Crece la preocupación en el sector salud tras graves episodios de violencia en San Gregorio de Polanco

Marianella Flores, representante de la FFSP, denunció amenazas y destrozos en el centro asistencial tras el ingreso de un herido de bala. Advierten que el personal teme realizar denuncias por represalias.

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) de Tacuarembó ha manifestado su profunda alarma ante la escalada de violencia que afecta a los trabajadores sanitarios del departamento. El episodio más reciente tuvo lugar el pasado 27 de enero en el Centro de Salud de San Gregorio de Polanco, donde el equipo médico fue blanco de agresiones mientras asistía a una emergencia.

De acuerdo con el relato de Marianela Flores, integrante de la Federación, los incidentes se desencadenaron alrededor de las 17:30 horas, luego del ingreso de un hombre con dos heridas de arma de fuego. Allegados, familiares y amigos del herido arremetieron contra las instalaciones, provocando destrozos en puertas y ventanas mediante golpes de puño, además de proferir amenazas directas contra el personal de turno.

Flores destacó una situación preocupante: la reticencia de los trabajadores a formalizar las denuncias por miedo a represalias. “San Gregorio es un pueblo chico y los compañeros tienen temor”, señaló la representante gremial, confirmando que la denuncia se canalizará de manera institucional a través de la Federación y la dirección del centro, a cargo del doctor Hugo Gama.

Este suceso no es un hecho aislado. La FFSP recordó que hace apenas dos meses se registró un violento altercado en la rampa del Hospital de Tacuarembó, donde una persona apuñaló a un familiar y amenazó a una médica. “Estamos muy expuestos”, subrayó Flores, quien calificó la situación como un “tema viejo” que no ha encontrado solución definitiva.

Ante la vulnerabilidad del personal sanitario, el gremio planea solicitar nuevas audiencias con la Jefatura de Policía de Tacuarembó para reforzar la presencia de efectivos en las puertas de emergencia. No obstante, Flores reconoció que resulta “chocante” necesitar custodia policial para brindar un servicio público esencial.

“Pedimos que la población tome conciencia de que no se pueden naturalizar estos hechos. El funcionario tiene derecho a ser tratado con respeto, al igual que el usuario”, expresó Flores.

Finalmente, desde la Federación instaron a los usuarios que se sientan insatisfechos con la atención a utilizar las vías administrativas de denuncia en lugar de recurrir a la violencia, apelando a una reciprocidad necesaria para el correcto funcionamiento del sistema de salud en el departamento.

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