Intendente Ezquerra veta elección de Secretario General de la Junta de Tacuarembó: Conflicto por la constitucionalidad y la injerencia

En un movimiento que ha generado debate y tensión política, el Intendente Departamental de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, vetó la resolución de la Junta Departamental que designaba al nuevo Secretario General del cuerpo legislativo. La notificación, enviada a través del Presidente de la Junta, Juan Estatihou, exigió el cese inmediato de Jorge Ferreira en el cargo, según confirmaron ediles del Partido Nacional a diversas bancadas.

El jueves por la mañana, desde su despacho y acompañado por asesores legales, el Intendente Ezquerra defendió su decisión. Explicó que la administración remitió a la Junta Departamental una resolución vetando el expediente 2135, argumentando que el proceso seguido es «inconstitucional».

«Creemos que se ha llevado adelante un proceso inconstitucional, que de alguna manera al haber de alguna norma presupuestal solo puede ser cambiada por otra norma presupuestal solamente al haber mayoría especiales», declaró el Intendente. “Nosotros estamos aferrados a lo que es el respeto a la constitución y de acuerdo al asesoramiento jurídico que se lo comunicamos es resolución a la Junta.”

Ezquerra enfatizó que su medida no tiene motivaciones personales ni políticas, sino que responde a la necesidad de respetar la normativa. Subrayó que, históricamente, el cargo de Secretario General corresponde “al lema más votado y de la lista más votada”, conforme a lo presupuestado y a las normas vigentes.

Ediles  cuestionan la injerencia del Ejecutivo

En una rueda de prensa posterior, el sector Correntada por el Cambio del Partido Nacional defendió la potestad de la Junta y cuestionó la injerencia del Ejecutivo departamental.

La edil nacionalista Ana Baraybar afirmó que la Junta Departamental aprobó una “modificación de lo que fue la designación del Secretario General” y que la posterior nominación de Jorge Ferreira “fue aprobada por la mayoría de los ediles”, a pesar de los votos en contra de los ediles afines al Intendente y del Partido Colorado.

El principal punto de discrepancia radica en la naturaleza de la norma. Baraybar señaló que si bien la Junta la llama “decreto”, en realidad se trata de una “resolución que se trata de un carácter interno de lo que es la Junta Departamental, donde el intendente no tiene ningún tipo de injerencia para realizar esa observación”.

“Los decretos jurídicamente tiene fuerza de todo lo que es el departamento, lo que son genéricos, como por ejemplo los temas de multas, transito, entre otros. Por otro lado, las resoluciones son de carácter administrativas e internas de la Junta Departamental como es en este caso,” explicó Costa.

Las ediles sostienen que, al tratarse de una resolución interna votada por mayoría, la Intendencia carece de competencia para vetarla. Acusan a la administración de Ezquerra de utilizar “tecnicismos que no están acertados» y argumentos «que no son válidos” para justificar su veto.

El conflicto se centra ahora en la interpretación de si el nombramiento del Secretario General es una norma presupuestal que requiere mayorías especiales y está sujeta al veto del Intendente (como argumenta el Ejecutivo) o si es una resolución administrativa interna de la Junta, ajena a la injerencia del Ejecutivo (como defiende el Legislativo). 

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