Duro golpe a inversores ganaderos: Empresario tacuaremboense a prisión por millonaria estafa

“Jairo Larrarte es oriundo de Tacuarembó, de una familia humilde, trabajadora del ámbito rural. Tanto él como su padre no poseen campo propio. Una vez instalado en Montevideo, Jairo crea una inmobiliaria en la calle Brandsen. Luego vendría el Grupo Larrarte, empresa que ofrecía un bono ganadero con una rentabilidad mayor al 10% anual. A través de ese bono uno adquiere ganado vacuno que se engordaba en los campos propios del grupo”, así describió el medio La Mañana a Larrarte y sus negocios en un artículo del mes de diciembre pasado.

La Justicia uruguaya dio un duro golpe a una presunta trama de estafa en el sector de inversiones ganaderas, enviando a prisión preventiva a Jairo Larrarte, responsable del Grupo Larrarte. La medida, confirmada por Radio Tacuarembó y detallada por Subrayado y La Diaria, se produce tras la acumulación de 103 denuncias que involucran a más de 130 víctimas con una afectación patrimonial significativa.

El fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1° turno, Alejandro Machado, formalizó la investigación contra Larrarte, acusándolo de un delito continuado de estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo. Tras la solicitud fiscal, sustentada en el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, el juez de la causa dictaminó la prisión preventiva por un plazo de 120 días, desestimando el pedido de la defensa de arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Según la información proporcionada por la Fiscalía, el modus operandi del Grupo Larrarte consistía en captar inversiones para la supuesta compra de ganado, fondos que luego eran desviados hacia otros fines. El abogado de una de las víctimas, Juan Pablo Decia, quien presentó la primera denuncia hace nueve meses, señaló a Subrayado que “se tomaban inversiones para compra de ganado y esas inversiones iban para otros fines. No se compraba el ganado que se le decía al inversor que se compraba”. Decia añadió que, a pesar de la firma de contratos que especificaban la cantidad, peso y categoría de los animales, “nada de eso tenía su correlato en la realidad”.

El propio abogado de Larrarte, Enrique Moller, reconoció ante Subrayado los delitos imputados a su cliente, admitiendo que “es cierto que hay faltante, el ganado faltaba”.

La Diaria profundizó en los detalles de la maniobra, revelando a través del fiscal adscripto Franco López un faltante de 13.445 cabezas de ganado. El fiscal explicó cómo el Grupo Larrarte atraía inversores, muchos de ellos con escaso conocimiento del sector ganadero y un capital limitado, ofreciendo rentabilidades atractivas de entre el 10% y el 11,3% anual. Entre 2021 y 2024, la empresa firmó 211 contratos por un monto total de 12 millones de dólares, con inversiones mínimas de 15.000 dólares.

López detalló que los inversores firmaban dos contratos: uno de administración, donde se detallaba el ganado supuestamente adquirido, y otro de rentabilidad. Sin embargo, la investigación determinó que la transacción de ganado se realizaba al margen de estos acuerdos. El fiscal sostuvo que Larrarte era consciente desde el inicio de que los costos contractuales hacían inviable destinar la totalidad de la inversión a la compra de animales, calificando la situación como algo más que un incumplimiento contractual.

La investigación también reveló el desvío de fondos hacia otras empresas vinculadas a Larrarte, como Virtin SA, dedicada a la mejora genética, y una marca de cortes de carne premium con una operativa limitada. El fiscal calificó el esquema como una “estafa piramidal”, donde el dinero de los nuevos inversores se utilizaba para pagar rentabilidades ficticias y mantener una apariencia de negocio legítimo.

El alto nivel de vida de Larrarte, sus elevados gastos personales y los salarios de sus colaboradores cercanos también fueron destacados por la fiscalía como elementos que evidencian la magnitud de la presunta estafa.

Un ejemplo concreto presentado por el fiscal ilustra el perjuicio a los inversores: una pareja invirtió 50.000 dólares en 2022 para la compra de 57 cabezas de ganado, pero al verificar en el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) en 2024, solo figuraban 20 animales a su nombre. Además, las inspecciones en los predios del Grupo Larrarte revelaron que el ganado existente portaba la marca de la empresa y no la de los inversores.

La formalización de la investigación marca el inicio formal del proceso judicial. Jairo Larrarte deberá permanecer en prisión preventiva durante 120 días mientras se aguarda el fallo judicial definitivo en este caso que ha sacudido el sector de inversiones ganaderas y generado gran preocupación entre los damnificados.

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