Justicia ordena reabrir la investigación sobre la muerte de Pablo Yamir Méndez en la cárcel de Tacuarembó

En una reciente resolución judicial, se ha dispuesto el reexamen de la investigación relativa al fallecimiento de Pablo Yamir Méndez, conocido como “El Negro Gaucho”, quien murió en octubre de 2024 mientras se encontraba recluido en la Unidad No. 26 de Tacuarembó. La causa, que había sido archivada por la fiscalía de primer turno a finales del año pasado, será retomada por un nuevo fiscal designado por la Fiscalía General de la Nación tras un recurso de revisión presentado por la familia y su asesor legal, el Dr. Cley Espinosa.

Méndez, un artesano y malabarista de 41 años, poseía un estilo de vida bohemio y era una figura ampliamente conocida y apreciada en la comunidad local. Su ingreso al sistema penitenciario se produjo el 25 de septiembre de 2024, tras ser condenado a dos años de prisión efectiva por un delito de suministro de estupefacientes. La detención generó controversia desde su inicio, dado que se trataba de un consumidor habitual de marihuana —sustancia de venta legal en farmacias— y sus antecedentes penales más cercanos databan de hacía casi dos décadas.

Durante su estadía en el centro penitenciario, Méndez permaneció la totalidad del tiempo en una “celda de ingreso” o de tránsito. Según el informe detallado de la Oficina del Comisionado Parlamentario (OCP), estas instalaciones consisten en recintos de dimensiones reducidas, con escasa ventilación y luz solar, y en el caso específico de la celda asignada, sin iluminación artificial funcional. El informe de la OCP califica este régimen de reclusión como “cruel, inhumano o degradante”, subrayando que el aislamiento se prolongó por 20 días en un espacio diseñado para una permanencia máxima de 48 horas.

La versión oficial inicial del incidente apuntaba a un suicidio. Sin embargo, la familia Méndez ha sostenido desde el comienzo sus dudas sobre esta conclusión, apoyándose en el hecho de que Pablo no había manifestado ideas de autoeliminación previamente y en testimonios que indican un deterioro de su estado emocional debido al encierro. Además, se reportó que el día anterior a su deceso, Méndez realizó una llamada telefónica a sus familiares en la que expresó temor por su integridad física, afirmando que si no lograba un traslado, su destino sería fatal.

Ayer en una entrevista en Radio Tacuarembó, Espinosa destacó que el archivo del caso fue prematuro, señalando que existen diligencias pendientes y que la investigación debe considerar figuras como el abuso de autoridad o la omisión del deber de custodia. Por su parte, el Comisionado Parlamentario denunció que se detectaron testimonios de abusos verbales y disciplinarios por parte de funcionarios, así como la irregularidad de haber encargado a otro interno la vigilancia de Méndez. Con la reapertura del expediente, la justicia busca esclarecer si las omisiones administrativas y las condiciones de reclusión influyeron directamente en el desenlace del interno, garantizando así el derecho a la verdad exigido por sus allegados.

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