Alamón.

El MUART llevará el nombre de Gustavo Alamón

En un gesto de “homenaje justo y noble”, los ediles aprobaron que el Museo de Artes Plásticas de Tacuarembó (MUART) pase a denominarse “Gustavo Alamón”. Esta resolución honra al reconocido pintor y grabador, oriundo de Tacuarembó (1935-2020), cuyas obras trascendieron las fronteras, integrando colecciones privadas e instituciones de prestigio internacional.

Alamón, artista de trayectoria reconocida, dejó un impacto notable en la comunidad, fundando incluso el Taller de Artes Plásticas “El Sótano” en el Liceo Departamental de Tacuarembó y siendo un referente cultural a nivel nacional e internacional.

Retorno a comisión por cargo financiero

En el ámbito de la gestión administrativa, se registró otra aprobación relevante. Por unanimidad, la Junta Departamental resolvió devolver a la Comisión de Legislación y Asuntos Internos un anteproyecto de vital importancia.

El objetivo de esta iniciativa es la conformación de una Comisión Especial que sentará las bases para un futuro concurso de Oposición y Méritos para cubrir el cargo vacante de “Director General Financiero Contable”. Esta comisión será integrada por representantes propuestos por las diferentes bancadas de la Junta Departamental.

Sin cambios en reglamentación de sesiones municipales

La sesión también incluyó un debate sobre la normativa que regula la actividad de los Municipios del departamento. En una votación ajustada que resultó negativa, con 14 votos a favor sobre 31 ediles presentes, la Junta Departamental resolvió no modificar la redacción del Artículo 5º del Decreto Nº 21/15 del año 2015.

Este artículo se refiere específicamente a la fijación de horarios para las sesiones Ordinarias y Extraordinarias en los Municipios, manteniéndose la reglamentación vigente.

Adhesión a Aniversario del Centro de Barrio Nº 1

Finalmente, los ediles manifestaron su apoyo y adhesión a las actividades conmemorativas por el 72º aniversario del Centro de Barrio Nº 1 “Uruguay”. Los festejos y eventos correspondientes se desarrollarán en el período comprendido entre el 10 y el 26 de octubre inclusive.

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