Junta de Tacuarembó debatió sobre seguridad escolar, déficit laboral e infraestructura en el interior 

La sesión ordinaria de la Junta Departamental de Tacuarembó inició con el espacio de media hora previa, donde se trataron diversos asuntos de seguridad, empleo, infraestructura y discrepancias políticas entre los ediles.

En materia de seguridad, el edil del Partido Nacional, Maik Migliarini, en conjunto con la edila Leonela Sánchez, presentó una nota firmada por vecinos y familiares de la Escuela N° 146. En el documento se solicita el servicio de guardia policial 222 debido al ingreso de personas ajenas a la institución. El pedido fue derivado a la Inspección Departamental de Primaria, la dirección del centro educativo, la comisión fomento, la Jefatura de Policía y el Ministerio del Interior.

Por su parte, la edil del Frente Amplio, Analía Tambasco, expuso su preocupación por el aumento de hechos delictivos en el departamento. Citó casos de robos de herramientas a trabajadores y daños en vehículos de funcionarios del hospital local. Solicitó formalmente a la Intendencia y a la Jefatura de Policía coordinar esfuerzos para incrementar el patrullaje, especialmente en horarios nocturnos y en zonas afectadas por bocas de venta de droga.

En el área laboral, la edil nacionalista, Ana Baraybar, informó que el programa Impulsa (Jornales Solidarios) cerró sus inscripciones en Tacuarembó con 5.540 personas anotadas para disputar un total de 213 puestos de trabajo mediante sorteo. Baraybar señaló la falta de políticas de atracción de inversiones por parte del gobierno departamental y mencionó como ejemplo el desarrollo de una planta forestal industrial en el departamento de Rivera.

Posteriormente, la edil del Frente Amplio, Karina Pérez, dio cuenta de la aprobación por unanimidad en el Parlamento Nacional de la Ley de Empleo Integral. Detalló que la norma establece subsidios de entre un cuarto y un tercio del salario para la contratación de jóvenes desempleados, mujeres, afrodescendientes, personas trans, personas con discapacidad y personas liberadas del sistema carcelario, además de fijar controles de laudos por parte del Ministerio de Trabajo.

Respecto a la infraestructura del interior, el edil nacionalista, Alfredo La Paz, solicitó al Ejecutivo Departamental estudiar la viabilidad de construir un cementerio en la localidad de Peralta. Asimismo, pidió al municipio de Paso de los Toros la instalación de garitas y bancos en las paradas de ómnibus, la colocación de luminarias en la calle Dr. Monestier y la reparación de un badén en la intersección de Manuel Oribe y Emilia Graci.

En la misma línea, la nacionalista,  edila Nibia Da Silva, transmitió reclamos de los habitantes de Paso de los Toros sobre el estado de las veredas, la obstrucción de la vía pública por barandas de cocheras particulares y la falta de poda de árboles que afectan las líneas de cableado y reducen la visibilidad del alumbrado público.

En el plano político, el edil Maik Migliarini denunció un cruce con el presidente de la Comisión de Finanzas, manifestando que este le advirtió que no se le permitiría hacer uso de la palabra en dicho ámbito tras intervenciones previas sobre exfuncionarios de la corporación. Migliarini anunció que solicitó copias de expedientes y pedidos de informes para respaldar sus afirmaciones.

Finalmente, la edila Ana Baraybar reconoció la implementación del proyecto “Cabildo Joven” en el municipio de Paso de los Toros, pero señaló que la iniciativa corresponde a una propuesta presentada originalmente por la edila Fernanda Acosta, de la bancada Corrientes por el Cambio, cuestionando que no se mencionara la autoría de la propuesta.

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