LA LUC DESAPASIONADA

Por Cley Espinosa.

El padre del Presidente de la República suele decir que el primer año de gobierno es un año de oro, el segundo de plata, y así sucesivamente van perdiendo valor, hasta el fin del período, queriendo ilustrar que conviene aprovechar para concretar logros en los primeros años, porque hacia el final del período se hace más difícil, por la propia dinámica de la política. En este sentido, Luis Lacalle Pou, sabedor de haber ganado la elección con una coalición de cinco partidos políticos –con la vulnerabilidad que esto puede implicar-, se puso como objetivo conseguir que se apruebe el Presupuesto Nacional y una Ley de Urgente Consideración, en la que prácticamente incluyó a todo su plan de gobierno. En un momento donde lo único urgente era la pandemia, hizo a su coalición sancionar una ley de 476 artículos en la que prácticamente nada es urgente. El Poder Judicial no cumplió debidamente su función de controlar a los otros Poderes, no declarando la inconstitucionalidad de una ley que claramente lo es, en razón de que no tiene materia urgente. Esto es un pésimo precedente, ya que en el futuro cualquier gobierno entrante podrá asegurar su programa de gobierno en una única ley de urgente consideración, aprovechando lo que se conoce como luna de miel de los gobiernos con las mayorías. En consecuencia, el conflicto lo resolverá la ciudadanía este 27 de marzo de 2022.

Resulta difícil que uno esté a favor o en contra de 135 o 476 artículos de una ley cualquiera. Más difícil aun si se trata de una ley que refiere a temáticas muy diversas. Lo normal es que uno comulgue con algunas cuestiones y con otras no. Pero, a la hora de votar solamente hay dos opciones: Sí o No a 135 artículos de una ley de 476. Por lo tanto es cuestión de ponderar en conjunto, y ver qué cosas nos pesan más en uno u otro caso.

No hay en dicha ley cambios institucionales ni estructurales de magnitud: un cambio en la gobernanza de la educación, que no me resulta simpático, o la instrumentación de una regla fiscal, que podría ser atendible. Por lo menos, es real que debía abatirse el déficit fiscal. Se discute con fervor respecto de derechos de dudosa existencia, al menos, derechos de los que uno nunca había escuchado hablar, como el derecho a llevar un número telefónico, o el derecho a cobrar el salario en un cajero automático. No parecen temas para rasgarse las vestiduras. La fijación del precio de los combustibles (si cada un mes, dos o tres) es una cuestión de gestión

No veo mal la creación de un tipo de arrendamiento para personas que no tienen garantías. Me parece una buena idea. Lo que no me parece bien es su formulación, ya que los plazos son excesivamente cortos, y prevé algunos derechos para los propietarios que no corresponden, como el derecho a ingresar a la finca arrendada a inspeccionar. Es un producto de mala calidad, elaborado para pobres. Entiendo que se debería mejorar ese producto, de lo contrario no se va a aplicar, nadie lo va a utilizar, aunque se aprobare la LUC.

Finalmente, lo que –al menos en mi caso- como persona de izquierdas, me resulta más difícil de tolerar, y que me conducen indudablemente a votar por el Sí, son estas cuestiones: las normas restrictivas de la redención de pena por trabajo u estudio, o de la libertad anticipada, para los delitos de narcotráfico (que en su mayoría son de narco menudeo), tornarán imposible la rehabilitación de los reclusos más rehabilitables. La legítima defensa quedó excesivamente amplia, y va a morir gente de forma innecesaria. La ocupación es imprescindible como manifestación del derecho de huelga en el sector privado, porque en ocasiones es la única garantía que tiene el trabajador de cobrar sus adeudos. Los colonos deben acceder a la tierra por necesitarlo, deben trabajarla, y deben vivir en sus predios. Disponer lo contrario es favorecer a los ricos.

En general no comparto el espíritu de la ley, y eso es esperable, porque no fue el programa de gobierno que voté, pero entiendo que fue lo que el pueblo votó, y si alguien me hubiera preguntado –tiempo atrás- si impugnarla o no, estaría de acuerdo con haberla impugnado completamente de inconstitucionalidad, pero no en sus contenidos a través de un referendum, precisamente por respetar el programa que la gente votó. De la misma manera digo que el pueblo votó contra la reforma Vivir sin Miedo, y sin embargo se pusieron en esta ley -de coladas- algunas disposiciones sobre las que el pueblo ya se había pronunciado negativamente.

Lo bueno es eso, que en última instancia, decidirá la ciudadanía, y el 28 de marzo a bajar las pasiones, y convivir en paz con nuestras diferencias.