Frente Amplio de Tacuarembó reclama ampliación de cupos laborales y defiende la Guía de Carga frente a “informaciones erróneas”

La bancada de ediles de la fuerza de izquierda anunció gestiones ante el Intendente por el programa “Uruguay Impulsa” y ofreció una conferencia para aclarar el alcance y la gratuidad del nuevo sistema de control del transporte.

En una conferencia de prensa emitida por la emisora CX 140, la bancada de ediles del Frente Amplio de Tacuarembó, acompañada por el diputado Gustavo Guerrero, fijó postura sobre dos temas de fuerte impacto económico y social para el departamento: la alarmante falta de empleo local y la controversia nacional en torno a la implementación de la Guía de Carga para el transporte profesional.

La coordinadora de la bancada de ediles, Cecilia Rodríguez, anunció que en los próximos días presentarán una nota formal al Intendente Departamental para solicitar de manera urgente la ampliación de los cupos del programa “Uruguay Impulsa”.

Rodríguez calificó la situación laboral de Tacuarembó como “crítica”, argumentando que el índice de desocupación es considerablemente elevado. La edila fundamentó el pedido en una desproporción flagrante entre la oferta y la demanda del programa: «Sabemos que a Tacuarembó le corresponderían unos 200 y poquitos cupos para ese programa, y se anotaron alrededor de 5,000 personas. La Intendencia, por voluntad propia y amparada en la ley, puede extender ese cupo», afirmó Rodríguez, lamentando que dos anteproyectos similares presentados en el período anterior no obtuvieron respuesta por parte del Ejecutivo comunal.

El segundo tramo de la conferencia estuvo dedicado a la Guía de Carga, una herramienta tecnológica que ha generado rispideces y protestas por parte de transportistas autoconvocados. Fernando Micheloni, integrante de la Comisión de Transporte de la Junta Departamental, señaló que tras recibir a los trabajadores en el deliberativo, constataron que muchas de las afirmaciones que circulan “no se corresponden con la realidad”.

Para profundizar en los aspectos técnicos, la bancada cedió la palabra a Roberto Regina, un experto con más de cuatro décadas de trayectoria en el sector empresarial del transporte. Regina aclaró de forma tajante los puntos que han generado mayor confusión en la opinión pública.

En primer lugar, explicó que el sistema está diseñado para el transporte pesado macro. Los camiones chicos (de 3,500 a 5,000 kg) que trasladan leña o unas pocas cabezas de ganado a las ferias locales no entran en este satélite de control y seguirán circulando con la documentación tradicional.

Ante las versiones que hablaban de una recaudación millonaria y un costo por guía, el experto desmintió las cifras de los autoconvocados. «Ya la ministra aclaró que la guía no va a tener costo», enfatizó, explicando que los decretos antiguos que fijaban un precio nunca se aplicaron y serán sustituidos por una nueva reglamentación. Asimismo, indicó que actualmente existen unos 20 pórticos instalados en las rutas que se encuentran en fase de prueba de software. “Nadie está multando a nadie, esa información es inexacta”, aclaró, añadiendo que el Ministerio de Transporte planea aplicar una etapa preventiva con incentivos antes de hacer efectivas las sanciones.

De acuerdo con el análisis de los ediles y del propio Regina, el verdadero rechazo a la guía radica en la trazabilidad que ofrecerá sobre los horarios de manejo de los choferes y la formalización del empleo.

Se hizo hincapié en que el transporte de carga es uno de los principales motores de la economía nacional, pero arrastra niveles importantes de irregularidad. “Los choferes ganan bien en la mano, a veces 100,000 pesos, pero las grandes empresas aportan al BPS por 30,000 pesos. Cuando ese chofer se va a jubilar, lo hace por un monto mucho menor. Ahí hay una evasión que es lo que se quiere corregir”, explicaron los ediles.

La Guía de Carga, nacida originalmente en la Ley 17.296 del año 2001, funcionará como un contrato digital obligatorio entre el dador del flete y el transportista. Desde el Frente Amplio local aseguraron que las puertas al diálogo siguen abiertas para contemplar todas las logísticas y realidades del sector antes de que el instrumento sea de fiscalización obligatoria.

Portal del Norte