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Tacuarembó suma un hito policial tras desarticular una red de lavado de activos vinculada a una rapiña

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Un procedimiento de singular relevancia para el departamento de Tacuarembó culminó en las últimas horas con la desarticulación de una red dedicada al lavado de activos, la incautación de un importante patrimonio y la condena de cuatro personas. La operación fue el resultado de un trabajo coordinado entre la Brigada Departamental Antidrogas, la Dirección de Investigaciones, diversas unidades tácticas y la Fiscalía de Primer Turno.

La investigación tuvo sus primeras actuaciones en el mes de enero, cuando la Brigada Antidrogas detectó a dos personas cuyos antecedentes delictivos y nivel de vida no guardaban relación con sus ingresos legales. Ante la sospecha de maniobras de blanqueo de capitales, la Policía abrió una causa reservada para seguir los movimientos patrimoniales de los sospechosos.

El curso de las indagatorias dio un giro el pasado 7 de julio, tras registrarse un asalto a mano armada contra un cambista y quinielero de la ciudad, a quien le sustrajeron unos 10.000 pesos. En la huida, los delincuentes incendiaron el vehículo utilizado cerca de la Ruta Nacional N.º 5 y el Puente Blanco sobre el río Tacuarembó. Al asumir el caso la Dirección de Investigaciones, las pistas terminaron cruzándose directamente con la causa por lavado de dinero que venía en curso desde principio de año.

Para preservar la reserva del expediente principal y evitar la fuga de información, las dependencias policiales aceleraron los trámites y solicitaron las órdenes de allanamiento y detención correspondientes. El procedimiento se concretó el pasado domingo 19 de julio con siete allanamientos simultáneos en los que intervinieron la Guardia Republicana y unidades de respuesta táctica, logrando la detención de diez personas (dos mujeres y ocho hombres).

En los operativos se incautaron $693.674 pesos uruguayos, 50.855 pesos argentinos y US 2.085 dólares en efectivo. Asimismo, la Policía decomisó dos propiedades inmuebles —una finca urbana en la ciudad y otra rural en Rincón de la Aldea—, cuatro vehículos (entre ellos dos camionetas Omoda y una Fiat), 18 teléfonos celulares, armas de fuego, sustancias prohibidas, balanzas de precisión y diversos electrodomésticos.

Tras las instancias en la sede judicial, cuatro de los implicados resultaron condenados mediante proceso abreviado, mientras que los restantes seis recuperaron la libertad en calidad de emplazados. Un joven de 24 años, con antecedentes penales, fue condenado a 3 años y 8 meses de penitenciaría por delitos de estupefacientes, lavado de activos y complicidad en la rapiña. Una joven de 24 años, sin antecedentes, recibió 20 meses de prisión bajo régimen de Libertad a Prueba con arresto domiciliario nocturno por lavado de activos. Por el mismo delito fue condenado un hombre de 55 años, mientras que un hombre de 59 años, con antecedentes, recibió 4 meses de prisión efectiva por asociación para delinquir.

Por disposición de la Justicia, las armas y las sustancias incautadas serán destruidas previo peritaje de la Policía Científica. En tanto, los dos inmuebles, tres de los vehículos, los celulares, electrodomésticos y el dinero en efectivo quedaron formalmente decomisados a favor de la Junta Nacional de Drogas.

La Jefatura de Policía confirmó que las actuaciones respecto a la rapiña continúan abiertas, dado que el condenado en calidad de cómplice no aportó datos sobre los autores materiales del hecho. El análisis pericial de los 18 teléfonos celulares incautados será determinante para el avance de las pesquisas en las próximas jornadas.

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Condenan a un hombre en Tacuarembó por librar cheques sin fondo

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Un hombre de 52 años, identificado con las iniciales R.V.B., fue condenado por la Justicia uruguaya como autor penalmente responsable de un delito continuado de libramiento de cheques carentes de fondos suficientes. El fallo fue dictado por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de 5.º Turno, tras el trabajo de la Fiscalía Letrada de 1.er Turno.

La investigación policial, a cargo de efectivos de la Dirección de Investigaciones, tuvo su origen en una denuncia radicada en el año 2022. La maniobra consistió en el pago de servicios e insumos mediante cheques emitidos por una empresa del departamento. Cuando la víctima intentó cobrarlos, los documentos fueron rebotados por las entidades bancarias al carecer del respaldo económico correspondiente.

Tras diversas diligencias y actuaciones en la órbita de la Fiscalía, los investigadores lograron individualizar y determinar la responsabilidad del implicado, quien carecía de antecedentes penales.

En las últimas horas se dictó la condena a una pena de 9 meses de prisión, la cual se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba. Mientras dure la sanción, el condenado deberá fijar domicilio, someterse a la orientación y vigilancia permanente de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (DINAMA), presentarse periódicamente en la seccional policial de su zona, realizar trabajo comunitario y cumplir con la prohibición de salir del país.

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Incautan pasta base en la Ruta 5: condenan a dos años y ocho meses de prisión al responsable de la “Operación Hodos”

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Un operativo de la Brigada Departamental Antidrogas finalizó con la detención y condena de un joven de 20 años que trasladaba sustancias estupefacientes a bordo de un ómnibus de transporte interdepartamental desde la capital hacia el departamento de Tacuarembó.

El procedimiento se desencadenó el pasado 1.º de octubre, tras recibir información confidencial que alertaba sobre el posible traslado de sustancias ilícitas. Ante esta situación, los efectivos montaron dispositivos de vigilancia y control en diversas frecuencias de transporte de pasajeros.

El despliegue policial rindió sus frutos a la altura del kilómetro 384 de la Ruta Nacional N.º 5. En ese punto, las autoridades interceptaron al sospechoso inmediatamente después de descender del vehículo con una mochila.

Durante el registro personal e inspección del equipaje, los agentes hallaron dos teléfonos celulares y un envoltorio con una sustancia sospechosa. Tras las pericias reactivas correspondientes, se confirmó que el paquete contenía pasta base de cocaína.

El detenido, quien ya contaba con antecedentes penales por delito de hurto, fue puesto de forma inmediata a disposición de la Fiscalía Letrada de 1.º Turno.

Posteriormente, en la audiencia celebrada ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de 1.º Turno, la Justicia dictó la condena del indagado como autor penalmente responsable de un delito de suministro de estupefacientes. Deberá cumplir una pena de dos años y ocho meses de penitenciaría efectiva.

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Condenan a un hombre de 36 años a más de dos años de cárcel por abuso sexual infantil en Tacuarembó

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El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de 1.º turno dictó sentencia condenatoria para un hombre de 36 años, sin antecedentes penales previos, tras hallarlo autor penalmente responsable de un delito de abuso sexual cometido contra dos niñas de 7 años. El imputado deberá cumplir una pena de 2 años y 2 meses de penitenciaría efectiva.

El caso tuvo su origen en noviembre de 2025, cuando la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género I recibió la denuncia formal sobre los hechos. Bajo la órbita de la Fiscalía Letrada de 1.º turno, las autoridades policiales iniciaron un exhaustivo proceso de investigación que incluyó toma de declaraciones, recolección de pruebas e informes periciales para esclarecer lo sucedido.

En las primeras etapas del proceso, la Justicia dispuso como medida cautelar la prohibición de acercamiento y comunicación del indagado hacia las víctimas en un radio de 500 metros durante 180 días, mientras se completaban las pericias correspondientes. Tras recabar los elementos de convicción necesarios, la Fiscalía libró la orden de detención, la cual fue efectuada recientemente por los efectivos de la Unidad Especializada.

Además de la pena privativa de libertad, la resolución judicial estableció un conjunto de severas medidas accesorias, entre las que se incluye el pago de una reparación patrimonial a las víctimas equivalente a 12 salarios mínimos y su posterior inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.

Por otra parte, la sentencia determinó la pérdida e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guardia o tenencia de menores, personas con discapacidad y adultos mayores en situación de dependencia. Asimismo, el condenado quedó inhabilitado por el plazo de 10 años para ejercer cargos públicos o privados en las áreas de educación, salud o cualquier otra actividad que implique un trato directo con niños, niñas o personas vulnerables.

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