El diputado Campo reclama “igualdad de trato” para Tacuarembó ante las medidas de frontera

El pasado lunes, en la sesión de la Cámara de Representantes, el diputado colorado por Tacuarembó, Maximiliano Campo, realizó una pormenorizada exposición sobre la situación de su departamento frente a las recientes medidas de reasignación fiscal dispuestas por el Poder Ejecutivo. Si bien el legislador comenzó su intervención reconociendo la importancia de cualquier política que alivie la carga económica de los habitantes del norte del país, centró el eje de su discurso en lo que considera una postergación sistemática de Tacuarembó. Para Campo, el diseño actual de las políticas de frontera profundiza una desigualdad histórica en un país que calificó como marcadamente centralista, donde las diferencias en el acceso al trabajo, la formación y especialistas médicos se hacen sentir con especial fuerza en la región septentrional.

El punto de mayor fricción en la oratoria del legislador fue el criterio geográfico utilizado por el Ministerio de Economía y Finanzas para determinar los beneficios. Campo cuestionó duramente el límite de los 60 kilómetros de la línea fronteriza, calificándolo como un “invento subjetivo” que no responde a la realidad socioeconómica del territorio. Argumentó que, si bien es consciente de que Tacuarembó no colinda directamente con el Brasil, el departamento comparte los mismos índices de desempleo e informalidad que sus vecinos. En este sentido, denunció que la ciudad de Melo y otros poblados logran ingresar en el esquema de beneficios mientras que Tacuarembó queda como el único departamento al norte del Río Negro desprovisto de estas herramientas de apoyo, a pesar de las promesas previas de autoridades ministeriales que habían manifestado comprender su situación.

Asimismo, el diputado alertó sobre las distorsiones comerciales que esta exclusión genera en el día a día de los tacuaremboenses. Expresó su preocupación por el sector de los combustibles, señalando que la cercanía con localidades como Tranqueras —ubicada a solo 40 kilómetros y beneficiada por las exoneraciones— provocará un desplazamiento masivo de consumidores. Esta fuga de capitales, sumada a la influencia de los productos básicos brasileños en la economía doméstica, pone en riesgo el empleo local y la estabilidad de los comerciantes del departamento. Según Campo, la realidad de los precios inferiores en la canasta básica fronteriza es un hecho que trasciende las medidas oficiales y que obliga a muchos trabajadores a recurrir a esos productos para sostener su presupuesto familiar.

Hacia el final de su alocución, el legislador puso en duda la efectividad de las políticas implementadas hasta la fecha, haciendo eco de las observaciones de otros parlamentarios sobre la falta de resultados tangibles. Subrayó que, pese a las solicitudes realizadas, los informes del Poder Ejecutivo sobre el impacto de las medidas de frontera aún no han sido remitidos a las comisiones parlamentarias de Hacienda o de Frontera. Campo concluyó reafirmando su compromiso de seguir denunciando esta “desigualdad” en el recinto, asegurando que su postura no busca restarle mérito a los beneficios obtenidos por otros departamentos, sino garantizar que Tacuarembó no sea tratado como una excepción de bienestar que, a su juicio, los índices oficiales desmienten categóricamente.

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