Tragedia en Tacuarembó: Fiscalía pide 45 años de reclusión para madre acusada de infanticidio

La justicia de Tacuarembó dio un paso decisivo en uno de los casos más estremecedores de los últimos tiempos. La fiscal de Segundo Turno, Dra. Ángela Bonque, presentó la acusación formal contra una mujer de 22 años, imputándole la muerte de una de sus hijas mellizas de tan solo nueve meses y las graves lesiones provocadas a la otra.

Bajo los cargos de homicidio especialmente agravado y violencia doméstica continuada, el Ministerio Público ha solicitado la pena máxima prevista en el ordenamiento jurídico uruguayo: 30 años de penitenciaría, seguidos de 15 años de medidas de seguridad eliminativas.

El caso estalló el 21 de junio de 2025, cuando la ahora acusada se presentó en el Hospital Regional con sus dos pequeñas hijas, Haitiana y Julieta, en estado de inconsciencia. Pese a los esfuerzos médicos, la pequeña Haitiana falleció a raíz de múltiples fracturas craneales, producto de una violencia física que, según la investigación, no fue un hecho aislado.

Su hermana, Julieta, logró sobrevivir tras una prolongada internación en el CTI pediátrico. La fiscalía sostiene que ambas niñas fueron víctimas de un “trato violento sostenido” prácticamente desde su nacimiento. Incluso, el expediente recoge indicios de negligencia previa al parto, señalando que la mujer decidió no concurrir a la cesárea programada a pesar de cursar un embarazo gemelar de alto riesgo.

La Dra. Bonque fue contundente respecto a la responsabilidad de la imputada. Ante la posibilidad de que la defensa intente alegar una supuesta incapacidad mental, la fiscalía cuenta con tres pericias forenses que confirman que la mujer actuó con plena conciencia de la criminalidad de sus actos.

“La investigación ha reunido indicios, pruebas materiales y testimonios presenciales que acreditan nuestra teoría del caso”, afirmó la magistrada a los medios locales.

Mientras la pequeña sobreviviente permanece bajo la custodia de sus abuelos maternos, el proceso judicial entra ahora en una etapa de plazos técnicos. La defensa dispone de 30 días para responder a la acusación.

Se espera que, tras la audiencia de control de pruebas, el caso desemboque en un juicio oral dentro de unos meses, donde se determinará si se aplica la histórica condena de 45 años solicitada por la Fiscalía.

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